Diversas organizaciones no gubernamentales de ámbito insular o provincial critican que se han quedado sin subvención en la convocatoria para beneficiarse del reparto del dinero asignado en la casilla del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se trata de unos recursos que aporta el Gobierno del Estado y que la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo autónomo se encarga de gestionar. Había disponibles 7,6 millones de euros y se presentaron solicitudes de ONG grandes, medianas y pequeñas por un valor de unos 20 millones de euros.
Las entidades que se han quedado sin recursos demandan la aplicación de unos nuevos criterios para este reparto, de manera que no deban competir todas contra todas, como hasta ahora, sino que las ONG de ámbito estatal, como Cruz Roja Española o Cáritas, cuenten con más subvenciones aún, pero que las de carácter insular o provincial también se beneficien de ese dinero aportado de forma voluntaria por los ciudadanos en una convocatoria aparte. Y es que los portavoces de las instituciones afectadas consideran que, con independencia de la prioridad que genera la pandemia del Covid-19, también han ciudadanos que siguen necesitando atención específica por sus patologías y que, de forma paralela, también requieren de ayudas de tipo social.
Ámate
Ante la situación, el Gobierno canario ha planteado ya al Estatal la necesidad de aplicar otros criterios de asignación de subvenciones, pero en los últimos días no ha habido novedades en este sentido. María del Carmen Bonfante, de Ámate (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife), recuerda que el año pasado "también nos quedamos a las puertas" de lograr la ayuda económica procedente del IRPF; "nunca llegamos a los objetivos por falta de recursos". Es consciente de la gran labor y el elevado número de personas a las que atienden las ONG de mayor implantación, por lo que reconoce que se merece el dinero que han recibido de esta convocatoria "y más". Por esa razón, considera que las administraciones deberían ofrecer convocatorias diferentes para atender realidades diversas. En ese ámbito, señala que si las grandes organizaciones reciben varios millones de euros, las ayudas planteadas por las medianas o las pequeñas rondan los 20.000 o 30.000 euros, por ejemplo.
Para Bonfante, en este año tan difícil y complejo, esa subvención hubiese permitido "arrancar" a varias entidades, ya que las ayudas que debían llegar en octubre, noviembre, diciembre o enero, todavía no se han ingresado. Y, a pesar de la prioridad que supone la atención al Covid-19, "los enfermos de cáncer seguimos aquí". Ámate atiende a unas 8.000 mujeres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Además de las subvenciones que proceden de las administraciones, organiza eventos para recaudar fondos. Pero con la actual situación de alarma, en los últimos meses tampoco se han podido llevar a cabo.
Bonfante aclara que, antes de mediados de marzo pasado, disponía de 22 trabajadores y colaboradores, pero en estos momentos, solo dos están operativos, mientras que la veintena restante se encuentra en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En los últimos 14 años, Amate ofrece a las mujeres con cáncer de mama pelucas, bañadores, sujetadores o bonos sociales, por ejemplo. En estos momentos, cuenta con una veintena de costureras que hacen mascarillas, que se entregan a dichas pacientes oncológicas. Según Bonfante, "hay gente que no puede comprarse geles o mascarillas, porque ingresan al mes 200 euros".
Pequeño Valiente
José Jerez, representante de la ONG Pequeño Valiente para la ayuda a niños que sufren cáncer, deja claro que "no es una lucha con las grandes corporaciones". Según Jerez, las organizaciones no gubernamentales medianas y pequeñas, "a pesar de que no tenemos fondos, hacemos una gran labor". Advierte de que las administraciones públicas han estado en las últimas semanas "a medio gas", por lo que los usuarios, además del trato derivado de las patologías, "nos demandan vales de comida, transporte e, incluso, el abono del alquiler".
"La llegada del Covid-19 y sus consecuencias económicas ha agravado la situación de algunas familias que tienen niños enfermos de cáncer, puesto que los padres se han quedado sin trabajo, o están inmersos en un ERTE o no tienen tantos ingresos como antes", señala Jerez. De manera gráfica, comenta que "la administración es muy lenta, pero la necesidad es muy rápida", por lo que, en ocasiones, la sucesión de trámites burocráticos no tiene validez. Profesionales y voluntarios de Pequeño Valiente atienden a unas 300 familias y se estima que cada año hay un promedio de unos 30 casos más. Y la ayuda la recibe tanto el menor como toda la familia.
