Un juez investiga una negligencia médica en un hospital de Girona que dejó a una bebé con un 94% de discapacidad

"Desde finales de 2022 hasta mayo de este año fueron meses muy duros. La niña ha estado ingresada muchos días. Ahora parece que está más tranquila pero cuando le dan los broncoespasmos, no puede dormir y tengo que conectarla a la máquina". Kumba Drammeh explica desde París, ciudad en la que reside desde hace unos meses, cómo ha pasado su hija Aisatu este 2023.

La menor nació en el hospital Santa Caterina de Girona en noviembre de 2019 con "asfixia neonatal moderada secundaria a desprendimiento parcial de placenta", por lo que sufre una encefalopatía hipóxica isquémica grave que le causa un 96% de discapacidad, reconocida por la Administración, por lo que sufrirá siempre una dependencia total.

La Audiencia de Girona ha reabierto el caso e investiga a una doctora y dos comadronas que atendieron a Kumba Drammeh cuando acudió de urgencias a dar a luz

Por el momento, de la pequeña se ocupa su madre, Kumba. "Quiero lo mejor para mi hija. Aquí estoy sola, nadie me ayuda. Hace poco que había empezado a estudiar y tuve que dejarlo, ya que la niña enfermaba cada dos por tres. No pude seguir. A ver más adelante", cuenta. Mientras cuida de la menor en Francia, país al que llegó para empezar una nueva vida junto a sus hermanos que residen allí, Kumba está pendiente del proceso judicial abierto en España por una presunta negligencia médica en el parto.

La menor nació con asfixia neonatal y sufre una encefalopatía hipóxica isquémica grave que la hace dependiente total

Hace unas semanas la Audiencia de Girona reabrió la causa contra la doctora y las comadronas que atendieron a Kumba en el hospital después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona decidiera archivar la causa al estimar un informe forense que contaba que se siguieron todos los protocolos correctamente el día que nació la menor.

Interrogatorio al forense

Sin embargo, el abogado de Kumba, Esteban Gómez Rovira, recurrió el cierre de la causa y la Audiencia de Girona le dio la razón, ya que considera que el forense debe declarar en el juzgado. El tribunal remarca que el informe pericial "no analiza el resultado de la anatomía patológica de la placenta extraída" a la madre "ni el de los registros cardiotocográficos efectuados a fin de determinar cuándo se produjeron los primeros signos de alerta de sufrimiento fetal y si se actuó con la necesaria premura para extraer el feto y evitar las graves consecuencias de la anoxia que padeció".

La defensa de la familia reclama una indemnización de tres millones de euros por los daños y las secuelas

Por eso, el juzgado vuelve a abrir el procedimiento para que las partes interroguen al forense sobre el informe que emitió. Según la denuncia presentada el 25 de noviembre de 2019, cuando estaba de 34 semanas, a Kumba, que en ese momento residía en Salt, se le adelanta el parto e ingresa con fuertes dolores en el abdomen y vómitos sobre las 08.15 horas de la mañana en el hospital de Santa Caterina donde es atendida por dos comadronas, que están ahora investigadas.

La denuncia señala que la paciente fue enchufada a una máquina de monotorización cardiaca "pero no oía las pulsaciones", por lo que tuvieron que cambiarla primero a otro artefacto, que tampoco funcionó, y después a un tercero. En este se empezó a notar que existía un problema en el parto prematuro por lo que sobre las 10.00 horas de la mañana la atiende una doctora que encarga una ecografía. Fue entonces cuando "se precipitan los acontecimientos" y se ordena una cesárea de urgencia.

"Mi vida ha cambiado un montón"

A las 10.25 minutos nació la niña "sin respiración y con sufrimiento con anoxia". Por eso la llevaron al hospital Trueta de Girona y allí "milagrosamente" consiguieron recuperarla aunque con graves secuelas.

"Al principio lo pasé muy mal. Había tenido un buen embarazo pero el parto no fue bien y una semana después me dijeron que la niña tendría una grave discapacidad para siempre, ya que el cerebro se había quedado sin oxígeno al nacer", explica Kumba. "Perdí mucho peso ese año. Yo era fuerte pero no podía imaginar lo que me iba a pasar. Mi vida ha cambiado un montón. Ahora lo hago lo mejor que puedo".

La menor, que ahora tiene cuatro años, se alimenta por un tubo que va directamente al estómago y, a veces, sufre broncoespasmos que la hacen depender de una máquina. No puede desplazarse sola y su madre la lleva en un carrito, ya que no tiene autonomía. "Depende de mi cuidado todo el día. Le doy hasta cinco medicamentos diferentes", remarca la madre que destaca que por ahora no puede trabajar y está mirando un centro en el que dejar a la menor para poder buscar empleo.

Indemnización de tres millones de euros

En la denuncia presentada en el juzgado, se solicita una indemnización para la madre y la menor que supera los 3 millones de euros tanto al hospital como al Institut d’Assistència Sanitària (IAS), al que pertenece el centro, por los daños y secuelas causados en la atención médica, ya que consideran que existe una negligencia.

Así, el abogado de Kumba señala en su denuncia que existe presuntamente "una culpa palmaria por omisión del deber de atención adecuado, que provocó un sufrimiento fetal con el resultado de la anoxia del bebé, por la falta de atención durante los momentos anteriores al parto, pues se produjo un desprendimiento de placenta que no fue controlado a tiempo". Además, sostiene que este desprendimiento causó el "parto prematuro" que se podría haber "objetivado dos horas antes" cuando Kumba acudió a Urgencias con fuertes dolores estando en la semana 34 de gestación.

Mientras se dirime la cuestión judicial, Kumba sigue en Francia cuidando de Aisatu. "Es una niña tranquila, que sonríe mucho. No controla la cabeza aún pero reconoce a mi familia. Ahora está estable", explica la madre dispuesta a sacar adelante a la menor con mucha determinación: "Sea dónde sea". 

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