¿Quién llamó a quién?

En marzo del año 2020 el Gobierno decretó el primer estado de alarma de la pandemia del coronavirus y ordenó el arresto domiciliario de toda España. El miedo destilado en los telediarios ablandó la voluntad de una sociedad acojonada que accedió mansamente a encerrarse. Y mientras unos estaban en sus casas, otros se hacían ricos en las calles.

Nadie sabe cuántos cientos de millones se gastaron en la histérica compra de material sanitario. Las instituciones se lanzaron alocadamente a comprar a dedo, sin cautelas, sin tutelas y sin tutías. Y a veces la manera en que se cuentan las cosas revela su verdadera esencia. Que una autoridad diga que la decisión de adquirir mascarillas a una empresa se tomó porque alguien la recomendó desde el Ministerio de Transportes, es para mear y no echar gota. ¿En serio? ¿Las decisiones de las administraciones están basadas en que alguien le dice a alguien que le compre algo a alguien? ¿Pueden sostener públicamente esa inmundicia intelectual sin que se les caiga la cara de vergüenza?

De los más de mil millones que –calculan algunos– se gastaron en mascarillas, hay cincuenta entregados a una empresa desconocida, sin experiencia en el mundo sanitario, que pasó de no tener facturación alguna a que le entrara una lluvia de pasta desde el área del Ministerio de Transportes. Y que encima incumplió gran parte de los pedidos con material inservible. Una empresa presuntamente relacionada con Koldo García, asesor del ministro Ábalos, que hoy está en el ojo del huracán. Y a la que también se contrató en Canarias.

El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma mascarilla. Lo sabe muy bien el ex presidente Ángel Víctor Torres, con cuyo acrónimo se podría construir la Asociación de Víctimas del Timo. Dos veces se la metieron doblada. La primera, una empresa que vendía coches, que le levantó cuatro millones por mascarillas falsas. Luego le volvieron a timar con otros siete millones en los que también entró material inservible. Una persistente mala suerte. Pero queda por responder cómo llegó el nombre de esa desconocida empresa a las Islas.

«Nos la recomendaron desde el Ministerio de Transportes». Esto no funciona así: «Hola, soy el Ministerio de Transportes, te llamo para recomendarte una empresa estupenda que vende mascarillas». Los ministerios no existen en carne mortal. Solo los ministros y ministras. Así que la pregunta es: ¿quién pidió a quién que se comprasen las mascarillas a la empresa hoy investigada? En la rama canaria del nuevo caso mascarillas hay que despejar esa incógnita. Quien fue la conexión canaria con autoridad bastante para ordenar las compras que le sugirieron desde Madrid.

En las islas no podemos alegar sorpresa ante el escándalo. Lo conocemos desde mayo del año 2022, cuando los integrantes del Pacto de las Flores enterraron un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias que revelaba las irregularidades del contrato que hoy se ha judicializado. Si en el anterior Gobierno hubieran elegido la lupa en vez de la pala no estarían hoy delante de este ventilador de estiércol. Ahora, en en medio del incendio mediático, solo falta saber quién llamó a quién. O sea, desvelar los Koldos y los Reskoldos.