Los letrados del turno de oficio volverán a manifestarse ante una situación que el colectivo califica como "gravísima", pues a los respectivos y reiterados retrasos que las administraciones públicas con competencias en Justicia mantienen en el abono de sus honorarios en el ejercicio de la Asistencia Jurídica Gratuita, ahora se suma el reciente anuncio realizado por el Ministerio de Justicia que señala que "a partir de ahora se aplicará estrictamente la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), para de esta manera negar el pago de indemnizaciones en los supuestos en los que a un usuario se le deniega la justicia gratuita, o bien su solicitud se archiva por falta de acreditación documental a los profesionales designados de oficio", pero a la vez, se les "exige continuar con la defensa hasta finalizar el asunto, lo cobren finalmente o no, y con la advertencia de ser sancionados".
El paro de los letrados del turno de oficio, que llevarán a cabo el próximo día 17 de este mes en toda España, tendrá su respuesta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la entrada del Palacio de Justicia, a las 12:00 horas. La organización convocante, Asociación de Letrados y Letradas por un Turno ded Oficio Digno (Altodo), llama al colectivo a concentrarse "por la dignidad del turno de oficio, por el derecho a la conciliación y por unos baremos justos".
La organización señala que desde hace dos décadas, el Ministerio de Justicia -independientemente del partido político que esté al frente del Gobierno, ha mostrado una "inexcusable pasividad y falta de conexión con la realidad; ha permitido la esclavización y precarización del colectivo, no solo consintiendo el impago a los profesionales designados de oficio en caso de denegación o archivo de la justicia gratuita, sino también promoviendo la reforma legislativa operada por Ley 2/2017, de 21 de junio, por cuya virtud, el turno de oficio pasó a ser obligatorio para todos los abogados salvo dispensa colegial motivada cuando existan razones que la justifiquen, reduciendo de ese modo la posibilidad de adoptar medidas de conflicto colectivo cuando la contraprestación ofrecida por el Estado sea claramente insuficiente, injusta, o incluso inexistente", apunta.
El colectivo de letrados designados al turno de oficio ha querido hacer un llamamiento también sobre las medidas que deberán adoptarse para "evitar el intrusismo profesional", respecto a la práctica que realiza el Consejo General de la Abogacía que "viene permitiendo que la mediación en cuestiones de índole jurídica sea ejercida por personas y entidades ajenas a la abogacía, sin oponer objeción alguna a pesar de haberse promulgado leyes reguladoras de la mediación, ni haber promovido una reforma legal que eviten actos intrusismo en competencias propias de la abogacía".
