La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó en la mañana de ayer la declaración de emergencia para sanear la ladera del Camino de La Ermita, donde la tarde del pasado jueves se trasladó el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Urbanismo y también de distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife, entre otros responsables políticos, para comunicarles que la Gerencia decretó ese mismo día la orden de desalojo de tres familias porque, según el estudio de Servicios Públicos, están amenazadas por la caída de piedras sobre sus viviendas.
Desde entonces, las familias continúan en sus casas y el ayuntamiento dice que hoy remitirá la orden de desalojo al juzgado, después de que los vecinos hayan decidido continuar viviendo allí bajo su responsabilidad.
En la Junta de Gobierno se dio el visto bueno a la mejora de la ladera del barranco de Santos afectada por los desprendimientos, una intervención que se calcula que podría tardar entre cuatro y seis meses y que tendrá un presupuesto de más de 800.000 euros, inversión que se determinará conforme se desarrollen los trabajos, dado que al ser de emergencia carece de proyecto técnico. Esta actuación se ejecutará desde la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige Guillermo Díaz Guerra.
Junto a la mejora de la ladera, y ya fuera de la Junta de Gobierno, se celebró una reunión para planificar la solución al recurso alojativo que demandan los vecinos que tenía que dejar su vivienda tras la orden de Urbanismo.
Viviendas Municipales al rescate
El pasado jueves, cuando se recibió el informe de los técnicos de Servicios Públicos que advertían de que no se garantizaba la seguridad en cuatro casas del Camino de La Ermita, el alcalde se trasladó junto a los concejales de Urbanismo, Servicios Públicos y el Instituto Municipal de Atención Social y les comunicó que, aunque se tratan de viviendas privadas –e incluso los titulares no son usuarios de los servicios sociales–, desde el IMAS se les garantizaba recursos. José Manuel Bermúdez confiaba que los vecinos atendieran la orden que le comunicó la Policía y se marcharan provisionalmente a un hotel y luego a un piso.
Pero las tres familias afectadas por el desalojo rechazaron tajantemente dejar sus hogares desde el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, desde los servicios sociales se les mostró unas fotografías de los pisos que posee el IMAS en la calle Mencey Betancuya y los representantes de las tres familias afectadas acudieron a verlos, sembrándoles la desilusión por falta de limpieza y el tamaño. Además, es un tercer piso sin ascensor y una de las afectadas tiene 86 años, padece cardiopatías y problemas de movilidad.
Después de la Junta de Gobierno, de ayer, IMAS y Concejalía de Viviendas Municipales, junto al edil de distrito Salud-La Salle y de Urbanismo, celebraron una reunión para buscar una fórmula alojativa a las tres familias, como se les trasladó ya por la tarde.
En aras de facilitar del desalojo, el IMAS se compromete a darle alojamiento en un hotel, como ya se insistió el pasado jueves, y se da la posibilidad a los vecinos de que se decanten por uno de los pisos del recursos alojativo que poseen los servicios sociales en el barrio de La Salud –que no fue del agrado de los vecinos– o que las propias familias afectadas por el desalojo busquen un alquiler con el compromiso de que la Concejalía de Viviendas Municipales afrontará el coste. ¿Por qué hacen partícipe de la solución a Viviendas Municipales? Porque el IMAS solo puede pagar un máximo de 3.000 euros en concepto de alquiler anual y esa barrera se puede superar desde Viviendas Municipales, pues se les ha ofrecido costear mensualidades de entre 600 y 800 euros. Pero los vecinos quieren por escrito que cuando acabe la obra volverán a su viviendas en las mismas condiciones y que el ayuntamiento garantice el alquiler durante ese tiempo. A eso se suma que los caseros o inmobiliarias consultadas por los afectados no quieren saber del ayuntamiento y no encuentran pisos, mientras el tiempo acaba porque hoy la orden de desalojo se comunica al juzgado.
