Piden al obispo de Tenerife que dimita por amparar a un cura denunciado por pederastia: "sentimos rechazo e indignación"

"Nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestros profundos sentimientos de rechazo, indignación y desconcierto tras descubrir que el sacerdote C. H. G. de su diócesis siguió ejerciendo como tal después de que fue denunciado por pederastia y pedofilia en el año 2004, en el pueblo de Tejina". Así comienza la carta con la que la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris exigen al Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, su dimisión.

En una carta conjunta titulada "Basta de silencio", los colectivos han pedido al prelado que rinda cuentas y presente su dimisión por haber permitido que un sacerdote denunciado por pederastia siguiera ejerciendo "y gozando de protección e impunidad".

El obispo de Tenerife: «Con nuestra vida de pecado somos cómplices del mal»

En 2004, el sacerdote C. H. G. ejercía en la iglesia de Tejina. El cura aprovechaba los momentos de intimidad de las confesiones de los niños para llevarles a la sacristía o a su casa para perpetrar los abusos. Tres personas lo denunciaron por pederastia y pedofilia. Ante las acusaciones, el entonces obispo, Felipe Fernández, lo cambió de destino y trató de ocultar lo ocurrido.

El sacerdote de Tejina siguió ejerciendo después de ser denunciado, por lo que Bernardo Álvarez entró en la lista elaborada por El País de 39 obispos acusados de tapar casos de pederastia. La credibilidad de la acusación contra este sacerdote quedó demostrada en el documento que la Conferencia Episcopal encargó al efecto, afirman las asociaciones, que indican que el hecho de que este sacerdote continuó ejerciendo como tal se puede comprobar al consultar los nombramientos autorizados por el obispo en el Boletín Oficial de la Diócesis Nivariense.

Actos encubiertos por el obispado

"Es más, por los testimonios de otras víctimas ha quedado acreditado que los abusos sexuales perpetrados por este sacerdote se han estado produciendo desde los años 70 y estos actos no solo han sido encubiertos, sino que el victimario ha seguido gozando de protección e impunidad después de que usted accediera al episcopado", prosiguen las tres asociaciones.

Inciden que del obispo se esperaba un comportamiento responsable y ético desde que se convirtió "en el líder espiritual de la Iglesia diocesana" en 2005 y su deber era garantizar la integridad y la seguridad de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables.

Por el contrario, el obispo permitió que ese sacerdote continuara ejerciendo el ministerio sacerdotal en el Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna que gestionan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, durante los diez años siguientes, añaden.

Afirman también que el dolor que se ocasiona a las víctimas y las consecuencias psicológicas, emocionales y conductuales derivadas de dichas aberraciones son devastadoras y permanentes, como incuantificables resultan el terrorismo social al que son sometidos sus familiares y el daño que se inflige a la comunidad por parte de personas de la propia institución o muy cercanas a ella.

Crisis moral de la Iglesia

Por estas razones, entre otras, la Iglesia católica se encuentra "en una gravísima crisis moral y de credibilidad profunda", lamentan las asociaciones, para pedir al obispo que corrija su mala gestión y tome decisiones al respecto.

Entre ellas, la puesta en marcha de acciones valientes que demuestren su compromiso evidente con el bienestar de todas las víctimas, con su sanación y rehabilitación, así como con la restauración de su dignidad.

También reclaman la defensa y acompañamiento de los supervivientes, incluyendo la disponibilidad de servicios relacionados con la salud mental, la orientación jurídica y la indemnización económica que proceda por el daño sufrido.

Otra medida es la colaboración con los poderes públicos en los planes de reparación que se establezcan, que el clero y la comunidad eclesial reciban formación de manera obligatoria en la prevención de la violencia y abuso sexual y la garantía de que los recursos para denunciar funcionen y cumplan con los estándares fijados.