El Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio y solicitó información sobre el fallecimiento de una joven en el centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares, en La Laguna, el pasado 18 de abril. La citada institución demanda datos a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte, con el objetivo de conocer las actuaciones practicadas por dicho departamento del Ejecutivo autónomo y por el centro. Además, reclama información sobre el protocolo antisuicidios en el recinto. El fallecimiento ocurrió en una celda de aislamiento de dicho recurso.
El Defensor del Pueblo también busca conocer las acciones desarrolladas por la Fiscalía de Menores de Las Palmas y el Juzgado de Menores de Las Palmas que llevaba el asunto de la citada joven. Y también pide datos al Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, que estaba de Guardia cuando ocurrió la muerte.
La joven fallecida, natural de Fuerteventura, cometió un delito cuando era menor de edad y fue condenada a varios años de internamiento. Por ese motivo seguía en Valle Tabares. Una de las cuestiones que se tratan de confirmar por parte de los organismos competentes es si la interna tenía antecedentes de autólisis (suicidio) y si sufría problemas de salud mental.
Supuestamente, la joven estuvo en un piso de convivencia educativa para menores infractores con medidas judiciales en Tenerife. Y después ingresó en el centro Valle Tabares.
Varios días antes de su muerte voluntaria, la joven participó en una salida programada con otros jóvenes a las piscinas de Bajamar. Y, según ha trascendido, supuestamente se fugó. Cuando reingresó en Valle Tabares, se la llevó a una celda de aislamiento, como establece la normativa en estos casos. En ese periodo, a los internos que se fugan se les hacen pruebas médicas para, por ejemplo, determinar si tiene covid. Y fue en dicho espacio donde el pasado 18 de abril se encontró su cadáver.
Hasta el lugar acudieron agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna, así como un médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife.
El centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares depende del Gobierno canario y la gestión está encomendada a la Fundación IDEO.
