Tensión implosiva

Aunque los zipis y zapes de Puigdemont sigan enredando un poco, qué traviesos, la investidura de Pedro Sánchez es un hecho. Este fin de semana será convocada la sesión plenaria del Congreso a tal efecto, que se celebrará en pocos días. Cada uno que se envuelva en su sayo; para mí este investidura es una muy mala noticia, y no porque un socialdemócrata (muy sui generis) sea de nuevo presidente del Gobierno, sino por el precio disparatado e irresponsable que se pagará para renovar su mandato. Ayer lo volvió a repetir enfático y dichoso el presidente de la Generalitat de Cataluña: la amnistía es una meta volante a punto de alcanzarse y la próxima es el referéndum de autodeterminación. Sin duda este anhelo, expresado por la primera autoridad política catalana, forma parte de ese «reencuentro total» que Sánchez y sus ministros vienen pregonando entre España y Cataluña. Lo que vende el Gobierno central a los medios de comunicación españoles muy poco tiene que ver con lo que venden los independentistas catalanes a los medios de comunicación y a la sociedad civil catalana. Tal y como se ha comentado en esta columneja hace semanas, el precio de la investidura incluye igualmente una quita de nada menos de 15.000 millones de euros de la deuda del Govern con el Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, con el Estado. Es un auténtico disparate: el Tesoro español coló en el mercado la deuda catalana porque ellos no podían venderla debido a su pésima calificación crediticia. El mismo sistema de financiación autonómica todavía en vigor beneficia obviamente a Cataluña, como beneficia a Andalucía. La deuda de la Generalitat ha sido permanente y casi sistemáticamente financiada por la Administración General del Estado. Entre 2012 y 2023 Cataluña ha recibido unos 98.000 millones del FLA. El Tesoro les ha colocado en ese lapso de tiempo más de 118.000 millones. A través del famoso Plan de pagos a proveedores Barcelona ingresó 6.465 millones de euros en la década 2012-2022. La comunidad catalana ha sido un lastre financiero para España desde la crisis de 2008 y, posteriormente, con la pandemia del covid y sus consecuencias. Ahora, al anunciarse la condonación, los socialistas deslizan que gracias a «un mecanismo» (¿quizás un botijo?) otras comunidades se beneficiarán, pero ninguna como Cataluña, desde luego: solo hay que observar el nivel de deuda per cápita de cada región. Mientras la deuda catalana ronda los 72.000 millones de euros la de Canarias no llega a los 1.296 millones. Andalucía unos 25.000.

Después de un largo periodo de pragmatismo –el pragmatismo que descubrió que la utopía, como la Tierra, era redonda, y que siempre regresas al mismo sitio cuando avanzas hacia un ideal que resuelve todos los problemas– las izquierdas occidentales, que no tenían mucho que ofrecer más allá de un mermado Estado de Bienestar, descubrieron los encantos de la irresponsabilidad. Primero la irresponsabilidad verbal. Salía barata. Solo había que rebautizar el mundo, como los habitantes de Macondo. Pero después le metieron mano al dinero que ellos mismos crearon y pusieron en circulación. Han bastado tres circunstancias para convencer a Sánchez y los suyos –y luego a militantes y votantes socialistas– que ninguna de sus decisiones tendría un coste inasumible: descubrir que el PSOE jamás podrá gobernar con sus propias fuerzas y deberá pactar per saecula saecolorum con los nacionalismos de derecha e izquierda, diseminar una política de identitarismos fragmentados como nuevas banderas progresistas y confiar en el miedo a la ultraderecha para admitir cualquiera de los múltiples abusos de poder de los últimos cuatro años (el procedimiento parlamentario para llegar a la nueva ley de amnistía será otro ejemplo de filibusterismo y desprecio a la norma). Ya saben ustedes: si no concedemos la amnistía gobernarán el PP y Vox. Es falso. Lo que ocurriría sería la convocatoria de nuevas elecciones generales para enero. Y entonces, ciertamente, PP y Vox podrían alcanzar mayoría absoluta. No por mala gestión administrativa, no por una angustiosa situación económica, sino precisamente por conceder la amnistía y todo lo demás sin un puñetera contrapartida de los independentistas. Es la estrategia político-electoral del PSOE la que está llevando, en el contexto de un Estado sometido a una tensión implosiva, a una mayoría absoluta del PP y Vox. Dentro de dos meses o dentro de dos años.

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