El sindicato de prisiones Agrupación de Centros de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT) expone que en el centro Tenerife II, en el municipio de El Rosario, se mantiene una sobreocupación de reclusos que supera ligeramente el 20 por ciento, en base a los informes emitidos en años anteriores por la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria. Esta realidad se manifiesta en que la capacidad de la citada prisión, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras, se sitúa en 771 internos y en estos momentos se hallan privados de libertad unos 930, entre hombres y mujeres. Cabe recordar que en el informe emitido por el Ministerio Público en el pasado año, que hace referencia al ejercicio 2019, se expone que tal exceso de presos “no debería consentirse”.

En un expediente gubernativo de la Fiscalía se solicita, “a la vista de las reducidas dimensiones de las celdas individuales, que miden escasamente 5 metros cuadrados, que solo se recluya en ellas a un interno o una interna por celda y no a dos, como viene haciéndose habitualmente desde hace años, lo que ha de conllevar una reducción significativa del número efectivo de plazas disponibles del referido centro penitenciario”.

Los menores de tres años

La Agrupación de Centros de la Administración de Instituciones Penitenciarias-UGT también plantea que la Fiscalía puso de manifiesto “la falta de condiciones y de medios para acoger y tratar a menores de tres años junto a sus” progenitoras “en el denominado Módulo de Madres con hijos, por lo que se propuso que, de ahora en adelante, no se accediera a admitir el ingreso de tales” niños “en dicha cárcel, salvo por razones excepcionales que lo justificaran y siempre con la perspectiva de acordar, a la mayor brevedad posible, el traslado” de la mujer y el pequeño a otro centro penitenciario dotado de medios adecuados y suficientes.

En otros dos expedientes gubernativos, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria ha transmitido al Juzgado de dicha jurisdicción la falta de medios materiales y personales en las instalaciones del Módulo de Enfermería de la prisión Tenerife II, “en cuanto a que ello afecta directamente a la salud de los internos”, por lo que resulta precisa “la urgente corrección de las carencias y deficiencias observadas”. El asunto se comunicó a responsables de Instituciones Penitenciarias y en el citado recinto se hicieron obras.

Las dependencias de La Palma

Una vez más, el Ministerio Público ha advertido de que el centro penitenciario de La Palma no reúne condiciones idóneas para acoger a internos. En un informe sobre dicho recurso, la Fiscalía explica que resulta inviable, por la propia configuración arquitectónica de la cárcel palmera, hacer una clasificación y separación de los reclusos.

Entre otras cosas, en el documento se advierte de que “siguen existiendo dormitorios colectivos”, que están prohibidos por la legislación penitenciaria. Respecto al llamado módulo de mujeres de dichas dependencias, “debería ser simplemente utilizado para detenciones y privaciones de libertad muy limitadas en el tiempo con ocasión de práctica de diligencias judiciales y asistencia a juicios orales, pero no para el cumplimiento de penas privativas de libertad de duración media o larga”. Ante esas circunstancias, el fiscal llega a la conclusión de que la Administración competente (el Gobierno del Estado) debe plantearse el cierre de la prisión de La Palma y la construcción de un nuevo centro penitenciario adaptado a las necesidades de nuestro tiempo”.

Pendientes

Según la citada organización sindical, en el centro de Tenerife II “estamos pendientes del suministro de dosis y la vacunación tanto de los internos como de los funcionarios”. En los contactos mantenidos por representantes del sindicato con la Consejería de Sanidad les han transmitido que las personas que trabajan en cárceles y aquellas que están privadas de libertad formarán parte del siguiente grupo de vacunación. “Los funcionarios de prisiones están considerados como un servicio esencial”, explican integrantes de la mencionada agrupación.

Mascarillas

Tras las carencias detectadas en las primeras semanas del confinamiento, en este momento, comentan desde esta Acaip-UGT, no hay problemas con la dotación de mascarillas. A cada trabajador se le ofrece una por turno, aunque los expertos recomiendan que, en estos casos, se utilice una cada cuatro horas. No obstante, en Tenerife II se le brinda la oportunidad al personal que solicite la sustitución de aquella protección de la zona buco-nasal que se deteriore o esté húmeda.

Sin positivos por PCR

Hasta ahora no se han registrado positivos en las pruebas PCR de funcionarios ni reclusos de Tenerife II, afirman fuentes de Acaip-UGT, “lo que significa que las cuarentenas, la suspensión de comunicaciones, el control al regreso de los permisos o las medidas de autoprotección han surtido efecto”, han detallado.

En estos momentos, a nivel general, se está a la espera del reparto de nuevos uniformes y guantes anticorte, que son necesarios para los cacheos, registros o requisa de elementos a los internos. Según el citado sindicato sectorial, esos recursos materiales “están, pero no los entregan”.

Agentes de la autoridad

Hace casi tres años que los funcionarios de prisiones solicitaron estar considerados como agentes de la autoridad. Aún no han logrado esa demanda, señalan desde la Agrupación de Centros de la Administración de Instituciones Penitenciarias. El pasado martes se reunió el grupo de trabajo, formado por delegados sindicales y altos representantes de la Administración, para abordar, entre otros, dicho asunto. “Estamos cansados de que todo vaya tan lento, de que todo se esté negociando, pero no termine de llegar nada”, comentan desde Acaip-UGT. El objetivo es que la condición de agentes de la autoridad esté recogida en la Ley de Cuerpos de Seguridad, que debería suponer también una mejora en las condiciones laborales y de protección de los funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Además, representantes de dicho sindicato comentan que el Reglamento de actividad de los funcionarios data de hace 40 años, por lo que, en algunos casos, no se recogen actividades que hoy desarrolla el personal y, en otros, figuran tareas que ya están desfasadas. Por ejemplo, en 1981 no se usaban ordenadores para la gestión de la actividad cotidiana. Acaip-UGT lamenta que, a día de hoy, estos empleados públicos no tienen carrera profesional y también pide una promoción horizontal, con el objetivo de tener mejoras dentro de un mismo puesto de trabajo.