La Justicia obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz a hacer frente a impagos de una empresa privada

El sindicato CISF califica de «histórica» la sentencia con la que la Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz, como responsable solidario, «al pago de cantidades que la empresa de seguridad S. H. Lanzarote debía a vigilantes del Consistorio», correspondientes al año 2022.

«Hemos conseguido una sentencia histórica contra el Ayuntamiento de Santa Cruz, con la que, por primera vez, se condena a una administración a hacer frente a los impagos de una empresa privada. Esto nos abre la puerta a seguir denunciando a la administración», señala el sindicato.

Éste indica que, en numerosas ocasiones, se avisó al Consistorio chicharrero «de los problemas que genera el hecho de contratar, una y otra vez, a empresas de dudosa garantía para los trabajadores de dichos servicios, bajo el criterio de la oferta más baja». El CISF comenta que el personal de seguridad del Ayuntamiento capitalino ha sufrido impagos varias veces, por parte de diferentes empresas, «como Prroviten, Seguridad Integral Canaria y S. H. Lanzarote».

«Han llegado a estar sin cobrar su sueldo hasta nueve meses, por lo que estas entidades han dejado en precario a muchísimas familias. En este sentido, queremos recordarle al Consistorio que lo barato sale más caro, pues ahora tendrán que volver a pagar. Nos decían en las reuniones que los problemas de los trabajadores de Seguridad eran con la empresa y no con el Ayuntamiento, pues ahora también son con la administración».

El sindicato aprovecha para agradecer el esfuerzo que han realizado los tres delegados en el comité de empresa, «por su trabajo incansable en la defensa de los derechos de sus compañeros». Asimismo, el CISF agradece la labor realizada por la abogada de sus Servicios Jurídicos, Nancy Dorta, «entre cuyos logros se encuentra también, además de esta sentencia histórica, la del Centro de menores con medidas judiciales, en la demanda contra la empresa Alcor».

Por su parte, la edil de Recursos Humanos, Purificación Dávila, sólo contestó ayer que la Asesoría Jurídica municipal está estudiando la sentencia.

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