La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González, ha considerado "muy irresponsables" las declaraciones de la consejera insular Marián Franquet pidiendo al IMAS que devuelva 1.174 bonos sociales de transporte defectuosos, en lugar de "aceptar el error y buscar vías a esta situación que ha avergonzado a los usuarios que trataron sin éxito de utilizarlos".

Así lo ha manifestado a raíz de que la presidenta del IASS, Marián Franquet, haya solicitado al Ayuntamiento que devuelva los 1.174 bonos sociales de transporte que dicen estar "estropeados" y que, según el Cabildo, "funcionan perfectamente". De lo contrario, Franquet ha advertido de que el Consistorio tendrá que reintegrar parte de la subvención recibida.

Rosario González ha indicado que ante la situación de vulnerabilidad de las familias "solo cabe la cooperación de las diferentes administraciones, de cualquier ámbito, para facilitar que las ayudas lleguen donde se necesitan".

A su juicio, esta manera de proceder de la consejera "solo refleja una ausencia en su capacidad de coordinarse con Santa Cruz, lo que sería deseable desde el punto de vista institucional, ya que los destinatarios de los acuerdos no son otras que las personas vulnerables", y añadió que deben ser "el diálogo y el trabajo las claves para mejorar la vida de la ciudadanía y no la disputa política".

"En atención social, el rédito político no tiene lugar; es más, las ayudas deben ser públicamente invisibles para que no haya estigmatizaciones de las familias que las precisan", apostilló la concejal.

Según señala González, "nuestra preocupación, además de que las tarjetas no funcionaran para su cometido especificado, se situaba en la vergüenza que pasaban sus usuarios al tener que dar explicaciones argumentando que era una ayuda social y su perplejidad al ver que debían bajarse de los transportes".

"Por ello, a sabiendas de que son los usuarios los que al final responden por estos errores de manera pública, lo que toca es solucionar los problemas y no utilizarlos para sacar rédito político", agregó.

La edil quiso recordar que tras el estudio y valoración técnica por los trabajadores sociales del Servicio de Atención Social, se repartieron los bonos a las personas y familias con las que se ha intervenido, teniendo en cuenta los criterios de la base cuarta de las que regulan estas subvenciones, lo que queda reflejado en su respectiva ficha social. "En total se repartieron 2.062 bonos de los 3.236 recibidos, procediendo la devolución de los 1.174 por encontrarse defectuosos", insiste el informe técnico.

Por otra parte, González quiso dejar constancia de que la ayuda anunciada por parte de la consejera insular, de destinar 3,8 millones de euros a todos los ayuntamiento de Tenerife para 2021 en concepto de emergencia social, "debiera contrastarla con las necesidades reales y el aumento de la vulnerabilidad en los municipios" y pone como ejemplo que solo en Santa Cruz, de enero a abril de este mismo año, ha tenido que destinar 2,5 millones de euros solo en tarjetas de alimentos.

Para finalizar, Rosario González pone de nuevo de manifiesto que solo la cooperación entre las administraciones "permitirá atender las necesidades agobiantes de la población más vulnerable" y enfatizó que precisamente la que no entiende es que desde las instituciones "se esté más pendiente en disputas por rédito político que por atender sus primarias y básicas necesidades".