Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Tras los episodios sufridos por las personas en situación irregular que llegan por mar desde la costa africana, algunos colectivos denuncian que se les discrimina por parte de las administraciones por su lugar de procedencia. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que el fenómeno se da, por ejemplo, cuando no se les deja transitar por el país, aunque tengan derecho a ello. El joven Mba Bee Chema critica el papel de varias ongs y la abogada Loueila Mint explica los obstáculos que afronta por ser saharaui.

Este domingo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Tras los diferentes episodios registrados en Canarias en el último año, con la llegada masiva de migrantes y los problemas para ofrecerles espacios dignos de acogida o las dificultades para que accedan al continente europeo, algunas personas y asociaciones hablan de “racismo institucional”. Daniel Buraschi, profesor e investigador de la Red de Acción e Investigación Social (RAIS), explica que con “racismo institucional se pone el foco en el papel de las instituciones en la reproducción sistemática del racismo”. En su opinión, “va más allá del prejuicio o del discurso de odio de la extrema derecha”. “Es un sistema de dominación multidimensional, que incluye aspectos institucionales, culturales, económicos, de actitudes y conductas”, señala. Para este investigador, “el racismo no es una anomalía del sistema, sino que está inscrito en la propia naturaleza de nuestra sociedad”.

La consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, apunta que “en el momento en que se vulneran los derechos humanos de las personas por su raza o lugar de procedencia, como no dejarles transitar libremente, a pesar de tener derecho, estamos hablando de racismo institucional”. En la misma línea se expresa la abogada Loueila Mint, especializada en inmigración.

El panafricanista Mba Bee Nchama afirma que dicho concepto fue acuñado por el activista y teórico Kwame Ture allas Stokely Carmichael, líder del All-African People’s Revolutionary en Estados Unidos en 1966. Nchama aclara que el concepto engloba todas las prácticas institucionales que resultan discriminatorias contra las personas y comunidades racializadas.

Sobre el caso actual de Canarias, Buraschi manifiesta que “las expresiones más evidentes están relacionadas con la gestión violenta y deshumanizada de las personas que han llegado en 2020 por vía marítima y de forma irregular”. Aclara que “es algo estructural: los perfiles raciales, los centros de internamiento de extranjeros (CIE), las deportaciones, las trabas burocráticas, la exclusión de los servicios públicos, el paternalismo y el asistencialismo de ciertas intervenciones sociales son una experiencia cotidiana de muchas personas” que llegan desde otras partes del mundo. En palabras de Noemí Santana, “también se puede considerar que las condiciones de vida que se han habilitado en algunos campamentos no son dignas para las personas que allí están”. Para la consejera, “es necesaria una respuesta acorde con los Derechos Humanos, tanto por parte del Estado como por la Unión Europea”.

Mba Bee Chema apuesta por hablar de “lógicas racistas de funcionamiento institucional: una acción u omisión política es racista cuando produce consecuencias negativas en personas de grupos étnico-raciales dominados”.

La libre circulación

Para Nchama, en las Islas se manifiesta “en la arbitrariedad legal de negar el derecho a la libre circulación, negar un trato de menor a quienes lo son o las violentas condiciones de los centros y campamentos llamados de acogida”. Critica que el Gobierno estatal bloquea a las personas en Canarias y las hacina en espacios inhumanos, “alegando que cumple una directriz europea”. Pero la UE contestó que los estados miembros son los que tienen competencia en inmigración, recuerda Mba Bee. Dice que algunos ayuntamientos rechazan “empadronar a personas que llevan más de tres meses viviendo en sus municipios”. “Esta manera de escurrir el bulto es un mecanismo de racismo institucional”, añade.

Buraschi cree “importante estudiar y trabajar las actitudes de la población, pero no se puede combatir el racismo sin visibilizar y combatir el de carácter institucional que, en este momento, es el que tiene consecuencias más violentas en la vida de muchas personas”. “Lo que le quita el sueño a quienes están en macrocentros no es el mensaje de odio que alguien escribe en redes sociales, sino la posibilidad de ser deportados sin hablar con un abogado, sin traductor, sin garantías”, comenta. A su juicio, “el racismo institucional tiene efectos mucho más violentos que el discurso del odio en internet, pero se ve menos”.

¿Hay intencionalidad o desconocimiento? Para Buraschi, “no es necesario que haya intencionalidad, sino las consecuencias; si una práctica administrativa tiene efectos discriminatorios, entonces se genera racismo institucional”. Loueila Mint comenta: “no creo que sea algo intencionado, pero sus deficiencias ocasionan que las personas estén sufriendo, al estar bloqueadas en Canarias”.

¿La crisis económica impulsa la radicalización de los ciudadanos contra los migrantes? El profesor señala que, “en general, la investigación social ha evidenciado que en un contexto de crisis e incertidumbre suele aumentar el rechazo, pero no siempre es así”. “De hecho, –puntualiza– en España, durante la crisis económico-financiera, las encuestas no han evidenciado un aumento del rechazo a los migrantes”.

Enumera tres elementos que, si se alimentan, pueden ser muy peligrosos: percepción de amenaza (“los migrantes son un peligro para la seguridad o nos quitan recursos”); tratarlos de forma indigna, y el resentimiento, “que es muy común en Canarias”, según Buraschi, (tienen privilegios de las instituciones). Con esos factores, “se dan las condiciones para justificar la violencia”, dice Buraschi.

Respecto a lo que ocurre en el campamento de Las Raíces o las protestas de quienes dicen ser menores, el investigador afirma: “los macrocentros son una expresión del racismo institucional y las protestas de las personas migrantes son un ejemplo de resistencia, de lucha no violenta por el derecho a una vida digna”.

El caso de Cruz Roja

En opinión de Nchama, las ongs “son dispositivos para ejecutar racismo institucional”. “Eso es lo que estamos viendo con Cruz Roja, Accem o la misma OIM”, dice. Este panafricanista estima que estas organizaciones “se muestran incapaces, poco preparadas o con pocos recursos para atender con dignidad a los migrantes, lo que debe llamarnos la atención”. Según Mba Bee, si aceptan gestionar centros con pocos medios implica que los usuarios van a ser tratados de cualquier manera. Y si hay recursos, pero no se han planificado bien, “llegamos a la misma conclusión”, señala el joven. Advierte de que quienes no sean deportados pueden acabar convirtiéndose en “mano de obra esclava para el mercado español”. “La solidaridad de personas anónimas, como la Asamblea de Apoyo a Migrantes, abre una pequeña rendija de resistencia, aunque todavía muy precaria”, señala Mba.

Saharaui y refugiada

La abogada Loueila Mint explica que vive en España desde los ocho años. “He estudiado y trabajado toda mi vida aquí”, indica. “Pertenezco al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y pago mis impuestos como trabajadora por cuenta propia, mi mutualidad y mis cuotas”, señala. “Pero por mi condición de migrante, saharaui y refugiada, siempre he sufrido las trabas de este sistema a la hora de acceder a los mismos servicios que quienes estudiaron conmigo”, reconoce. Recuerda que España colonizó su país, el Sáhara Occidental, y su familia huyó de Marruecos para vivir en campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Dice que “eso ocasionó que no tuviera mi propia nacionalidad, la saharaui, y siempre me dificultó mi situación administrativa en España”.

“No he podido obtener la nacionalidad española, tras más de 21 años residiendo aquí, porque el Ministerio de Justicia no está respondiendo en plazo, no ha digitalizado mi expediente, y sigo esperando, pese a haber recurrido como letrada ante la Audiencia Nacional”, refiere. Según Mint, la tardanza en resolver su expediente motivo que tuviera que esperar seis meses para colegiarse, “aunque mis compañeras españolas de carrera y máster lo pudieron hacer sin trabas”. En la actualidad, no puede acceder a ninguna oposición pública por su condición de migrante. Denuncia que el Ministerio de Justicia, que le expidió su título tras superar el examen de acceso a la Abogacía, “es el mismo que me tiene atrapada sin poder obtener la nacionalidad”.

Según Mint, “hemos visto que el pueblo canario es solidario, con numerosos vecinos y amigos de la Asamblea de Apoyo que brindan a nuestros compañeros asesoramiento legal, alimentos, ropa, medicamentos y mascarillas, acompañamiento a menores o traducción”. Añade que también existe algo “que creíamos que no era posible y es muy bonito: residentes que quieren acoger a migrantes en sus casas porque les da mucha tristeza sus condiciones; así se combate el racismo institucional”.