El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, el popular Carlos Tarife, asegura que los vecinos que están amenazados por la caída de piedras sobre sus casas del Camino de La Ermita y sobre los que desde el pasado jueves pesa una orden de desalojo mantienen una actitud «altamente irresponsable, al igual que la de sus asesores legales», máxime cuando el decreto se basa en un informe de Servicios Públicos que alerta de posibles desprendimientos si llueve: en un 70 por ciento si se registran más de 40 litros por metro cuadrado y del 50% si las precipitaciones superan los 20 litros por metro cuadrado.
Tarife recuerda que tanto esas viviendas como las que se localizan en la vera del barranco de Santos están construidas dentro de suelo rústico de protección hidrológico, lo que supone que no puede existir ninguna edificación en la zona. ¿Qué significa eso? El concejal de Urbanismo explicó que ahora lo urgente es salir de las viviendas que están en riesgo de sufrir caída de piedras, y recordó que desde el IMAS y Viviendas Municipales se han puesto a disposición de los residentes todo tipo de recursos, desde un hotel, a un piso de los propios recursos asistenciales de los servicios sociales hasta habilitar una partida para afrontar alquileres de entre 600 y 800 euros si las tres familias afectadas prefieren buscar su piso.
«Las obras se ejecutarán de la forma que establezca la Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento y los vecinos de estas tres viviendas regresarán a sus casas, pero tienen que tener claro que estas familias no le pueden decir a sus hijos o nietos que podrán continuar viviendo en junto al cauce de un barranco, porque es zona de protección hidrológica y está prohibida», añade Tarife.
«Es necesario que los vecinos desalojen ya sus viviendas, máxime después de los dos recursos que ha dictado Urbanismo y en los que se ratifica en la decisión de decretar su desalojo porque los estudios técnicos han concluido que no se puede garantizar la seguridad en las viviendas». El concejal de Urbanismo se refirió a que el riesgo de que caiga una piedra sobre el techo de las viviendas se incrementa con las lluvias, «y precisamente hoy están previstas precipitaciones en Santa Cruz».
El concejal de Urbanismo recordó que el jueves de la semana pasada «se desplazó medio ayuntamiento a hablar con las tres familias afectadas y se les ofreció todo tipo de recursos y plenas garantías, cuando se les dijo que no se garantizaba su seguridad». «Al día siguiente se mantuvo contactos desde el IMAS y se puso a su disposición una vivienda, incluso la tarde del pasado lunes se mantuvo una nueva reunión por videoconferencia donde Viviendas Municipales les ofreció el abono de los alquileres si ellos prefieren buscar las casas», cuenta Tarife.
Hoy está previsto que se dé traslado a la autoridad judicial de la resolución dictada ayer por Urbanismo después de que las tres familias afectadas por el desalojo presentaran un recurso para evitar su salida. La resolución desestima el planteamiento de los vecinos porque aseguran que no existe ninguna garantía ni informe técnico que acredite que se ha resuelto el riesgo existente, por lo que el concejal de Urbanismo reitera a los vecinos que continuar en sus casas, con la amenaza que pone en peligro sus vidas, es una irresponsabilidad.
«Los hijos o nietos no podrán seguir allí»
El concejal de Urbanismo reitera que las familias no le pueden decir a sus hijos o nietos que continuarán viviendo en el Camino de La Ermita, porque es un suelo rústico de protección hidrológica y no está permitida la edificación. Eso no significa que no vayan a volver las familias cuando se acometa la obra de la ladera, pero sí está previsto que a medio o largo plazo esas construcciones no continúen en la zona. La solución pasa por la adquisición de una parcela en la zona del barrio de La Salud y que se estudie el caso tanto de estas tres familias como de las que residen en el ámbito de protección. En función de sus recursos, se procederá a construir y los propietarios tendrían que aportar alguna cantidad según su poder adquisitivo.
A raíz del decreto comunicado el pasado jueves, la Gerencia de Urbanismo informó de la situación tanto al Consejo Insular de Aguas como a la Agencia del Medio Urbano y Natural (Admun). Carlos Tarife precisó que en el plazo máximo de un mes el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, se ha comprometido a establecer un cronograma que determinará cómo se llevará a cabo el expediente para restablecer la situación.
