De padres a hijos

El Grupo de Menores y Familia (Grumef) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) se creó en el año 2010. Y sus agentes han comprobado que, en estos 14 años, algunos de aquellos adolescentes que estuvieron en el sistema de protección o reforma en la primera etapa, hoy son padres y sus hijos también son usuarios de los centros de acogida. Es un ejemplo de que, a veces, los problemas sociales «se perpetúan» de una generación a la siguiente. Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, estos chicos son padres a una edad muy temprana, cuando quizás no tienen una madurez suficiente para afrontar dicha responsabilidad.

Profesionales de dicha unidad aclaran que «ni todos los menores terminan bien, ni todos acaban mal», después de su paso por los recursos institucionales para su protección o reforma.

El oficial José Miguel Melián, responsable de este equipo de la Policía Autonómica, refiere que la edad es un factor a tener muy en cuenta en estos procesos de intervención social. En su opinión, y también en la de otros expertos, «si la detección de la situación de riesgo o desamparo es precoz y la ayuda se presta a niños o niñas de entre uno y cuatro años, estos tienen más posibilidades de que se alcance una reintegración social exitosa».

Activación

Los agentes del Grumef del Cuerpo General de la Policía Canaria, integrados en la Oficina de Policía Judicial, atienden los requerimientos de la Fiscalía de Menores, de los juzgados de Menores, así como de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario. Además, colaboran con los servicios sociales de diferentes ayuntamientos ante la necesidad de actuación o de investigación de determinadas situaciones.

La labor de estos policías autonómicos deriva en un informe que sirve para evaluar si existe o no situación de riesgo o desamparo.

Seguimiento

De confirmarse que existe riesgo para el menor, dichos funcionarios realizan un seguimiento para determinar, entre otras cosas, si existe algún tipo de delito sobre el mismo, como maltrato físico, violencia doméstica, agresión sexual o sustracción de niños o niñas que ya están en centros. En estos últimos episodios, las ausencias injustificadas de los menores en muchas ocasiones están relacionadas con la falta de colaboración de sus padres para que sean devueltos a tales recursos. Y ahí los integrantes del Grumef investigan para comprobar si se dan las circunstancias para que haya delito.

Algunos de los adolescentes que aparecen como desaparecidos en los medios de comunicación, redes sociales o en las páginas de las ongs especializadas son, precisamente, menores que se fugan de los centros en los que están, pues no acatan las normas, y buscan un espacio donde no se le impongan esas directrices de comportamiento.

Melián y el agente Sergio Mendoza coinciden en que «las acciones más complicadas son las retiradas de menores a sus familias». Estas pueden darse por que la Dirección General ya ha resuelto una medida de desamparo y se pide que los policías acompañen a los funcionarios para ejecutar la actuación. Pero también se registran si, en el transcurso de una investigación, los agentes deciden actuar de oficio para proteger al menor, tras avisar al Juzgado, la Fiscalía o al Gobierno canario.

Mejora

En opinión del oficial, «no es fácil separar a un niño o un adolescente de su unidad familiar». Pero advierte de que, si se hace, es para retirarlo de un posible riesgo y ofrecerle protección. Pero, por el contrario, resalta que «reconforta» cuando, al hacer un seguimiento al caso y preguntar en el centro por ese niño, «nos dicen que está mejor».

A la hora de informar sobre una situación de riesgo o desamparo influyen diversos factores, como los posibles malos tratos que sufra el niño, que sus padres padezcan alcoholismo, que en la vivienda no haya agua corriente o carezca de electricidad, la falta de higiene o el absentismo escolar. En los casos más graves, el menor puede llegar a estar un curso entero sin acudir a clase.

Habilidades

Los funcionarios detectan que, en ocasiones, los progenitores no reúnen las habilidades o disponen de las herramientas necesarias para educar a sus hijos de una manera adecuada, sobre todo, cuando les llega la pubertad, pues deben reconducirlos y carecen de autoridad para lograrlo.

Durante el pasado año, el Grumef llevó a cabo 508 actuaciones. De ellas, 98 fueron por orden de la Fiscalía de Menores, 158, de los juzgados de Menores y 58, de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. Recibieron 23 denuncias, algunas de ellas procedentes de los servicios sociales de ayuntamientos o de centros educativos. Desarrollaron 85 valoraciones de riesgo y reintegraron en sus recursos de acogida a 22 adolescentes.

Los profesionales del Grupo detuvieron a 11 personas e instruyeron diligencias en las que quedaron investigadas otras 30. Estas últimas intervenciones fueron por requisitorias judiciales, quebrantamientos de órdenes de alejamiento, sustracción de menores, agresión sexual, exhibicionismo y acoso. Además, llevaron a cabo 107 averiguaciones de paradero.

José Miguel Melián explica que el Grumef tiene buena sintonía con la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife y, de esa manera, aporta «su granito de arena» en la protección a niños y adolescentes.

Como ejemplo de su labor, recuerda el caso de un niño de seis años. Personal de su colegio alertó de que el pequeño se hacía las necesidades fisiológicas encima. Los policías autonómicos investigan la situación y, según el parte médico, el pequeño puede estar sufriendo un episodio continuado de agresión sexual. Al final, el menor fue trasladado a un recurso y, poco tiempo después, los agentes verificaron que había logrado controlar sus esfínteres.

En otra ocasión realizaron gestiones para tratar de localizar a una adolescente de 16 años. Aunque tenía que estar ingresada en un centro de acogida, el Grumef detectó que vivía con su padre biológico en una chabola, en medio de explanada perdida, en una antigua finca agrícola. Supuestamente, se hallaban escondidos, para intentar impedir que la menor fuera reingresada en su recurso y los funcionarios consideraron que presuntamente podía existir un caso de incesto.

Otra vez actuaron fueron comisionados por la Fiscalía, ya que había informes previos de situación de riesgo. Los integrantes del Grumef decidieron esperar a la madre en el domicilio. Comprobaron que la mujer llegó en estado ebrio, conduciendo su vehículo, mientras el menor, de 16 meses, tenía sus manos apoyadas en el salpicadero; es decir, sin sistema de sujeción y con un grave riesgo para su integridad física. «Son situaciones en las que, como policías, tenemos que gestionar bien la actuación, para no agravar el daño al menor», apunta Melián.

Psicología

«Tratamos de actuar con mano izquierda y psicología», recalca el oficial. En realidad, el perfil dialogante resulta fundamental para formar parte de un grupo policial de este tipo. Así se logra que, ante circunstancias que no son las adecuadas, las intervenciones se resuelvan sin la utilización de la fuerza por ambas partes. En la mayoría de los casos, ante las retiradas de sus hijos, los padres tienen un primer momento de muchos nervios, en las que se niegan a aceptar la situación y se alteran. Pero la labor de los agentes de la Grumef es «hacerles comprender que eso es lo mejor».

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