Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Reforma fiscal | Un alivio para los bolsillos de los chicharreros

El ‘efecto Robin Hood’ del recorte fiscal

El aumento del IBI, para que las familias y las pequeñas y medianas empresas paguen menos por la tasa de basura, afectará a 23 grandes propietarios y 35 de sus inmuebles

Hotel Escuela, en Santa Cruz de Tenerife.

Hotel Escuela, en Santa Cruz de Tenerife. E. D.

Cinco entidades financieras (la aseguradora Mapfre y los bancos BBVA, Caixa, Santander y CajaSiete); cinco particulares, «tenedores de importante patrimonio inmobiliario»; grandes corporaciones, como Telefónica y Disa; administraciones (Cabildo, Gobierno canario y Estado) y empresas públicas. Son los 23 propietarios a los que el Ayuntamiento de Santa Cruz subirá el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para poder compensar la caída de ingresos que supondrá la nueva reforma fiscal que el Consistorio pondrá en marcha en 2022, tal y como lo adelantó EL DÍA, para beneficiar a las familias, a las pymes (pequeños y medianas empresas) y a los autónomos. Se trata de gravar a los que más tienen para que el resto pague menos. Así lo ha explicado el edil de Hacienda, Juan José Martínez (CC), quien indica que «ya algunos lo llaman el efecto Robin Hood en Santa Cruz».

Edificio de Usos Múltiples II, en Santa Cruz de Tenerife. E. D.

El Consistorio chicharrero ha decidido eliminar, a partir del 1 de enero del próximo año, la tasa de basura para las familias más vulnerables, que son unas 925, y para las pymes y autónomos del municipio, en concreto para los negocios que tengan una superficie menor a los 1.000 metros cuadrados (que son el 97% de las entidades establecidas en la capital, es decir, más de 12.300). Para el resto de vecinos, se aplicará un descuento del 10,5%, lo que supone una reducción de unos ocho euros en el recibo. Y para el resto de empresas, se seguirá manteniendo la bonificación actual del 50%.

Asimismo, se eliminará la tasa de aprovechamiento de dominio público con exceso de carga, lo que beneficia al sector de la construcción, y en concreto, al tráfico de camiones, y se aumentará la bonificación por la domiciliación de impuestos en los bancos, pasando del 3 al 4% en 2022, y al 5%, en 2023. Todas estas medidas de rebaja fiscal supondrán una pérdida de ingresos para las arcas municipales de 2,8 millones de euros, que el Ayuntamiento compensará con la subida del IBI a los grandes patrimonios de la ciudad.

En concreto, se verán afectados 23 propietarios y un total de 35 inmuebles del municipio, que son aquellos cuyo valor catastral se sitúa en una media de 5 millones de euros. Entre estos se encuentran las sedes de las citadas entidades financieras, Mercatenerife, las propiedades de la empresa pública Titsa, el Hotel Escuela, el Hotel Mencey, la sede del Cabildo, los edificios de Usos Múltiples, la Agencia Tributaria Estatal, la sede de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas), la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias y varias propiedades particulares.

Se les aumentará en un 0,6% el tipo aplicado del IBI, pasando del 0,5 hasta el 1,2%. Por ejemplo, en el caso de una propiedad cuyo valor catastral sea de 5 millones, su dueño tendrá que abonar al Consistorio por este impuesto unos 30.000 euros más. «Ante la parálisis en otras administraciones, esta Corporación local ha aprobado una rebaja fiscal histórica para fomentar la creación de empleo y aliviar la economía familiar, beneficiando a más de 100.000 contribuyentes de Santa Cruz. Pero para poder aplicarla sin desequilibrar las cuentas del Ayuntamiento, y sin que se vean afectados los servicios públicos, es necesario incrementar el IBI a los grandes tenedores de patrimonio inmobiliario. Estos tienen capacidad de pago suficiente para afrontar dicho aumento y, teniendo en cuenta los inmuebles de los que son dueños, esta carga fiscal es poco significativa para sus cuentas. De esta manera, contribuimos todos a la recuperación económica de Santa Cruz tras la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. Los grandes propietarios destinarán ese dinero en beneficio de la ciudad», ha manifestado el edil responsable de Hacienda.

Basura para las viviendas.

La tasa de la basura de las viviendas disminuirá en un 10,5%, lo que supondrá que los vecinos de Santa Cruz de Tenerife paguen al Ayuntamiento unos ocho euros menos. De esta forma, el recibo medio pasará de 77 a 69 euros al año. Esta medida beneficiará a más de 90.000 familias del municipio.

Familias vulnerables.

Las familias más vulnerables de la capital, que en la actualidad tienen una bonificación del 50%, dejarán de pagar la tasa de basura. En concreto, se beneficiarán de esta medida unas 925 familias, según los Servicios Sociales.

Basura para los negocios.

El Ayuntamiento también eliminará la tasa de la basura, bonificándola al 100%, para las pymes (pequeñas y medianas empresas) y para los autónomos cuyos negocios tengan una superficie menor a los 1.000 metros cuadrados. Esto supone que la medida beneficiará al 97% de las entidades establecidas en Santa Cruz de Tenerife, es decir, a 12.322. El resto seguirá beneficiándose de la reducción del 50% que el Consistorio chicharrero estableció en su momento.

Tasa por exceso de carga.

La reforma fiscal aprobada también incluye la eliminación, o bonificación al 100%, de la denominada tasa de aprovechamiento de dominio público por exceso de carga, que pagan, fundamentalmente, las empresas vinculadas al sector de la construcción, por el tránsito de camiones por las calles de la capital tinerfeña. Esta medida supondrá un ahorro para el sector de 60.000 euros.

Domiciliación.

Aumentará la bonificación por domiciliar en los bancos el pago de los impuestos municipales, pasando del 3% al 4% el próximo año, y al 5%, en 2023. Esta medida supone un ahorro adicional para los contribuyentes de 250.000 euros.

Incremento del IBI.

Para compensar la disminución de ingresos del Ayuntamiento que supondrá esta nueva reforma fiscal, de unos 2,8 millones de euros, se incrementará, en un 0,6%, el tipo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que pagan los grandes propietarios de la ciudad, como bancos y administraciones públicas, aunque también hay particulares. En concreto, la medida afectará a 35 inmuebles, cuyo valor catastral se sitúa en una media de 5 millones de euros. Estos pertenecen a un total de 23 propietarios.

Plazos.

La intención del Consistorio es que estas medidas entren en vigor el 1 de enero de 2022. De cara a 2023, el concejal de Hacienda indica que «estas serán revisadas, en función de la situación en la que nos encontramos».

Compartir el artículo

stats