Los abogados del turno de oficio lanzan un ultimátum al Gobierno de Canarias para que liquide las retribuciones del segundo trimestre del año conforme a la orden aprobada el pasado mes de mayo por el anterior Ejecutivo autonómico que venía a actualizar algunas de las cuantías que deben percibir los letrados a partir del 1 de junio, como era el caso de las guardias, entre otros servicios. La cantidad que adeuda el Gobierno canario a los colegiados de Tenerife se eleva "a cerca de dos millones de euros", según informó ayer Jonay Ríos Torres, presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF).

Desde el ICATF se da de plazo una semana a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional para que modifique las cantidades presentadas para que los letrados perciban los honorarios correctos o, de lo contrario, se celebrará una asamblea con los colegiados "para acordar las medidas que se estimen necesarias, incluida la realización de servicios mínimos exclusivamente", tal y como avanzó ayer el letrado Jonay Ríos Torres.

Ríos Torres explicó que "a la hora de abordar los nuevos criterios retributivos incluidos en la citada orden debe existir una diferencia interpretativa por parte de la Administración y esto ha hecho que no se paguen los servicios realizados por los abogados del turno de oficio".

El letrado señaló que ha mantenido reuniones con la Consejería de Justicia para intentar aclarar las "divergencias interpretativas" que existen sobre este asunto, "sobre todo por cuestiones que no están reguladas" en la orden del 17 de mayo como son "los requerimientos judiciales por incompatibilidades y cuando existe una excesiva carga de trabajo y se establecen guardias dobles, que con anterioridad tenían una limitación económica por la Ley de Presupuestos del ejercicio anterior", entre otras materias.

Los abogados del turno de oficio mantienen que los criterios interpretativos no son otros que los que se han defendido hasta la fecha. "No exigimos un aumento de los honorarios por otras cuestiones salvo las que están contempladas en la actualización que recoge la orden del propio Gobierno autonómico" y que, en este periodo en concreto del segundo trimestre que se adeuda corresponde solo a la mensualidad del mes de junio.

Ríos Torres aseguró que ayer se presentaron las últimas alegaciones sobre el asunto y confían en que quede resuelto la próxima semana y, si la Administración no contesta, se celebrará una asamblea para "adoptar las medidas oportunas, sin descartar ninguna, pero siempre cumpliendo con los mínimos necesarios para no vulnerar derechos como la asistencia de detenidos y víctimas de violencia machista".