¿Qué investigan en Teobaldo Power?

Con la tradicional rapidez y eficiencia para tramitar cualquier asunto, la Comisión parlamentaria de investigación del caso mascarillas o casos mascarillas o caso Torres (dependiendo de con quién hable), se constituyó el pasado lunes, tres meses después de haber sido solicitada formalmente su creación por el PP y Coalición. La comisión tiene entre seis y diez meses de plazo para emitir un dictamen, que probablemente no sirva absolutamente de mucho: es poco probable que la Comisión haga un informe demoledor de lo ocurrido, o al menos no más demoledor de lo que ya han contado los medios de comunicación, y es también poco probable que se descubran grandes episodios ocultos de las operaciones en cuestión. La comisión ésta no viene para liársela al Gobierno ni para empantanar con el y tú más a los de enfrente y hermanísimos varios. Eso queda reservado a las comisiones senatorial y congresual que se ocupan en Madrid de embarrar aún más el entuerto. Nuestra comisión de aquí, tropical pero con arranque en mayo final lluvioso y frío, está básicamente para demostrar que en Canarias se hacen las cosas de otra manera: al modo canario. Para explicar aún ese afán constructivo, se ha dejado claro que aquí no hay máquina de fango ni voluntad de enmierdarle el currículo a nadie. Que se ocupen los periódicos y los tribunales de hacerlo, que los diputados no están para sustos y perder amistades.

Presidida por elección consensual por Raúl Acosta, diputado herreño, y equilibrada con primor por el ex secretario general de UGT Gustavo Acosta, miembro del Gobierno de Torres en la pasada legislatura, y por la diputada Luz Reverón, beligerante en los días primeros del caso, Coalición eligió jugar de nuevo a la centralidad y a lavarse las manos, que las necesita bien limpias para seguir repartiendo a manos llenas collares, órdenes, distinciones y otras canonjías vitalicias. No quita este modo canario de hacer las cosas que la comisión se gane el sueldo y las dietas por asistencia: entre seis y diez meses dan para citar a todo quisque, y pasarán por allí medio gobierno anterior –Torres, por supuesto, y sus consejeros de Sanidad, y el ex vice Román Rodríguez– y Conrado Domínguez y Olivera, responsables del Servicio Canario de Salud cuando las compras bichadas a RR7 y a los amigos de Koldo, y el presidente de la Audiencia, Pedro Pacheco, al que socialistas y canaristas le reventaron el proyecto de informe del auditor Fernando Figueredo, que revelaba tongos variados en las compras. Convocados entonces, el Comité de Gestión que autorizó las compras, y los miembros de la Audiencia que se pasaron el nonato informe por el arco voltaico. Por preguntar que no quede.

Pero ese desfile de fieras circenses no va a dar mucho de sí. Habrá algún sustillo –quizá cuando hable Figueredo, que no ha dicho aún mucho– y alguna nueva disculpa del actual ministro sobre que él no sabía nada de lo que pasaba delante de sus narices, cuando su Gobierno compraba y compraba mascarillas a la gente con la que se iba a almorzar, o al colega Koldo, ejemplo para la militancia. Pero poco más, en lo local, que aquí nos conocemos y nos llevamos bien (casi) todos.

Una comisión de investigación puede ser como la detonación controlada de un arma de destrucción masiva, o como una incómoda reunión de club londinense, en la que se descubre que las botellas de mcCallahan 25 han sido rellenadas por el mayordomo con mcCallahan 18. Y me temo que hace meses que está decidido quién es el tipo al que le va a tocar hacer de mayordomo. Si se deja, claro. Porque incluso en los circos de ahora, con animales mecánicos alimentados con electricidad, una fiera mal traída puede entrar en corto y fastidiar todo el desfile. Supongo que dependerá de cómo vaya la causa penal y a dónde apunte.

Lo que está en entredicho es poca cosa, en serio: las compras en los tres casos mascarilla fueron multimillonarias, pero se hicieron con trámite de contrato menor, al decidir arbitrariamente que con la oportuna legislación sanchista de emergencia decretada por la pandemia, bastaba con la decisión de la Consejería de Sanidad para la adquisición directa de los suministros. Intervención ha detallado hasta seis ilegalidades que afectan a la contratación, las justificaciones de compra, la orden de aprobación de gasto y las firmas de las actas de los expedientes: no hubo informes previos a la contratación, ni orden que aprobara el gasto, ni publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ni actas de recepción de las entregas. Se compró a amiguetes o empresarios amigos de los amiguetes, y encima –en el caso inicial– no se entregó la mercancía comprada a RR7, que cobró y se gastó hasta el último euro y cerró luego la cuenta corriente. Aún andan intentando que paguen algo.

La Comisión nos contará sólo lo que ya sabemos. Me pregunto para qué se tomaron la molestia de intentar siquiera declararla secreta.

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