La Diputación del Común informará a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial sobre los casos de violencia vicaria que le lleguen a la institución, y supervisará el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar para mejorar el sistema y detectar cualquier fallo en el mismo. El diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la entidad, Beatriz Barrera, se reunieron ayer con el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la letrada y técnico especialista en violencia de género, Ana Ovejero, y el jefe de gabinete, Francisco Virseda.
Ambas instituciones compartieron sus principales líneas de actuación para tratar aquellos casos de violencia vicaria y defensa del menor. Barrera informó también sobre las actuaciones realizadas desde la Adjuntía en los institutos de Medicina Legal, y aseguró que tanto la Diputación del Común como el Defensor del Pueblo disponen de herramientas para prevenir y luchar contra este problema social.
Según la nota, Marugán enfatizó en la mejora de los mecanismos de detección del riesgo cuando afecte a menores, con los que se pretende conseguir un sistema de alerta específico adaptado a la realidad de los niños, en el que sean atendidos no solo por funcionarios especializados de Policía Nacional y Guardia Civil, sino también por otros profesionales que están en contacto directo con ellos.
Otro punto clave fue el de la formación de todos los profesionales implicados en el sistema, desde los técnicos hasta los trabajadores de las oficinas de atención de los juzgados. Para la Diputación del Común, la formación debería estar adaptada para obtener informes «fieles» a la realidad vivida por el menor, que son de los que luego se nutre el sistema para imponer medidas cautelares más o menos restrictivas y que son determinantes para los casos de violencia y para la guardia y custodia de estos pequeños. Barrera destacó la importancia de que el Ministerio Público detecte el riesgo y actúe, lo que afectaría a los protocolos de violencia vicaria o a la Guía de Buenas Prácticas de la Fiscalía General del Estado.
