Una bolsa plástica con el logotipo del Servicio Canario de la Salud (SCS) y un bono de guagua es el material que la Administración ha suministrado a los inspectores de Salud Pública de Canarias para recoger muestras del Programa Nacional de Investigación de Residuos, comprobar que los alimentos que llegan a los supermercados desde granjas autóctonas están en buen estado o para discernir si el agua de las playas cuenta con los parámetros químicos correctos para ser seguros para los bañistas. Esta semana los inspectores de Salud Pública, después de más de una década esperando una respuesta de la Consejería de Sanidad a sus demandas, han decidido dejar de utilizar su vehículo propio para realizar las muestras rutinarias, lo que ha conllevado a una deficiente recogida de muestras.

Esta estampa se repetirá los lunes y los martes de manera indefinida hasta septiembre, cuando finaliza la huelga. Y no lo han extendido a más veces por semana porque «si no, no saldría el trabajo». Es una de las medidas de presión que han acometido para tratar de conseguir que la Administración les escuche y deje de retrasar una posible solución a sus demandas. En la primera semana de puesta en marcha, la medida ha motivado imágenes como la de muestras perdiendo frío antes de llegar a laboratorio o el levantamiento de actas de sanción en medio de la nada. La escasez de medios que sufren los inspectores sanitarios desde hace más de una década ha sido el detonante del conflicto con la Administración. Los problemas no solo vienen como consecuencia de una falta de material actualizado a los tiempos actuales, sino que dicha escasez es extensible a los recursos humanos y a los medios de transporte. Los inspectores han estado desde 2007 advirtiendo de estas a los distintos consejeros que han pasado por la Administración sanitaria. Sin embargo, ninguno ha resuelto sus problemas.

La socialista Teresa Cruz Oval, anterior consejera de Sanidad, al escuchar sus demandas, entre las que se encuentra un aumento del precio del kilometraje (pasar de 0,19 a al menos 0,36 euros por kilómetro) o el pago del taxi, fue la que les proporcionó la posibilidad de pagarles la guagua. De hecho, varios técnicos solicitaron al Servicio Canario de la Salud (SCS) el reembolso de la factura del taxi tras negarse a seguir usando su coche, lo que se les denegó.

En esta segunda fase de la legislatura socialista, en el que Blas Trujillo ha cogido la batuta de la Consejería de Sanidad, ha habido muchas reuniones con los afectados, pero ninguna fructífera. La última comunicación entre ambas partes fue la del viernes 28 de mayo a través de una carta que trataba de paralizar la huelga que comenzaría el 31 de mayo. La comunicación, firmada por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, afirmaba que se buscarían soluciones al problema, pero que no sería antes del 21 de junio. La Asociación de Inspectores de Canarias considera «inaceptable» que Sanidad aún pida más tiempo para corregir las deficiencias con las que el cuerpo ha tenido que trabajar durante más una década, a pesar de las recurrentes advertencias.

Faltan profesionales y medios. El Archipiélago cuenta con un profesional de estas características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de España donde la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes. Respecto a los medios materiales, los trabajadores acuden a muchos servicios con tres sencillas herramientas: «termómetro, clorímetro y bolígrafo», cuando no con una simple bolsa o una neverita que otros utilizarían para llevar el almuerzo al trabajo. A ello se une la incapacidad de la Administración para resolver una necesidad histórica: dotar a los trabajadores de un transporte ágil para realizar sus inspecciones.

Pero las deficiencias trascienden el material o los medidos humanos. En Tenerife, por ejemplo, los 44 inspectores de la plantilla comparten un único despacho en la que apenas hay siete puestos. Si se diera la situación en la que la mitad de ellos llegara al mismo tiempo, tendrían que turnarse para trabajar. Y de hecho, así lo hacen a menudo. En Gran Canaria, las oficinas se encuentran en un estado deficiente, como se puede comprobar con un simple vistazo a los estores que a duras penas pueden tapar la luz, porque están totalmente desvencijados.