¿En qué momento está el proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)?
Intentamos que antes de finales de junio, el proyecto de ley pueda entrar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que en un máximo de 15 días podemos hacer público este nuevo anteproyecto, de tal manera que pueda pasar por Consejo de Ministros y a finales de junio entre en el período de tramitación parlamentaria. Si todo fuera bien esperamos que sea aprobada en el primer semestre de 2023 que, de hecho, es el compromiso que el Gobierno de España tenía con la Unión Europea en el plan de reformas que se presentó.
¿Cuáles son sus aportaciones al proyecto de ley, teniendo en cuenta que estaba muy avanzado cuando llegó al Ministerio?
Al llegar al Ministerio el 20 de diciembre de 2021, me encontré con que había un anteproyecto que se había dado a conocer en noviembre del año pasado, y también era bastante evidente que había generado ciertas reacciones negativas por parte de algunos sectores. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de recoger el máximo de opiniones sobre este tema y contactando directamente con las universidades. Respecto a mis aportaciones, hay algunas ideas que ya estaban presentes pero que han salido muy reforzadas en el nuevo texto, como es el tema del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) y la internacionalización. Hay un gran interés por parte de la Unión Europea de reforzar este tema, creando las universidades europeas, haciendo títulos europeos propios o reforzando el programa Erasmus. Otro elemento importante es la formación a lo largo de la vida, ya que solamente un 5% de los estudiantes de grado y posgrado tienen más de 30 años, de hecho la universidad está muy concentrada en los alumnos de 18 a 29 años si incorporamos los másteres, y se ha puesto de relieve que en los próximos diez años ese grupo de población va a bajar un 20%, porque hay un cambio demográfico significativo. La Unión Europea está insistiendo en que tenemos que hacer formación a lo largo de la vida y ahí es donde la Ley debe dar respuesta, hacer mucho más fácil el acceso de sectores de la población que hasta ahora no lo tiene, y también ajustar y flexibilizar mucho el tipo de cursos que damos en las universidades, como los microcredenciales, programas de corta duración, que podemos hacer con empresas, con entidades, con administraciones, reciclando y poniendo al día a todo este sector de la población de más de 30 años que necesita ese proceso. Ese será también un elemento importante que incorporamos en este proyecto, queremos reforzar la relación entre universidad y sociedad, a través de mecanismos más ágiles de relación y de colaboración. Ahora hay una preocupación muy fuerte por la publicación en revistas científicas, pero menos preocupación por los efectos que esa investigación tiene en la sociedad, y hemos de reforzar ese aspecto. Otro tema que me preocupa y que queremos que la Ley recoja, es el del valor de la presencialidad. Con la pandemia se ha hecho un salto muy importante en materia de formación online, pero debemos recuperar esa función docente presencial significativa, la vida en los campus, los elementos culturales, la relación entre universidad y ciudad.
¿Se contemplan fórmulas para elevar la financiación universitaria?
Durante los últimos diez años, el nivel de financiación pública de las universidades ha bajado bastante, un 20%, por lo que la Ley incorporará un compromiso de financiación para alcanzar el 1% del PIB. Ahora estamos en el 0,7% y esto quiere decir que habrá un aumento significativo en los próximos años para alcanzar esta cifra. Esto tiene que ver con el compromiso de la Lomloe, la ley de educación para el 5% del conjunto el sistema educativo, y la Ley de Ciencia que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados, también con el compromiso del 1,25 dedicado a investigación.
"Lo que preocupa de las universidades privadas es que no cumplan los criterios de calidad y se de gato por liebre»
¿Qué acciones se prevén para solucionar el alto nivel de temporalidad entre el profesorado y garantizar una mayor estabilidad de las plantillas?
Sabemos que el problema de la financiación ha generado más precariedad, menos recursos para profesores, más retrasos en la carrera docente, más presencia de falsos asociados. Y la Ley también quiere responder a ese problema, por un lado, haciendo más clara y más corta la carrera académica. La idea es que en diez años un doctor pueda llegar a consolidarse en la Universidad, y a través de un mecanismo de trayectoria académica que sea relativamente claro. Planteamos también un proceso de transición que premia que los asociados que sean doctores puedan tener fácilmente un acceso, y un período de transición, de tal manera que el conjunto de temporalidad sería un 20% como máximo, y ahora hay muchas universidades que están muy por encima.
Un problema importante que afecta al sistema universitario español, y en especial a las universidades canarias, es el envejecimiento de las plantillas docentes e investigadoras. ¿Que se va a hacer al respecto?
Precisamente Canarias es la segunda comunidad autónoma con más envejecimiento en la plantilla docente universitaria, después de Cataluña. Hasta ahora ha habido un problema grave, el de la tasa de reposición, el personal se jubilaba y no había posibilidad de contratar a gente nueva. Ahora estamos en una tasa de reposición del 120%, es decir, por cada 10 jubilados podemos contratar a 12, e intentaremos mantener esto. Facilitar y hacer más flexible y más clara la carrera docente, es otra vía de respuesta al problema del envejecimiento; y facilitar la vía de los contratados laborales permanentes, porque en la ley establecemos la doble vía de funcionariado o de laborales permanentes, como los profesores distinguidos de la Ley de Ciencias, ya que estamos haciendo la LOSU en muy buena colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
¿Se mantienen las exigencias para alcanzar la consideración de Universidad?
Ya hay un decreto de creación de universidades donde se establecen los criterios mínimos que una universidad tiene que cumplir. En buena parte ese decreto se hizo para prevenir la creación de espacios llamados universidades que no cumplían ningún requisito, algo que nos preocupaba por la explosión de universidades privadas en los últimos años. No llamemos universidad a algo que no lo es, ese es el criterio del decreto.
¿Cuál va a ser la política de control y calidad de las universidades privadas?
Entendemos que el elemento básico es asegurar que el sistema universitario, sea público o privado, tenga una calidad adecuada y contrastada. Las universidades privadas que generan más inquietud son las que han surgido en muy poco tiempo, impulsadas por ánimo de lucro, por fondos de inversión y tenemos que asegurar que respondan a la calidad, y con los criterios de cumplimiento que establece el decreto se garantiza que eso no sea una simple academia. Es obvio que los que tienen las competencias para asegurar que esto se cumpla serán las comunidades autónomas, y el Ministerio tiene que vigilar y atender los problemas que puedan ir surgiendo. Yo creo que lo preocupante no es que surjan universidades privadas, sino que no cumplan los criterios de calidad, y que haya una sensación de que se está dando gato por liebre en relación a lo que pensamos que es la universidad y lo que Europa nos exige.
"Tanto Canarias como Baleares tienen el nivel de abandono universitario más alto del país»
¿Las universidades privadas pueden convertirse en una amenaza para las públicas?
Las universidades públicas tienen que entender que eso es también un factor de competencia importante para mejorar su capacidad. Muchas universidades privadas han nacido porque han detectado ciertos vacíos en la capacidad de atención a problemas y colectivos. Esto ha hecho poner las pilas al sistema universitario y entender que tienen también que atender situaciones en las que el grado de agilidad y flexibilidad en la respuesta también es importante. Se está haciendo, por ejemplo, mucho en Formación Profesional, y yo creo que las universidades han de apostar por la formación a lo largo de la vida. Esto es una exigencia que puede generar una lógica de renovación del sistema muy importante.
¿Cuáles cree que son las debilidades y fortalezas de las Universidades públicas canarias?
Una debilidad es el problema del nivel de envejecimiento de las plantillas, aunque no tienen un nivel de precariedad en cuanto a un número excesivo de profesores asociados en relación a otras universidades, por lo tanto, han mantenido una plantilla docente relativamente estable. Creo que hay un problema seguramente derivado de la característica del modelo productivo canario, muy centrado en el turismo, que hace que en Canarias apenas el 20% de los jóvenes de 18 a 25 años llegue a la universidad. La presencia en otras comunidades es del 35 al 40% en esta franja de edad, pero en Canarias no llega al 20% y la idea de la formación superior es menos relevante, desde el punto de vista de la empleabilidad, que en otros ámbitos. También, seguramente vinculado a esto, en el último estudio que hicimos de abandono, Canarias y Baleares tenían un nivel de abandono en las universidades más alto. Si en España estamos en el 13%, en Canarias la tasa de abandono es del 20%. Nosotros en la LOSU decimos que tienen que haber sistemas de orientación, de mentoría… Desde el punto de vista del presupuesto, diría que el nivel de inversión del Gobierno de Canarias también podría mejorar, si lo relacionamos con otras comunidades.
«El Consejo Social debería cumplir su función original y no estar tan centrado en el control contable»
El grueso de la ciencia se hace en las universidades, en unas circunstancias de inestabilidad y precariedad importantes. ¿Qué medidas se prevén para lograr un mayor equilibrio entre docencia e investigación?
Este es un tema importantísimo porque no podemos perder a gente con talento en las universidades. En este momento, la gran batalla a nivel internacional es la atracción de talento. Nosotros hemos aprobado una serie de becas para recuperar a gente que por falta de reconocimiento de su talento aquí se han tenido que ir fuera.
¿Qué papel van a jugar los Consejos Sociales dentro de la reforma universitaria?
Pensamos que los Consejos Sociales deberían ser más capaces de cumplir su función original, que es representar a la sociedad en el gobierno de la Universidad. Para ello, no deberían estar tan centrados en los aspectos de control contable sino, sobre todo, ser más capaces de ayudar a una planificación plurianual de los objetivos de la universidad, de contribuir a orientar mejor a las universidades en las necesidades de las Islas.
