La discoteca Teatre seguía abierta por un cambio en la ley medioambiental en 2017

Sólo unas horas después del incendio que acabó con la vida de 13 personas el pasado 1 de octubre en la zona de ocio de Atalayas, el Ayuntamiento incoó un expediente informativo reservado a modo de investigación interna. Durante la primera sesión de la comisión informativa para analizar lo ocurrido en la tragedia, celebrada ayer en el edificio Abenarabi, se informó a los integrantes de las conclusiones de la investigación. Según fuentes cercanas al desarrollo de esta comisión, en el informe, supervisado por la directora de los servicios de Urbanismo, se asegura que el procedimiento siniestrados que se siguió con los locales siniestrados fue el correcto y que se llevó a cabo conforme a la actual legislación de Medio Ambiente de la Región de Murcia de 2009, ya que no hay una ley autonómica de Espectáculos Públicos. Cabe recordar que sobre la discoteca Teatre pesaba desde 2022 una orden de cese de actividad, que nunca se llegó a ejecutar.

Según estas fuentes, en las conclusiones, la instructora explica que existía un procedimiento de legalización por parte de Teatre que, en virtud de un cambio en 2017 en la legislación medioambiental del 2009, permite a los establecimientos seguir funcionando siempre que no haya denuncias de que el local esté vulnerando la legislación medioambiental. En el caso Atalayas no había ninguna denuncia en ese sentido. Según este informe, cuando al inspector le llega la orden de cese de la actividad no se ejecuta por ese cambio de la legislación en 2017, al igual que se hacía con el resto de expedientes en la misma situación. En esas conclusiones, también se pone de relieve la falta de medios que tiene el departamento de Disciplina de Actividades, con solo dos inspectores para hacer frente a numerosos expedientes.

Nace la comisión

Con motivo de la constitución de la comisión, a la que asistieron ediles de PP y PSOE pero no de Vox, que han confirmado su rechazo a participar, la portavoz del Gobierno municipal, Rebeca Pérez, quiso aclarar varios aspectos relacionados con el ámbito judicial y administrativo. Pérez hizo alusión al auto de la magistrada que "deja claro que no procede abrir una causa separada contra el Ayuntamiento y por lo tanto desestima la petición de uno de los abogados de las familias". Además, este auto destaca, según la vicealcaldesa, "la actitud colaborativa" del Consistorio con la justicia "y descarta que haya habido algún tipo de manipulación u obstrucción con respecto a esa información".

Sobre la comisión, la portavoz del Ejecutivo local recordó que se trata de un órgano colegiado que se ha creado para conocer en detalle qué hechos acontecieron ese día, tomar contacto con los expedientes administrativos relacionados con los locales siniestrados, más de 2.000 folios, y acceder a información sobre el soporte psicosocial y la asistencia de emergencias de los servicios municipales. Avanzó que intervendrán en la comisión diferentes técnicos municipales para asesorar y aclarar las dudas que puedan surgir.

Según la vicealcaldesa, el desarrollo de este órgano también permitirá mejorar los protocolos administrativos dotándolos de más agilidad, y más seguridad jurídica, y servirá de impulso "al primer plan de coordinación municipal entre servicios ante catástrofes y emergencias".

Preguntada por si esta comisión también servirá para depurar responsabilidades políticas, Rebeca Pérez aseguró que "sin duda; ya dijimos que llegaríamos hasta las últimas consecuencias". Sobre la ausencia de concejales de Vox, Pérez indicó que le parece una "actitud obscena" y les acusó de hacer "una utilización política muy desagradable en torno a una desgracia".