El coordinador regional del Partido Popular en Canarias, exalcalde de Puerto de la Cruz, consejero del Cabildo de Tenerife y concejal portuense, Lope Afonso, fue condenado ayer a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada, cometido cuando era edil de Desarrollo Económico y Comercio en la ciudad turística, por autorizar, sin seguir el adecuado procedimiento administrativo, dos mercadillos de artesanía que se celebraron entre febrero de 2013 y junio de 2014. Afonso recurrirá la sentencia notificada ayer a las partes, pero confirmó a El Día que hoy renunciará a sus cargos como consejero insular y concejal, a la coordinación regional del PP y a la militancia. Tras la condena, abandona la política.
Afonso declaró ayer a este periódico que probablemente hoy emitirá un comunicado para anunciar su recurso y la entrega de las actas de edil y de consejero insular, además de la renuncia a los cargos orgánicos y a la militancia en el PP, donde hasta ayer ejercía de número dos regional. "No voy a ser yo quien perjudique al partido. Es un adiós con todas las consecuencias", anunció.
La inhabilitación de Lope Afonso y la reciente dimisión de Asier Antona dejan al PP muy tocado en Canarias, que debe recomponer una cúpula en la que sólo se mantiene María Australia Navarro como presidenta provisional. Lope Afonso era hasta ayer uno de los más sólidos valores de futuro del PP canario, tal y como demuestran hechos como que mantuviera su condición de número tres, y posteriormente número dos del partido en Canarias, tras el juicio de junio, o que fuera designado como negociador de posibles pactos en el Archipiélago tras las elecciones del 26M.
La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, Carolina Díaz, hizo suya la petición de pena de la Fiscalía, que sólo rebajó en tres meses. Sí absolvió a Afonso del delito de malversación de caudales públicos, una petición que sólo mantuvo la acusación particular.
Tampoco accedió la juez a la petición de la acusación popular de que se condenara al acusado a abonar una indemnización al consistorio en concepto de responsabilidad civil: "No puede entenderse acreditado perjuicio económico evaluable alguno derivado de la actuación del acusado; otra cosa es que el método usado fuera groseramente arbitrario".
La juez sí considera probado que "con ánimo de parcialidad y el injusto fin de eludir la aplicación imperativa de los principios constitucionales de igualdad y mérito, con pleno conocimiento de que las resoluciones eran contrarias a la legalidad vigente y con desprecio a la misma, procedió a conceder autorizaciones para la ocupación y uso del espacio público, de forma verbal y escrita a diferentes personas, tanto físicas como jurídicas (...). Sin que se recabara o comprobara de estos el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable de la venta ambulante en el municipio. Unos gestores que a su vez cobraban a los diferentes puesteros un precio, no fijado por el ayuntamiento, de manera discrecional y a libre criterio del promotor por ocupar un espacio en la vía pública y sin control por parte del acusado".
La juez insiste en su sentencia que los mercadillos, uno de artesanía canaria y otro de la comunidad senegalesa, no tenían cabida en la ordenanza municipal de venta ambulante, "estando los mismos fuera de la legalidad vigente en aquel momento".
La inhabilitación especial para empleo o cargo público que afecta a Afonso comprende "la privación definitiva de los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva desempeñado, así como la incapacidad para obtener cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal que comporte la asunción de competencias de decisión y gestión".
Respecto al delito de prevaricación, la magistrada coincide con el fiscal en que concurren todos los elementos de este tipo delictivo. Recuerda que el sujeto activo es una autoridad; que existen resoluciones injustas, y que la actuación del acusado es "consciente y voluntaria, sin que quepa admitir que desconoce, pues es licenciado en Derecho, que tal forma de actuar es contraria a derecho". Además, añade que "prescindió de todo tipo de control y procedimiento administrativo, infringiendo de forma absoluta y descarada la normativa legal al autorizar a la primera persona que lo pidió para lucro personal, de forma, por tanto, arbitraria e injusta". Para la juez, "la injusticia o falta de sintonía del ordenamiento jurídico es evidente, patente, flagrante y clamorosa, no pudiendo admitirse que se cometan los desmanes aquí perpetrados". Dos mercadillos fallidos, que pasaron sin pena ni gloria, acaban seis años después con una de las esperanzas de futuro del PP.
Otro viaje ingrato para Teodoro García Egea
El secretario general del PP en España, Teodoro García Egea, viajó a Canarias a finales de junio para firmar un fallido pacto de gobierno que daría la presidencia regional al PP, junto a CC, Cs y ASG. Cuando parecía hecho un acuerdo entre los nacionalistas, Curbelo y el centro derecha, PSOE, NC, Podemos y ASG sellaron el Pacto de las Flores. Hoy Egea estará en Gran Canaria para presidir la junta directiva del PP de Canarias, junto a Australia Navarro. Una cita que estará marcada por la condena a Lope Afonso y la reestructuración de la tocada cúpula del PP canario. Egea tiene previsto reunirse con alcaldes de municipios afectados por el incendio de Gran Canaria, pero tendrá que lidiar con otro incendio inesperado: el desatado por el abrupto fin de la prometedora carrera política de Lope Afonso.
