La exclusión social, drogas, alcohol y la baja educación, germen de la violencia

El inspector J.P.R., jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, asegura que los agentes de su grupo deben empatizar con las víctimas, pero no dejarse llevar por sus sentimientos, y explicarles bien lo que va a ocurrir desde ese momento. La exclusión social, los escasos recursos económicos, los bajos niveles de educación o el consumo de drogas y alcohol son factores que están presentes en muchos casos de este problema social.

Son varias las vías por las que este equipo de profesionales comienza su labor. Una de ellas consiste en que la víctima acuda a las dependencias de la Unidad y decida interponer denuncia.

Otra alternativa posible es que la persona afectada acuda a la sede de la UFAM, cuente la situación que sufre, pero no quiera denunciar a su agresor. A partir de ese momento se activa el Protocolo Cero. Este procedimiento implica que los policías actúan de oficio, pues realizan las indagaciones oportunas y buscan indicios o pruebas sobre el delito. Y a continuación inician las diligencias.

Y otra de las opciones pasa por que haya una alerta a la sala del 1-1-2 o al 091 y que al lugar de la agresión acudan agentes de las patrullas de Seguridad Ciudadana, que suelen escuchar el testimonio de la perjudicada y proceder a la detención del presunto autor de forma inmediata, si aprecian lesiones físicas o ansiedad en la mujer, entre otras cosas.

En opinión del inspector, hay varias circunstancias que influyen para que la mujer no desee denunciar a su agresor, como pueden ser la dinámica que ha seguido la relación a lo largo de los años, la existencia de hijos en común, o bien no causarle daño al individuo y a su reputación.

La acusación

Con independencia de que los integrantes de las fuerzas de seguridad siempre actuarán de oficio, el mando de la UFAM en Santa Cruz de Tenerife explica que, si la víctima no quiere denunciar o se niega a testificar en sede judicial, «resulta difícil que se sostenga la acusación en un juicio penal, a no ser que haya sufrido lesiones graves o muy graves». Y es que, por lo general, las vejaciones, el maltrato psicológico o las agresiones físicas ocurren en la intimidad del hogar, sin que haya testigos.

Comenta J.P.R. que la asistencia a las mujeres afectadas se produce en dependencias reservadas de la Comisaría, «para que la declaración se haga en un espacio de discreción y así poder generar un ambiente de confianza». Esta gestión la puede efectuar «una compañera o un compañero», según el mando, ya que el procedimiento será exactamente el mismo.

Los policías de la UFAM atienden a mujeres que han sufrido «una situación traumática» y que, además, acuden a relatar su caso «con vergüenza, piensan que su entorno familiar o social las va a estigmatizar a ellas». De hecho, señala que, «en algunas ocasiones, las víctimas se sienten culpables de lo que les ha ocurrido, al hacerse preguntas como: ¿Lo habré provocado yo?».

Conversación

El inspector manifiesta que las víctimas nunca tendrían que sentirse así, «pues ellas no son culpables de nada». En todos estos supuestos, los profesionales de la Unidad deben desarrollar una conversación en la que aplican la inteligencia emocional, con el objetivo de que la persona afectada se exprese de manera libre. No obstante, este diálogo no es fluido, ya que la víctima se halla muy afectada.

A dicha persona se le transmite seguridad y una de las máximas es «no prometer algo que no vas a poder cumplir», señala J.P.R. No obstante, sí se le exponen las herramientas que existen para intentar que lo que ha pasado no vuelva a repetirse, así como las medidas de protección de las que puede beneficiarse.

La UFAM tiene tres áreas de actuación diferenciadas. Una es la de investigación, que se ocupa de recibir las denuncias, tramitar los atestados, hacer la investigación de cada caso e intervenir con los presuntos autores.

Otra consiste en la protección a las víctimas que son incluidas en el sistema VioGen. A cada una de ellas se le asigna un policía determinado, con quien la perjudicada puede contactar por teléfono durante las 24 horas si detecta alguna situación de peligro para su integridad. En función del nivel de riesgo que se le atribuye a cada perjudicada, los agentes pueden realizar un seguimiento a través de llamadas por el móvil, visitas periódicas a la vivienda e, incluso, en los episodios de riesgo extremo, custodiar el domicilio y los movimientos de la víctima de forma permanente.

Y una tercera sección trabaja con los casos en los que las víctimas o los agresores son menores de edad y los delitos tienen una especial gravedad. Se trata, sobre todo, de agresiones sexuales.

La violencia sobre la mujer se da en todas las clases sociales, como se sabe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, existen algunos patrones generales. Por ejemplo, entre las personas con un nivel socioeconómico alto o medio-alto resultan más habituales los casos de maltrato psicológico o las vejaciones.

En un porcentaje muy elevado de los episodios de violencia física, tanto los presuntos autores como las víctimas tienen problemas con el consumo de drogas o alcohol, carecen de estabilidad laboral y un nivel de educación relativamente bajo. «Esas carencias económicas y educativas, con situaciones de exclusión social y de dinámicas de pareja destructivas entre ellos» se detectan en numerosas infracciones penales de estas características, señaló el inspector del UFAM.

En opinión de este mando policial en base a su experiencia, también podría producirse un fenómeno de infradenuncias entre los sectores sociales con más ingresos económicos.

Pero más allá de estas aproximaciones a perfiles generales, J.P.T. señala que en la violencia sobre la mujer existen múltiples factores que lo generan y diversas situaciones de riesgo.

El apoyo de las patrullas

En cuanto a la labor cotidiana, dicho mando de la UFAM destaca la labor de apoyo que les brinda la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyas patrullas llevan a cabo detenciones o custodias de víctimas en diferentes circunstancias, ya sea en días laborales, fines de semana o festivos.

El inspector recuerda que la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene uno de los índices más elevados de todo el país en delitos por violencia machista y así se refleja en el volumen de trabajo que existe en su unidad. Además, este departamento se ocupa de la violencia doméstica, es decir la que se ejerce entre miembros de una familia sin que sean pareja.

Señala que la violencia machista es un «delito en evolución y, como policías, debemos adaptarnos a los cambios sociales y legislativos que se producen, para mantener la profesionalidad y dar la mejor respuesta posible».