No habrá toque de queda en el Archipiélago. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno autonómico contra el auto emitido el 14 de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Al igual que ocurrió en mayo, esta resolución desestimó la solicitud del Ejecutivo de establecer el toque de queda, esta vez entre las 0.30 y las 6.00 horas en el nivel 3 y 4 de alerta por coronavirus, si bien en ese momento Tenerife era la única isla que tenía activado el semáforo rojo y no había otra en un grado más restrictivo. No obstante, el alto tribunal ha determinado que el fallo del TSJC concluyó de forma razonada que la propuesta «carece de justificación, a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife» y, por tanto, «no es proporcional».

Hay que recordar que Canarias ha sido la primera región en recurrir al Supremo para poder implantar la medida, con el fin de evitar posibles aglomeraciones y la celebración de botellones. La decisión fue adoptada el pasado 8 de julio, en el marco de la reunión del Consejo de Gobierno.

Fiscalía

Lo cierto es que la Fiscalía del Supremo resolvió el pasado viernes respaldar la solicitud para así limitar la libre circulación en el citado tramo horario, en aquellos municipios en los que la incidencia acumulada en los últimos siete días fuera igual o superior a un centenar de casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el Supremo ha apreciado una falta de claridad en los argumentos expuestos por el Ejecutivo.

«Tiene razón la Sala de instancia al sostener la poca claridad en el planteamiento de la pretensión, máxime cuando la petición principal era la autorización del toque de queda en toda la isla de Tenerife, pese a que las cifras aportadas respecto a los distintos municipios identificados no son homogéneas, y la subsidiaria respecto a la tasa de incidencia acumulada a siete días superior a 100 casos se encuentra huérfana de información», reza la sentencia.

En el documento también se hace mención la sentencia emitida el pasado 21 de julio por el Supremo, y por la que aprobó el confinamiento del municipio de Peal de Becerro, en la provincia de Jaén. El órgano judicial argumenta que en ese caso «la tasa de incidencia era más de diez veces superior a la que aquí se da» y que además se trataba de un cierre perimetral y no de un toque de queda, «lo que exige mayor justificación sobre las medidas indispensables para salvaguardar la salud pública».

Por otro lado, el Supremo considera que no hay contradicción entre su pronunciamiento y el realizado por los tribunales superiores de Valencia, Cataluña y Cantabria, pues, según señala, el Gobierno Canario no ha demostrado que las circunstancias sean «coincidentes» con las examinadas por estos otros tribunales.

Hoy, el Gobierno canario celebrará una sesión extraordinaria del Consejo para abordar el asunto y acordar además la solicitud de una prórroga de la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, así como en los espacios de uso público y privado.

Tras conocer este martes la decisión del Supremo, el secretario nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, criticó que el Gobierno canario hace política con la pandemia. El líder nacionalista denunció «los tumbos» que está dando el Ejecutivo «por no prever la situación de emergencia sanitaria y esperar a lo que se decide en Madrid, en lugar de llevar la iniciativa y tener un plan a, b, c y d, para poder dar respuesta a la emergencia sanitaria».

Clavijo insistió que la situación de la pandemia en las Islas tras el incremento de contagios «es tremendamente grave», pero añadió que «los tribunales no tienen que hacer el trabajo de las instituciones públicas, sino velar por la legalidad de las decisiones que se tomen».

Hay que decir que los Gobiernos autonómicos de Cataluña, Cantabria y Navarra han pedido a los tribunales prorrogar las restricciones aplicadas en sus territorios, entre ellas el toque de queda para frenar los contagios. Los tribunales de estas regiones ya habían autorizado limitar la movilidad en horario nocturno con anterioridad, pero el propósito ahora es prorrogar la medida una semana, un mes y otros quince días, respectivamente.

Por su parte, el Gobierno de Aragón anunció ayer que planteará ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) denegara la autorización del toque de queda para los municipios de Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro que solicitó el Departamento de Sanidad el pasado viernes tras presentar una incidencia acumulada de casos positivos en coronavirus por encima de la media aragonesa, situada en 448 casos por 100.000 habitantes en una semana.

El Ejecutivo autonómico señaló que, como siempre, respeta la decisión judicial, si bien la considera «inadecuada» en la lucha contra la pandemia. Además, reiteró que cualquier otra medida podría ser «menos efectiva y mucho más perjudicial» para la actividad económica.

Desde el Departamento de Sanidad de Aragón insisten en que la limitación de la movilidad entre la 1.00 y las 6.00 horas es una medida «necesaria y proporcionada» en el contexto actual.