Los abogados del turno de oficio del Colegio de Santa Cruz de Tenerife solicitan al Gobierno de Canarias mejoras en sus condiciones económicas y laborales. A mediodía de ayer, más de medio centenar de letrados de este servicio se concentraron ante el Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo para reclamar una serie de demandas planteadas y aglutinadas a través del colectivo Altodo (Asociación de letrados por un turno de oficio digno), que funciona en la Isla desde hace apenas dos meses, pero que tiene un ámbito nacional.

Una portavoz de este colectivo y miembro de su Junta Directiva, Isabel González, y Jonay Ríos Torres, presidente de la Comisión del Turno de Oficio en el Colegio tinerfeño, que también engloba a La Gomera y El Hierro, coinciden en la necesidad de una dignificación profesional. Uno de los objetivos principales de esta entidad es que la retribución de su labor por parte del Ejecutivo autónomo se realice de acuerdo a la función que desempeñan.

Ríos Torres y González defienden que estos abogados que hacen posible la denominada "Justicia gratuita" también puedan acceder a la conciliación laboral y familiar. En este aspecto apuestan por una regulación laboral que, entre otras cosas, les permita, con un motivo justificado, poder suspender o retrasar vistas por motivos de enfermedad.

Desconexión

Reclaman que haya permisos de paternidad y maternidad o, entre otras cosas, la adopción de medidas para alcanzar la denominada "desconexión telemática", mediante la que, con una notificación previa con el suficiente tiempo, poder disfrutar de unas vacaciones o algunos días de descanso, así como para poder organizar la vida familiar. Jonay Torres explica que las activaciones por parte de los juzgados se realizan por vía digital y en estos órganos debería haber un sistema para que no se avise a aquellos letrados que en esas fechas decidan no trabajar. Ambos profesionales recuerdan que los jurisdicción penal permanece activa también en agosto. Y el turno de oficio los mantiene como operativos durante los 365 días del año en un servicio que es "personal e intrasferible", por lo que solo en casos excepcionales se recurre a la colaboración de un compañero para efectuar una sustitución.

Algunos de los problemas planteados por los integrantes de Altodo tienen un carácter general en todo el país y otros afectan a algunas comunidades concretas.

González señala que en Canarias los baremos de indemnizaciones están muy bajos y no llegan ni al 20 por ciento de la media de los precios del mercado. Un letrado del turno de oficio cobra en estos momentos 209 euros por una guardia de 24 horas. En los casos de atención a víctimas de violencia de género esa cantidad asciende a unos 300. Con ese dinero pagan los desplazamientos a cualquier partido de la Isla y, en el caso de tener que viajar a La Gomera y El Hierro, también afrontan los gastos de billetes, el alojamiento, el coche y la comida.

Las guardias de profesionales en otros servicios públicos del Ejecutivo autónomo están cifradas en los 600 euros entre semana y más de 700 los fines de semana. Si deben intervenir en un proceso de divorcio amistoso, sus actuales baremos se sitúan en 400 euros, mientras que, según González, "en el mercado" se pueden ingresar unos 1.200. En estos momentos los únicos desplazamientos que se cobran aparte son los vinculados a asuntos de los juzgados de lo penal. Y la tramitación de la documentación para las ejecuciones penales no se cobran, según la representante de Altodo. Para este colectivo, como mínimo, el Gobierno canario tendría que doblar las compensaciones por cada guardia. En el colegio profesional de Santa Cruz de Tenerife alrededor de un millar de abogados están integrados en el turno de oficio. En dicha institución figuran como colegiados 4.000 abogados, de los que 2.600 ejercen como tales.