La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, anunciaron este viernes en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias que la Conferencia Sectorial de Igualdad ha servido para alcanzar un acuerdo unánime entre el Estado y las autonomías para reforzar las políticas contra la violencia de género. Así, el denominado Acuerdo de Tenerife servirá, entre otras cosas, para financiar programas de defensa, apoyo e información a las víctimas por periodos de cinco años. Cabe recordar que los proyectos existentes hasta ahora solo podían contar con respaldo presupuestario por un año.
En opinión de Irene Montero y Ángela Rodríguez, esta unidad de acción permitirá reforzar el "Pacto de Estado" en esta materia, que se equiparará a los existentes para respaldar a la Educación, la Sanidad, las pensiones o los Servicios Sociales, por ejemplo, que tienen una estabilidad y una continuidad, en la medida en que no son cuestionadas con el paso de los diferentes gobiernos.
Según Montero, el Acuerdo de Tenerife nos va a permitir un mensaje institucional de absoluta unidad para hacer frente a dicho problema social, por parte del Gobierno del Estado, los ejecutivos autonómicos y los ayuntamientos. Y, en opinión de la ministra, permitirá "hacer realidad que las políticas públicas que nos permiten prevenir las violencias, detectarlas precozmente, atender de forma integral a las víctimas y supervivientes, así como garantizar su reparación son una cuestión de Estado".
La Conferencia Sectorial tendrá como consecuencia la estabilización de la financiación de las acciones. "Queremos más pacto de Estado contra la violencia de género, más políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres; queremos que el conjunto de las administraciones luchen de forma eficaz", apuntó Montero.
La ministra aclaró que "estamos muy satisfechas; ha sido un trabajo duro durante muchos meses; este no es el punto final, y este acuerdo nos da obligaciones y muchas tareas que tenemos que desarrollar con intensidad".
Ángela Rodríguez citó varias herramientas para lograr los objetivos planteados. La Conferencia Sectorial insta a las Cortes Generales a que se renueve el dictamen del Pacto de Estado. "Estamos estableciendo un marco de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas" que, a partir de ahora, va a ser el instrumento a través del cual se desarrollarán las políticas de violencia de género, según Rodríguez. Así, las acciones en esta materia se aplicarán en planes de actuación conjuntos que van a durar cinco años.
Y, además, habrá que diseñar un catálogo de referencias cuáles son las políticas, servicios y prestaciones a las que van a tener derecho las víctimas de violencia de género, según la secretaria de Estado de Igualdad. Este documento permitirá consensuar una serie de acciones mínimas, que facilitará la orientación a los gobiernos autonómicos para sus respectivos proyectos.
Rodríguez aclaró que el acuerdo también permitirá "flexibilizar la política de gasto, que era una demanda histórica de las comunidades autónomas", con lo que se facilita, en primer lugar, que haya proyectos que duren más de una serie de meses o un año, así como que pueda haber financiación en el capítulo uno de gastos, es decir, en el apartado de personal.
Además, se prevé ampliar el "foco de lo que ha sido el Pacto de Estado", en la medida en que "hay más formas de violencia contra las mujeres de las que "hasta ahora nos hemos venido ocupando". Así, la secretaria de Estado de Igualdad mencionó "la violencia vicaria, la violencia sexual, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la situación de mujeres en contextos de prostitución, la violencia digital, tan preocupante en las mujeres más jóvenes".
El "Acuerdo de Tenerife" también incluye la cooperación en materia de transformación y prevención, que debe disponer de unos objetivos comunes. A juicio de Ángela Rodríguez, uno de los retos más importantes de las instituciones en materia de violencia de género no es solo atender a las víctimas cuando ya ha ocurrido el episodio violento, "sino llegar a tiempo antes de que se dé esa violencia". Para la secretaria de Estado, "eso va a requerir cambios estructurales en materia de educación; no solo podemos hablar de lo que tiene que ver con los servicios, sino también de esas políticas públicas que se anticipan" a las agresiones.
En la misma línea, se contemplan acuerdos para la formación de los equipos profesionales que intervienen en todo el proceso de la violencia de género y la recuperación de las víctimas. Además, se prevé aplicar un mecanismo conjunto de información y evaluación de todas las actuaciones públicas en dicha materia, "porque creemos que uno de los elementos que, en ocasiones, ha fallado en los últimos tiempos ha sido la falta de información compartida", apuntó Ángela Rodríguez. Esta señaló que algunos feminicidios que ha habido en los últimos tiempos dejaron en evidencia que hubo un problema de falta de coordinación institucional.
También se prevé implantar la formación de comités de crisis cuando exista un repunte de asesinatos u homicidios de mujeres. Para la puesta en marcha de estos órganos deben ocurrir más de cinco casos en un mes, así como que hayan unas características especiales en los mismos. En esa línea, recordó que, desde este año, se contabilizan no solo los casos que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, sino otros de ámbito sexual. Citó las muertes de "esas dos mujeres por crímenes de honor, entre comillas, por motivo de un matrimonio forzado al que habían sido sometidas; o el asesinato de Laura Luelmo o el de Nagore, que nos hicieron reflexionar sobre qué tipo de herramientas habría que desplegar".
La secretaria de Estado de Igualdad también lanzó un mensaje para las trabajadoras de los centros de atención a víctimas de violencia de género, "como psicólogas, abogadas o las trabajadoras sociales no saben cuál va a ser su futuro laboral, no saben si al año siguiente van a poder trabajar o no; no queremos eso para las víctimas, sino trabajadoras que tengan las mejores condiciones laborales posibles y que tengan seguridad absoluta cuando acuden a esos centros".
