A juicio por intentar violar a su madre en Canarias porque se negó a prestarle dinero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga este miércoles a un hombre acusado de intentar violar a su madre en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria el 12 de abril de 2022, después de que esta se negara a prestarle dinero. La Fiscalía pide una pena de cinco años y diez meses de prisión al imputarle un presunto delito de violación en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena por, supuestamente, saltarse la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 500 metros a su progenitora, una medida que tenía impuesta por lesiones previas.

El Ministerio Público mantiene en su escrito de acusación que los hechos tuvieron lugar a medianoche, en torno a las 23.30 horas, cuando el encausado, identificado con las iniciales C. M. S., acudió al domicilio de su madre en la capital grancanaria. Lo primero que hizo fue pedirle que le prestara dinero, pero la mujer le rogó que se marchara del lugar porque "no podía estar allí".

Sin embargo, la Fiscalía argumenta que el encuentro no terminó ahí. "Con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales y con un claro ánimo libidinoso, se quitó la ropa y comenzó a masturbarse delante de ella", sostiene el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales. La mujer intentó salir del domicilio, según la acusación, pero "fue agarrada por las manos fuertemente por el procesado".

El Ministerio Público sostiene que lanzó a la víctima sobre una cama y le mordió los antebrazos

El Ministerio Público alude a que C. M. S. llevó a su madre hasta un dormitorio y la lanzó sobre la cama, abalanzándose sobre ella y mordiéndole los antebrazos. "En esos momentos comenzó a frotar su pene erecto por el cuerpo de la mujer, intentando además quitarle la ropa con el fin de lograr penetrarla. Sin embargo, la víctima pudo coger una linterna que se encontraba en el cabecero de la cama, con la que golpeó al procesado pudiendo en esos momentos zafarse y huir del lugar", añade.

"El procesado había acudido al domicilio de su madre con el propósito de incumplir una pena impuesta judicialmente, pues sabía que por sentencia firme de fecha 27 de septiembre de 2021, se le había prohibido acudir a su domicilio, acercarse a ella a menos de 500 metros, y comunicarse con ella por un periodo de 1 año y 9 meses", mantiene la acusación. Como consecuencia de esto, la mujer sufrió una herida circular en el antebrazo derecho y en la mitad del antebrazo izquierdo, que tardaron cinco días en curar.

Orden de alejamiento

El Ministerio Público reclama que en la sentencia se adopten más medidas como la prohibición de acercarse y comunicarse por cualquier medio con la víctima por un plazo de diez años, que se le imponga la medida de libertad vigilada por diez años y la inhabilitación especial por doce años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que indemnice a la mujer en la cantidad de 150 euros por las lesiones causadas y 20.000 euros por los daños morales.

La Fiscalía también valora que el encausado, en el momento de los hechos, tenía sus facultades volitivas "levemente disminuidas, con un deficiente control de los impulsos" y que, como consecuencia de una discapacidad intelectual leve, también tenía "levemente disminuidas sus capacidades cognitivas sin que estuviera mermada o anulada su capacidad de realizar un adecuado juicio de la realidad o diferenciar lo correcto de lo incorrecto".

El encausado tiene antecedentes por lesiones a familiares y quebrantamiento de condenas

En base a esto, aplica la circunstancia modificativa de responsabilidad atenuante de actuar bajo una anomalía psíquica y las agravantes de que concurre, en este caso, la circunstancia mixta de parentesco y reincidencia.

El acusado ha sido condenado en cuatro ocasiones por delitos de lesiones en el ámbito familiar y por quebrantamientos de condena. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria decretó una pena de seis meses de prisión por quebrantamiento de condena en una sentencia firme del nueve de febrero de 2021, cuyo cumplimiento se encuentra pendiente. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial le impuso siete meses y 16 días de prisión por lesiones en el ámbito familiar el 27 de septiembre de 2021; el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó cuatro meses de prisión por quebrantamiento de condena el 26 de agosto de 2020 y el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria acordó una pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por lesiones en el ámbito familiar el 17 de marzo de 2020.