La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exgerente de Funcatra

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exgerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), Agustín Herrera, por fraccionamiento de contratos por valor cercano a los 300.000 euros.

El escrito de acusación relata por ejemplo, dos contratos de casi 50.000 euros cada uno para el suministro de equipamiento informático en modalidad de 'renting' en Tenerife y Gran Canaria y adjudicados bajo la fórmula de negociado sin publicidad.

Según la Fiscalía, el fraccionamiento del contrato obedecía al propósito de eludir el requisito de publicidad exigible en aquellos casos en los que el valor estimado del contrato de suministro es superior a 60.000 euros, como habría ocurrido de haberse celebrado un único contrato para toda la Comunidad Autónoma.

Para la celebración de dos talleres, que iban a beneficiar a casi 400 alumnos, también se procedió a la adjudicación y celebración de los contratos "como si se tratara de contratos menores", apunta la Fiscalía, que no ve justificación para el fraccionamiento por provincias.

Asimismo, la Fiscalía apunta que se cerraron otros dos contratos, por casi 18.000 euros, para una campaña de comunicación 'verde' en Tenerife y Gran Canaria.

En este caso, indica, "la modalidad contractual elegida fue la de contrato menor, a pesar de que si en lugar de haberse celebrado un único contrato de prestación de servicios, en lugar de dos, su valor estimado habría sido superior a los 18.000 euros y su celebración habría requerido la utilización de un procedimiento que salvaguardara la libre concurrencia".

Sin embargo, señala, "no se desprende la justificación de dicho fraccionamiento, puesto que el objeto de ambos contratos era el mismo, su importe y fecha de celebración iguales y se requirió presupuesto a las mismas tres empresas".

En otro caso el exgerente impulsó diversos contratos de formación y asesoramiento de páginas web con contratos menores y a favor de una misma empresa con diferentes denominaciones, todo valorado en más de 25.000 euros.

Para la contratación de campañas publicitarias y difusión de diferentes proyectos también fraccionó varios contratos por algo menos de 18.000 euros y "no sólo tenían el mismo objeto sino que también se estaban celebrando con la misma sociedad o grupo social", detalla la Fiscalía.

Asesoría jurídica

Además se suscribieron diversos contratos que se prorrogaban por importe de 51.758,52 euros para servicios de asesoría jurídica y "sin que dicho asesoramiento se fijara para un proyecto determinado, como resulta de la declaración de la testigo".

El acusado, según Fiscalía, también firmó un contrato de consultoría contable por 10.800 euros "que contemplaba un sistema de prórrogas tácitas al vencimiento por períodos de 12 meses", hasta el punto de que la empresa llegó a cobrar más de 43.000 euros.

Los hechos se produjeron durante la Legislatura 2011-2015 y la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y que el exgerente es criminalmente responsable en concepto de autor.

El juicio se celebra el próximo lunes, a las 09.30 horas, en la sección sexta de la Audiencia Provincial.