El IMAS reparte de enero a octubre cinco millones de euros en tarjetas de alimentos

Antes de llegar al debate de este punto, Rosario González había padecido el primer acaloramiento dialéctico cuando la socialista Heriberta Granado pidió a Atención Social un proyecto de alfabetización digital de las personas mayores. La concejala del IMAS no lo dejó pasar y fue implacable en el debate apelando a una frase que los nacionalistas parecen haber acuñado de su argumentario: «nos habría gustado apoyar la moción, pero ya estamos en ello», solo que la edil de la nueva generación de CC aprovechó para intentar sacar los colores de la oposición por su doble lenguaje, uno en Santa Cruz y otro en el Cabildo. Así afeó las políticas socialistas a nivel insular y remató la faena recordando en la Corporación que dirige Pedro Martín acabó con Ansina, lo que obligó a la capital a articular el proyecto Santa Cruz Activa para los mayores, que según explicó es un oasis, en el que no solo se camina de la mano de los mayores atendiendo sus necesidades sino, entre otros objetivos, también se pondrá en marcha alternativas para dejar en el olvido la brecha digital. Tema zanjado.

Con el devenir de la sesión, Lola Espinosa intentó afear a la concejala del IMAS que se hayan reducido en 20 euros las cantidades en las tarjetas de alimentos, para pedirle que se ajuste a la incidencia de la inflación, además de pedir que se restituya la carga mensual y que no se tarde más de quince días en su concesión. Era el enunciado del texto; la voz la puso Eloy Cuadras, que acercó las colas de la vergüenza o a que algunas asociaciones como las de García Escámez cobra un euro por la bolsa para llevarse la ayuda alimenticia.

Lola Espinosa planteó quién puede entender que con 150 euros puede vivir una persona al mes, o una familia de cuatro miembros con trescientos; eso después de admitir que ella misma ha sido usuaria de las colas del hambre, «donde se reparte leche o yogures caducados». «Ustedes van a la compra como yo y saben que el pollo por el que antes se pagaba dos euros ahora cuesta ocho?», interpeló, para echar mano de estadística: «el 59,2 por ciento de la población canaria tiene problemas para llegar a fin de mes», y añadir otro datos. «El 49,1 por ciento de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social».

Rosario González saltó como si le hubieran tocado en su honor para recordar el esfuerzo que realiza el ayuntamiento en materia de Atención Social, que en el nuevo presupuesto de 2023 tendrá una partida de 30 millones. También agradeció el esfuerzo de las 44 entidades que colaboran en el reparto de comida, para advertir que son colaboradores y pedirle a Lola Espinosa que le comunique si conoce alguna deficiencia.

La concejala de Unidas Podemos quiso ser la voz de la calle, desde su experiencia. «En La Laguna y en Candelaria es donde funciona mejor el reparto de alimentos», sostuvo, mientras planteó que el ayuntamiento cree un economato para este tipo de usuarios de primera necesidad.

Rosario González recordó que el ayuntamiento destina 8 millones a tarjetas de alimentos, que la periodicidad en la carga de la tarjeta la deciden los técnicos y que desde los servicios sociales se quiere dar una atención cercana e inmediata a cuantos lo necesitan, para descartar una tarjeta bancaria con la cantidad económica que se le asigna en función del perfil del usuario en aras de que el dinero se dedique precisamente al fin para el que se concede: alimentos y artículos de primera necesidad.

Desde la oposición le preguntaron a la concejala si sabía que había subido el precio de la gasolina y la luz, mientras el portavoz adjunto del PSOE, José Ángel Martín, se mostró en un tono más conciliador, preguntando si con el dinero que se destinaba se atendía la demanda. De nuevo Rosario González precisó que estaba asignado 8 millones y estableció de que la comparativa de que en los tres primeros trimestres del año ya se ha invertido en este recurso el presupuesto de todo el ejercicio pasado. En el debate se reconoció la labor desarrollada por Alicia Álvarez, del PSOE, y antes, del popular Óscar García, quien implantó el sistema de tarjeta de alimentos.

Rodin, el debate más agrio

De la realidad de la calle, a los proyectos de desarrollo estratégicos para el futuro de Santa Cruz, como el Museo Rodin en el que trabaja el equipo de gobierno de José Manuel Bermúdez.

Tanto Ramón Trujillo, de Unidas Podemos; Matilde Zambudio, de Ciudadanos, y Patricia Hernández, del PSOE, intentaron sin éxito paralizar la adquisición de obras para poner en marcha el Museo Rodin, después incluso de acusar al equipo de gobierno de ocultar un estudio encargado a la Universidad de La Laguna sobre la oportunidad y valor de la operación. La oposición no se cree que el Museo Rodin que se instalará en el parque Viera y Clavijo vaya a tener casi el mismo número de visitantes que el París –586.000–, máxime por ver «copias», dijo Patricia Hernández, frente a Juan José Martínez, que recordó el aval universitario y que las piezas están certificadas. Frente a la máxima de Trujillo, que asegura que «El Pensador, de Rodin, no puede competir con Mickey Mouse», cuestionó el estudio realizado, mientras la líder socialistas apostó por la defensa de proyectos propios de Tenerife, como el Carnaval, «sin ánimo de comparar a Leo Martínez con Rodin», después de que Trujillo reiterara la parcialidad de uno de los participantes en el informe de rentabilidad que supondrá una inversión de 16 millones, más la mejora del Viera y Clavijo, y que se prevé que sea realidad en 2025.