La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha solicitado al Estado una nueva ley orgánica de universidades, que atienda las exigencias de la educación superior del siglo XXI, y donde exista una mayor participación de la sociedad en la gobernanza universitaria. Ello pasa por la creación de un órgano único de gestión en el que se integren los consejos de dirección universitaria y los consejos sociales. Así lo indicó ayer el presidente de la CCS, Antonio Abril, durante la reunión del comité ejecutivo celebrada en la sede del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que preside Jesús León Lima.
Abril, recordó ayer el espíritu del acto celebrado en el Congreso de los Diputados, en septiembre de 2018, donde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Conferencia de Consejos Sociales, la Cámara de Comercio, los empresarios, los sindicatos y alumnos y exalumnos, solicitaron de forma conjunta a los políticos dos aspectos relacionados con la mejora de la educación superior. El primero, que se priorice "la educación en general, y la universidad en particular", a la hora de tomar decisiones, "principalmente de inversión". Y en segundo lugar, "que se llegue a un pacto de estado que permita hacer una nueva ley orgánica de universidades con garantías de estabilidad y de permanencia".
Homologar
El objetivo de la Conferencia de Consejos Sociales es homologar la universidad pública española, en los ámbitos de la gestión, gobierno, rendición de cuentas, financiación, transferencia de resultados, internacionalización y compromiso con la empleabilidad. "Debemos equipararnos a lo que ya existe en las universidades europeas de países comparables, que si han hecho sus deberes e introducido reformas legislativas importantes en estos primeros años del siglo XXI".
En lo que respecta a gestión y gobierno de la universidad, Antonio Abril puso como ejemplo el modelo europeo de un órgano único de gestión y rendición de cuentas de la universidad. "En España hemos pedido, que ese órgano único, sea fruto de la fusión de los consejos de dirección universitaria y de los consejos sociales, con una composición donde haya personas relevantes de la sociedad, junto con personas designadas por la parte académica".
En dicho órgano de gobierno, aún por determinar, proponen que haya un presidente de la parte social que designe al rector por concurso de méritos. "La universidad, que es la institución de la promoción social por medio del mérito, también tiene que ser una institución meritocrática".
En este nuevo modelo, la Conferencia de Consejos Sociales demanda a la Administración pública, medios para que las universidades tengan, además de autonomía (libertad de enseñanza, de cátedra y de investigación), capacidad de gestión operativa para optimizar la gestión del talento. "Se trata de sustituir el café para todos que, lamentablemente, predomina hoy en la gestión de las universidades públicas españolas, por la gestión del talento. Dar a cada uno en función de sus méritos, y eso es lo que pedimos los ciudadanos con instituciones que se financian con nuestros impuestos, que sean competitivas, eficientes y globales".
El presidente de la CCS también reclama una mayor apuesta económica del Gobierno por la educación. "Las cifras son claras, estamos entre un 20 y un 25% por debajo de cifras de financiación de los países europeos homologables. A mayor financiación, mayor nivel, mayor excelencia, y más capacidad para gestionar adecuadamente el talento", subrayó.
La nueva ley de enseñanza superior en España también debe propiciar una mejora en la internacionalización de la universidad. "Hoy un rector lo tiene difícil para contratar profesorado, y lo tiene imposible para contratar profesorado internacional. Eso, en el siglo XXI, no puede ser".
Abril apeló además al compromiso con la transferencia de resultados en investigación, favoreciendo un mayor entendimiento y alianzas entre la ciencia y el sector productivo, "que la investigación universitaria no se dirija tanto a la publicación científica, como a la competitividad del sector productivo".
En este contexto, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la empleabilidad de los titulados universitarios. Indicó que España tiene el mayor índice de paro de egresados universitarios de Europa, cercano al 9%, y un 37% de sobrecualificación e infraempleo. "La mitad de los egresados universitarios que volcamos al año al mercado, transcurridos cuatro o cinco años, o no trabajan o trabajan en una situación de infraempleo". La solución, indicó, está en crear empresas mayores y más tecnológicas, utilizando la investigación y convirtiéndola en riqueza, empresas y puestos de trabajo. "Hay que asumir el funcionamiento de la economía de mercado y que empresas y universidades son instrumentos necesarios e insustituibles, que necesitamos que sean excelentes", concluyó.
El presidente del comité ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, hizo ayer hincapié, en la sede institucional de la ULPGC, en que la reforma de la universidad "la tiene que hacer la sociedad, que es la que financia mayoritariamente con sus impuestos la universidad pública". Como representantes de la sociedad en los consejos sociales, el comité ejecutivo de la CCS han solicitad a los representantes políticos que cumplan con su parte de responsabilidad en esta tarea, desde la óptica de la valentía, de la generosidad y de la grandeza de miras. "Valentía, porque hacer una reforma de la universidad no ha sido nunca fácil, ni en España ni en ningún país, pero hay que hacerla. Venimos de un sistema de gestión de gobierno que es el de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 cuando España era otra España y el mundo era otro mundo", indicó Abril. También pidió generosidad a los políticos, "porque toda inversión en educación y la reforma de la universidad tiene que ser una inversión en educación, es siempre a medio y largo plazo, y siempre más allá de las próximas elecciones, por tanto no hay que buscarle un rédito político hay que actuar con generosidad". Por último apeló a la grandeza de mira, porque "España será en el futuro lo que hoy sea capaz de invertir en educación". Así lo indicó ayer en la sede del Consejo Social de la ULPGC, donde se celebró la primera reunión informativa que el máximo órgano de gobierno de la Conferencia mantiene con el pleno de un Consejo Social de una universidad española.
