La policía andaluza entra en "colapso", al 50% de plantilla, sin que Interior dote de medios

La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía es motivo de un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico. La voz de alarma la da el consejero de Presidencia, Antonio Sanz (PP), que avisa de que se aproxima “una situación de colapso técnico de imprevisibles consecuencias para la operatividad”. La plantilla de este cuerpo autonómico está fijada en 725 funcionarios pero a día de hoy cuenta con solo 383 efectivos. Está al 52% y se aproximan 11 bajas más a lo largo del próximo año.

El Gobierno andaluz solicita “una reunión urgente” al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a las comunidades de Aragón, Valencia y Galicia, para solicitar más agentes para las correspondientes policías adscritas. Esta figura, que va a cumplir 30 años, se creó en 1993, mediante la firma de un convenio renovado en 2007, como un cuerpo adscrito a la Policía Nacional con competencias en materia de medio ambiente, menores o patrimonio. También depende de la unidad adscrita la protección de las más altas instancias autonómicas aunque el actual Gobierno andaluz suspendió en el inicio de esta legislatura las labores de escoltas de los consejeros, limitándolas al presidente de la Junta, ante la falta de efectivos.

Ninguna de las plantillas del resto de policías adscritas está a un nivel tan bajo como el andaluz. En Aragón la tasa está al 73,3%, en la Comunidad Valenciana al 79,6% y en Galicia al 71%. Es Andalucía, señaló el consejero de Presidencia, la que tiene una situación “alarmante”.

El convenio, listo

La Junta pide al Ministerio de Interior que ponga sobre la mesa un nuevo convenio para cubrir las plazas vacantes y reforzar la policía andaluza con nuevos efectivos. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha remitido hasta cuatro cartas al ministro de Interior, alertando de la situación. “El convenio está listo desde hace meses y solo falta que el Ministerio del Interior ponga fecha y hora para firmarlo”, añadió en una visita a la sede regional de la Unidad de Policía Adscrita en Sevilla. Mientras que se firma el convenio, la Junta reclama que se adscriban “con carácter de urgencia” un número mínimo de 125 funcionarios mediante la modalidad de comisión de servicios. Desde la Junta explica que hay muchas solicitudes en este sentido que son rechazadas o no contestadas por el Ministerio. El salario de la unidad andaluza es ligeramente superior.

La unidad autonómica dedica la mayoría de su tiempo a los delitos del medio ambiente, con un exitoso dato, del 85%, en el esclarecimiento de incendios forestales. Atiende también los delitos relacionados con menores de edad, con más de 100.000 actuaciones desde su creación hace 30 años, así como sobre el patrimonio y acaba de crearse un cuerpo de ciberseguridad, que no tienen otras policías autonómicas, adscrito a la agencia andaluza ubicada en Málaga. Los agentes andaluces son también parte esencial de los dispositivos de seguridad de grandes eventos como el Gran Premio de motos de Jerez de la Frontera (Cádiz) o el Plan Romero que se despliega alrededor de la romería de El Rocío, así como en la vigilancia en Sierra Nevada con su Núcleo de Esquí.

Acoso a menores

La Junta quiere además que siga reforzando sus competencias y planea que haya especialistas en la unidad adscrita sobre acoso a menores y bullying que actúen en los centros educativos. También quiere reforzar el perfil de sus agentes en la lucha contra la violencia de género.

Interior ha pedido a la Junta que abone el 50% del coste de la Unidad, antes solo pagaba uniformes y medios materiales, y hay disposición desde Andalucía siempre que haya una dotación correcta, informan fuentes del Gobierno.

Según la correspondencia con el Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso este periódico, la primera carta se envió en octubre de 2022, y ya se alerta de una situación de “colapso técnico”, frente a una situación de la Policía Nacional con su plantilla "al 92%, lo que “supone un evidente agravio", sostiene la Junta. En provincias como Huelva, con un número de agentes muy inferior a la media, hay problemas para cumplir con servicios básicos como el traslado y custodia de menores infractores.

“Comparto contigo la inaplazable necesidad de proceder a la firma del convenio”, responde el ministro de Interior en otra carta, donde subraya que el acuerdo en vigor ha decaído tras estar en prórroga y avisa de se cumplirá la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece una financiación “al 50%” con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Hasta ahora, no era así. La Junta vuelve a dirigirse al ministro en enero de 2023 con nueva respuesta de Grande-Marlaska comprometiéndose a solucionar la situación “a la mayor brevedad”. En septiembre una nueva misiva desde Andalucía informa de nuevas bajas en una plantilla descapitalizada y una carta más ha salido ya destino al Ministerio sin que, de momento, Grande-Marlaska mueva ficha.