El pasado lunes se presentó un escrito de recusación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, ya que, después de casi nueve meses, no ha ordenado la práctica de diligencia de prueba alguna tras la presentación de una querella por una familia de Tinajo que acusa a sus vecinos de organizar presuntamente ruidosas y molestas celebraciones los fines de semana, que han llegado a afectar a la salud de una mujer. El motivo de la interposición de dicho documento está relacionado con que la citada autoridad judicial fue denunciada por acudir el pasado 18 de febrero, con el estado de alarma activo, a una fiesta ilegal en el municipio lanzaroteño de Yaiza y que presuntamente Fiestras haya relativizado de forma pública la gravedad de dichos encuentros festivos en un artículo. Ayer no fue posible conocer la versión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del juez sobre este asunto.

La mencionada familia residente en Tinajo presentó la querella el 2 de septiembre del 2020, en la que incluyó, entre otras cosas, audios con los ruidos sufridos, mediciones de los decibelios, los medicamentos que ha tenido que comprar la mujer afectada o facturas de hoteles a los que se han tenido que ir a dormir ante algunas de las citadas celebraciones en la vivienda de al lado. En un primer momento, el juez mencionado inadmitió «de plano» la referida querella. Sin embargo, el abogado de los denunciantes presentó un recurso de reforma y en ese proceso obtuvo el respaldo de la Fiscalía, por lo que logró reabrir el asunto.

Sin embargo, a partir de ese momento, los afectados lamentan que no se ha tramitado diligencia de prueba alguna en relación con su caso. Y, además, les preocupó que la autoridad judicial fuese sorprendida por la Guardia Civil y la Policía Local de Yaiza en una fiesta ilegal hace tres meses y medio.

«La presunta participación personalísima y por sí mismo de su ilustrísima en dicha presunta fiesta –tal y como procedieron a identificar y levantar acta a cuanto parece agentes de la Guardia Civil de Yaiza y de la propia Policía Local– vendría a hacer albergar un temor lógico a nuestra representada», se indica en el texto de la recusación.

Y advierte de que la participación del juez en la citada fiesta «hace entender a doña Mari Carmen que existe una clara, previsible, presunta merma de imparcialidad y prejuicio, cuando resulta ser que el propio juez instructor (...) aparentemente también habría venido participando en este tipo de eventos durante el estado de alarma, tal y que incluso aparentemente este mismo lo habría venido a reconocer, incluso relativizando y atribuyéndole un menor valor a la importancia de todo ello en virtud de distintas aparentes excusas invocadas, tal y como aparentemente habría venido quedando recogido en medios, salvo omisión o error involuntario de esta parte», se añade en el texto.

Los afectados que interpusieron la querella son José Luis y Mari Carmen, quienes aseguran que viven en un «entorno idílico» en Tinajo. Se establecieron en la zona de Morros de San Roque, como lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza y en un ambiente rural. Relatan que sus problemas con los ruidos y otras molestias generadas por sus vecinos empezaron en enero del año pasado. Ante esa nueva realidad, durante aproximadamente dos meses, trataron de buscar una solución mediante el diálogo y el trato correcto. Sin embargo, ante la falta de resultados efectivos, en marzo del 2020 decidieron adoptar otras medidas. La pareja señala que la potencia de los altavoces hace imposible que en su domicilio puedan estar tranquilos, dormir o no sufrir ansiedad. Según la mujer, «nos costó mucho dar este paso», ya que aclaran que no les agrada acudir a los tribunales.

Mari aclara que es monitora de zumba, por lo que no tiene ningún problema con la música, pero que, cuando necesita entrenar o practicar, lo hace con cascos para no molestar a nadie. La querella la interpusieron porque el ruido llegaba a su hogar a cualquier hora de la mañana, la tarde, la noche o la madrugada, aunque las puertas y ventanas estuvieran cerradas.

Según los denunciantes, uno de los obstáculos que se han encontrado es que el Ayuntamiento de Tinajo no dispone de una normativa municipal para las molestias relacionadas con los ruidos que afecten a la buena convivencia, por lo que se debe aplicar la general para estos casos. Explica la mujer que en estos momentos está de baja por depresión y reconoce que tiene miedo a salir a la calle, «porque nunca sabes lo que te vas a encontrar». «La impotencia es constante, no tenemos a donde acudir» señala Mari. Y esta sensación aumenta cuando algunas personas les aconsejan que vendan la vivienda y se vayan a otro lugar.

Debido a la orografía de la zona, cuando se produce alguna llamada a los cuerpos de seguridad y los policías locales o guardias civiles pueden asistir para comprobar las molestias, los presuntos infractores pueden ver cómo se aproximan las patrullas, por lo que la música se apaga y el silencio se adueña de la propiedad donde tiene lugar la fiesta.

En una ocasión, en el último trimestre del pasado, dos agentes del Instituto Armado acudieron con las luces apagadas y pudieron sorprender a los participantes in fraganti, tras escuchar la música durante un rato desde el exterior de la finca.