Uno de cada cinco vecinos de la capital tinerfeña recibe algún tipo de prestación social desde los servicios municipales, según confirmó ayer la concejala del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Rosario González, a la pregunta planteada por la portavoz socialista, Patricia Hernández, en la comisión de control al Gobierno local, quien se interesó sobre las incidencias recibidas en el servicio y los motivos de la reducción en el presupuesto de 2022.
González confirmó los usuarios de los servicios municipales siguen aumentando, una tendencia que comenzó hace cinco años –en 2017–, hasta el punto que Santa Cruz presta ayuda a entre 60.000 y 70.000 personas, según los datos que se refieren a diciembre pasado, al cierre de 2021. De los 209.194 habitantes, el 22% solicitó alguna ayuda el año pasado.
Los servicios sociales atendieron 60.778 solicitudes en las Unidades de Trabajo Social (UTS); de ellas, 3.056 son nuevas familias, similar incremento al experimentado en los últimos cinco años. Solo en 2021 la capital otorgó 110.518 prestaciones gracias a los doce millones de euros que se destinan a este capítulo, más otra aportación que se destina a cubrir contratos esenciales como ayuda a domicilio, escuelas infantiles, centros de día, centro municipal de acogida o el comedor social...
«Aumenta muy significativamente el número de PEAS abonadas y el importe económico de las mismas, fundamentalmente por el aumento de la gestión e importes de las Tarjetas de Alimentos de Dinosol», explica la concejala del IMAS que concluye que durante el año pasado se entregaron 8.105 tarjetas con 51.093 recargas, lo que equivale a una media de seis recargas media por usuario al año.
La concejala explicó que desde el año 2018 Santa Cruz ha reducido el número de PEAS valoradas y gestionadas por las Unidades de Trabajo Social gracias a que en el mismo trámite se incorpora la tramitación de ayudas para alquileres y las tarjetas de alimentos que se planifican dentro de una misma prestación. Con esta mejor organización del trabajo el IMAS simplifica la labor burocrática y garantiza la atención a las demandas sociales recibidas, uno de los retos que se estableció Rosario González cuando asumió la responsabilidad de este departamento, más preocupada por llegar, atender y garantizar la cobertura a todos los demandantes, y pasar por encima de los números. Además, otro objetivo: que la ayuda que se facilita desde el IMAS permita la inserción de los beneficiarios en el mundo laboral.
La atención a las vecinos en situación de vulnerabilidad es posible gracias al esfuerzo que realiza Santa Cruz, que según datos oficiales es el municipio de Canarias de más de 30.000 habitantes que hace un mayor gasto social, con una media de 184,96 euros por vecino, por delante de Adeje, Las Palmas de Gran Canaria, La Orotava o La Laguna. A nivel nacional, tomando como referencia los municipios de más de 200.000 habitantes, la capital tinerfeña es el sexto municipio en gasto social, por detrás de Sevilla, Pamplona, Bilbao, Barcelona y Madrid.
El PSOE rechaza los recortes
La portavoz socialista, Patricia Hernández, rechazó un recorte en la asignación para las PEAS, al insinuar que se había quedado reducido a la mitad de la partida de doce millones de 2021, lo que negó la concejala de Atención Social, que asegura que las prestaciones sociales han incrementado en 750.000 euros el presupuesto consignados en la previsión municipal para el año 2021, para luego asegurar que «hay seis millones de remanente» que también se pueden utilizar. «¿Me quiere decir que tienen un remanente de seis millones porque no lo gastó?», le recriminó en el debate de la comisión de control a Rosario González, quien sentenció que el ayuntamiento no dejará en desamparo a nadie en esta crisis social.
La exalcaldesa socialista también se interesó por el tiempo que se tarda en dar respuesta a la solicitud de ayuda, a raíz de la denuncia realizada por un colectivo vecinal del Suroeste. La responsable del IMAS aseguró que las UTS dan respuesta inmediata –el mismo día o al siguiente– cuando los técnicos acreditan que existe la necesidad para la que se pide ayuda; otra cosa fue la reunión ‘inmediata’ que mantuvo con el colectivo que reclamó una mejor atención, dos semanas después de hacer pública su denuncia.
La portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio, reiteró una y otra vez si se había reducido el presupuesto porque ahora hay menos personas en situación exclusión, después de cuestionar que en las UTS, como dicen los vecinos del Suroeste, no le cogen los teléfonos y dejan a los mayores en una situación de indefensión por un «servicio deshumanizado». Rosario González garantizó la atención inmediata, al margen de los dos meses de media que transcurren desde que dura la tramitación de un expediente, para insistir en que el usuario recibe su ayuda si la precisa desde el primer día.
