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El juez de 'Arbistar' cambia el procedimiento al observar una estafa masiva castigada con más de 9 años de cárcel

El magistrado eleva a 32.000 personas el número de perjudicados y a 50 millones la defraudación total

El juez de 'Arbistar' cambia el procedimiento al observar una estafa masiva castigada con más de 9 años de cárcelE. D.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga por presunta estafa piramidal a la plataforma de inversión en criptomonedas Arbistar, ha adecuado el procedimiento ante la posibilidad de que los principales investigados afronten penas de más de 9 años de cárcel.

En un auto de este martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha accedido a lo solicitado por los afectados por la supuesta 'criptoestafa' y ha acordado continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento ordinario incoando el correspondiente sumario.

El instructor toma esta decisión porque los hechos investigados podrían ser "constitutivos de un delito masa de estafa agravada, cuya pena en abstracto supera los nueve años de prisión, excediendo así de los límites establecidos para el procedimiento abreviado".

Eso lleva, añade, a que proceda "la incoación de procedimiento sumario para preparar el juicio y para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos".

El instructor recuerda que en esta causa el "número de perjudicados se sitúa en torno a las 32.000 personas, de las cuales han quedado individualizados al día de la fecha en torno a 5.000". "El valor de la defraudación supera los 50 millones de euros, alcanzando respecto de 55 de los perjudicados una suma superior a los 50.000 euros por cada uno de ellos, y respecto de otros 17 la cantidad de 250.000 euros, también de manera individual", añade.

En su escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, la acusación particular consideraba acreditado --como consecuencia de la investigación realizada hasta el momento-- que los investigados eran "susceptibles de ser castigados con una pena que supera los nueve años de prisión", por lo que estimaron pertinente transformar el procedimiento.

"Esta parte, en el escrito de calificación provisional que formulará cuando se nos dé traslado para ello, expondrá que los hechos objeto del presente procedimiento son constitutivos de un delito masa de estafa agravada, un delito de organización criminal, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil", precisaron.

Respecto al delito de estafa agravada, las víctimas señalaron que la pena correspondiente iría de 8 años a 18 años de prisión y a una multa de 2 años a 4 años y medio. Por el delito de organización criminal, han apuntado que la pena iría de 6 a 8 años de cárcel para los promotores y de 3 a 6 años y medio para los integrantes. En cuanto al delito de falsedad documental, las penas irían de 1 año y 9 meses a 3 años y 9 meses de prisión.

Investigación finalizada

La petición de las víctimas llegó después de que el pasado abril el juez Calama, tras haber agotado las diligencias, diera por finalizada la investigación sobre la presunta estafa cometida por la plataforma de inversión en criptomonedas Arbistar.

Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acordó no prorrogar la instrucción de esta causa, por lo que tenía que decidir si procedía al archivo de la misma o continuaba por los trámites del procedimiento abreviado.

Hasta la fecha, el magistrado indagaba en la supuesta estafa piramidal con criptomonedas que habría dejado un saldo de más de 100 millones de euros estafados y más de 30.000 perjudicados en todo el mundo, desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros países, según el juez.

Pese a la finalización de la investigación de la causa, el juez seguirá investigando en una pieza separada, al menos hasta octubre de este mismo año, un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según las acusaciones, Arbistar comenzó a funcionar en 2019, primero vendiendo un 'software' que hacía seguimiento del mercado de las criptomonedas para avisar al inversor de cuál era el mejor momento para comprar o vender, siendo el propio usuario quien debía hacer la operación manualmente.

Después ofrecieron un 'bot' al que posteriormente se sumaron sucesivos productos vinculados al mercado de las criptomonedas que anunciaban en vídeos de YouTube y a través de página web.

Altas rentabilidades

Las altas rentabilidades que garantizaban propiciaron que los 200 inversores iniciales se multiplicaran, hasta el punto de que el mercado nacional se les quedó pequeño y se dirigieron a inversores extranjeros, sobre todo en América Latina y el mundo árabe.

Además, pagaban un porcentaje a los inversores que traían nuevos clientes estableciendo un sistema de comisiones en cascada. Así, crearon 'el club del millón', un selecto grupo de unas 15 o 20 personas que habrían ganado cada uno más de un millón de euros en comisiones.

La estafa piramidal estalló en otoño de 2020 con las primeras denuncias. Entre los afectados, detallan las acusaciones, hay personas sin conocimientos informáticos ni financieros que entregaron dinero en efectivo para que Arbistar se lo invirtiera.

El Grupo de Ciberdelincuencia Criminal de la Guardia Civil explicó el pasado febrero al juez que después de analizar los dispositivos requisados consideraban que el programa que ofertaban a sus miles de clientes --'Community Bot'-- para realizar operaciones online en realidad no existía.

Este dato era relevante en la investigación en la medida en que los principales encausados explicaron a sus clientes cuando empezó a fallar la operativa que todo se debía a un problema de funcionamiento de ese algoritmo o 'bot'. En realidad, el juez instructor considera que podría tratarse de una estafa piramidal.

Las pesquisas de la Guardia Civil que desembocaron en este informe se iniciaron a petición del juez, que quería saber dónde estaba registrado el 'Community Bot', cuáles eran sus características técnicas y si era viable que ejecutara todo lo prometido a los inversores.

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