Administraciones públicas canarias

Hace casi 40 años, el 30 de mayo de 1984, escribí en la prensa de las islas sobre «un año de esperanzada autonomía», al cumplirse el primer aniversario de la misma. Como otros «autonomistas» de la época, que no éramos muchos, expresé mi convicción de que la aproximación de la administración a los administrados redunda en beneficio de estos. El 24 de febrero de 2003 pronuncié una conferencia en el Centro de Estudios Teológicos de la Universidad de La Laguna, aludiendo a la necesidad de unas administraciones públicas eficientes. Es este un tema recurrente al que muchos nos hemos referido en diferentes ámbitos y medios. Jerónimo Saavedra afirmó que «es necesario reducir al mínimo el exceso de intervencionismo que espanta proyectos de inversión a las islas, ante la maraña administrativa en materia de suelo y ante la maraña competencial entre las distintas administraciones». Fue en el ciclo organizado por el Parlamento canario en 2011 durante la VII autonómica y publicado en el libro Ideas para el futuro. Esa maraña administrativa no ha hecho más que aumentar con el paso de los años, como hemos analizado en alguno de los ciclos sobre lo público que a lo largo de 12 años hemos organizado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País un grupo de sus miembros.

Cualquier ciudadano que tenga que enfrentarse a algún trámite administrativo en alguna de las instituciones públicas sabe que inicia un camino que empieza, sin saber cuándo termina, tal vez algunos años después. Las administraciones han ido creciendo, en algunos casos con escasez de funcionarios. No es esto lo más grave. Además, los sucesivos gobiernos han ido creando organismos autonómicos bajo diferentes denominaciones: entidades públicas, fundaciones, sociedades mercantiles, etc… en número creciente que se acerca ya al centenar. Todos con sus correspondientes dirigentes y personal. Algunos están justificados, pero otros son auténticos «cementerios de elefantes», al que van políticos que han perdido sus cargos y encuentran en estos entes públicos su medio de vida, sin verse sometidos al control parlamentario del gasto que generan. En alguno de estos casos han llegado a contratar seguros médicos privados y planes de pensiones, sufragados con cargo al presupuesto del ente público que gestionan. Una auténtica corrupción canalla. Aparte está el caso de los llamados «asesores». Jerónimo Saavedra en su primer gobierno (1983-1989) tuvo ocho asesores. Yo en el mío cuatro. Posteriormente, he llegado a contabilizar hasta un centenar de ellos en alguno de los gobiernos posteriores. De ese centenar, sólo unos pocos con formación para asesorar en algo, según pude comprobar por Internet en los documentos del gobierno canario. Auténticos enchufados, que viven del presupuesto público. No son solo palabras mías. Conocidos los resultados de las elecciones autonómicas de 2019, el expresidente Paulino Rivero culpabilizó a los entonces dirigentes de Coalición Canaria de los malos resultados, en declaraciones a un periódico de las islas. Añadió que «ni siquiera han tenido en cuenta a la cantidad de gente que se queda fuera, sin cargos».

Éstas son sólo algunas de las causas de la situación de nuestras administraciones. El profesor Luciano Parejo, un prestigioso experto, se refirió al exceso de leyes canarias, muchas veces contradictorias, que empeoran la maraña administrativa a que he hecho referencia. Recomendó la derogación y simplificación de muchas de ellas, a fin de hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. No es tarea de los funcionarios. Es responsabilidad de los políticos.

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