Canarias se situó en el primer semestre del año como la segunda comunidad autónoma con mayor número de personas en el 'limbo de la dependencia', esto es, pendientes de recibir prestación, y es la región que más días tarda en resolver una prestación o servicio desde que tiene entrada la solicitud (993 días). No obstante, es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en dicho semestre, con 3.115, lo que supone una subida del 11,6%.

Estos datos han sido dados a conocer por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a través de un comunicado en el que expone que, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son positivas, registrando 46.754 solicitudes, 36.748 valoraciones, 34.792 personas beneficiarias con derecho a prestación y 33.019 personas beneficiarias con prestación. El incremento en estos indicadores provoca que las listas de espera aumenten, con 10.006 personas pendientes de valorar y 1.773 personas más en el 'limbo de la dependencia'.

Al final del semestre de este año, 397.164 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia y 195.209 en el 'limbo de la dependencia' (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 134.602 personas solicitantes que están pendientes de ser valoradas. Con los últimos datos, hay que añadir 33.353 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 34.000 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 45% de las personas desatendidas son Grados III o II.

Durante el primer semestre, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. El incremento del número de solicitudes, en estos seis meses, ha sido del 287% si se compara con el mismo periodo de 2021 y del 12% con respeto a todo el año pasado. También sufren un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones (+17%) y las personas reconocidas con derecho (+5%).

La comunidad autónoma con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía y la de menor es Galicia. La comunidad que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% no obtiene grado).

Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%), y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.

Las Comunidad Autónoma que más días tarda en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud es Canarias 993, y las que menos Castilla y León 118. El tiempo medio a nivel nacional es de 378 días.

Prestaciones económicas

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros (percibidas actualmente por 498.821 personas). Solamente 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,6% del total de las personas cuidadoras).

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 442 €/mes (Grado II) y 551€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un 'segundo copago' o copago invisible, señalan desde la Asociación.

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,7 horas/mes, sólo unos minutos más que en diciembre de 2021, poco más de una hora diaria de servicio, lo que es claramente insuficiente, afirma la Asociación, que añade que la intensidad de este servicio para las personas reconocidas con Grado III es de 57,6 horas/mes, lo que es "claramente escaso si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente".

Todas las prestaciones y servicios se han incrementado en estos seis últimos meses del año: Teleasistencia (+10.648); Ayuda a Domicilio (+9.462); Centros de Día (+2.841); Residencias (+988), aunque no se han alcanzado el número de plazas antes de la pandemia; Prestaciones Vinculadas (+7.289); Cuidadoras familiares (+16.276), y en asistencia personal se han reducido (-30).

Para la Asociación Estatal, "estos datos ponen de manifiesto la recuperación lenta y desigual del Sistema de Atención a la Dependencia y parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia".

Por ello, considera preciso una reforma de la Ley que agilice los procedimientos y recupere las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década. También entiende que los gobiernos autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. De otra parte, opina que hay que simplificar los procedimientos (informes, valoraciones, plan individual de atención), las resoluciones deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento.

De igual modo, la Asociación sostiene que hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas, y ruerda que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático del Sistema y que a las 23.837 personas que fallecieron en los últimos seis meses, el plan de choque "no les llegó a tiempo".