Justicia para unos pocos

La legislatura que acaba se ha caracterizado por su extrema inclinación hacia lo político, que se ha superpuesto y eclipsado lo común, ordinario y que preocupa a la mayoría de la ciudadanía. Tal vez sea porque todo gobierno de coalición, plural, lleve consigo la necesidad de acoger las pretensiones múltiples de los que lo conforman o tal vez sea porque eso, lo político, que a veces roza la demagogia, vende más a nivel mediático y de confrontación con el adversario que ofrecer soluciones a problemas cuyo remedio es poco efectivo de modo inmediato por su complejidad. Lo cierto es que la legislatura ha pasado sin que se hayan ofrecido respuestas a aspectos cruciales para el sistema que, por ello, han empeorado.

Basta limitarse a contemplar el estado de la Justicia y observar la profunda crisis en que se ha instalado el sistema en su conjunto, desde los jueces, pasando por los letrados de la administración de justicia y los funcionarios, hasta los abogados y procuradores. Han estallado ante la pasividad del Ministerio de Justicia y las diversas CCAA frente a problemas graves a los que no se ofrecen soluciones, se han abandonado e ignorado, de modo que a día de hoy se están señalando juicios para el año 2026. Cualquier ciudadano que precise de la tutela judicial debe saber que la misma, cuando se produzca, no será efectiva como ordena la Constitución, pues es sabido que justicia tardía no es justicia.

Si la Justicia no funciona suele ser sustituida por la ley del más fuerte; a veces por la fuerza; en otras ocasiones, por el abuso del poderoso que impone sus condiciones ante quien precisa de una respuesta inmediata por motivos de mera supervivencia.

En el año 2021, ingresaron en los juzgados más de seis millones de asuntos, repartidos entre los diversos órdenes jurisdiccionales. Muchos son desde luego, sin que se haya producido en este ámbito mejora alguna en forma de inversión material o personal. Y poco a poco se han ido incrementando las dilaciones a las que los competentes en la materia han hecho caso omiso, ocupados en sus intereses inmediatos.

Frente a la realidad de la desatención a los asuntos ordinarios, la legislatura ha venido marcada por tres tendencias muy notorias: la primera, el devaluar la independencia judicial en un intento, ya secular, de controlar a jueces y magistrados; la segunda, la casi exclusiva dedicación a legislar para minorías, que, siendo sensibles, no lo son tanto como para abandonar a la inmensa mayoría a su suerte; la tercera, las genialidades de quienes quieren que la Justicia deje de serlo para ser sustituida por la bondad humana, por una mediación que creen será perfecta a pesar de las experiencias pasadas, que el ciudadano sea responsable de sus problemas y soluciones, que, como decía la Constitución de 1812, los españoles seamos buenos y pacíficos. Y, claro está, todo esto con ahorro de inversión y el incremento de un inteligencia artificial que miran con excesivo arrojo y escasa prudencia. Mucha innovación sin atender a la realidad y excesiva creatividad sin base suficiente en el conocimiento.

La Justicia ha sido noticia permanente. El gobierno de la misma ha sido el centro de atención, siendo así que esta cuestión afecta poco o nada a los conflictos ordinarios y solo tiene relevancia en aquellos que entran de lleno en lo llamado «político». Pero, sin cuidado y relegando lo importante para todos, ha sido el control del Poder Judicial tan determinante que al final ha afectado gravemente a la percepción que la ciudadanía tiene de sus jueces, ajenos a esta controversia. Un daño conocido, aceptado y posiblemente promovido para elevar al Ejecutivo y a los partidos por encima de un Poder Judicial afectado en su autoridad moral.

Legislar para minorías con olvido de la mayoría es tarea que vende titulares, más fácil que hacerlo para el común, más barato. Pero al final, ese olvido de lo general se traduce, como ha pasado, en un conflicto con todos los sectores implicados en la administración de la Justicia, ignorados, exigidos sin medios, controlados con medidas de eficacia meramente cuantitativas. No importa el cómo, sino el cuánto. Y el Ministerio de Justicia los ha casi despreciado, sin atender sus reivindicaciones, que son las propias y adecuadas a la situación. La última, la justicia gratuita y el turno de oficio, es tan evidente, que significa el abandono de los que carecen de medios para afrontar los costes de un proceso. Mucho sí es sí, violencia muy determinada, igualdades por razones limitadas, protección de débiles selectivos sin atender a los muchos débiles causados por la realidad. Ese es el resumen de una legislatura que acaba con una Justicia maltrecha y empobrecida para desgracia de todos.

Y, en fin, leyes que no se van a aprobar, afortunadamente, que expresan rotundamente que no se va a invertir y que cada cual debe resolver sus conflictos. Todo muy moderno, fruto de visiones de visionarios posiblemente poco estudiados y por ello sensibles a todo lo que suene a moderno y progresista, aunque no lo sea y provenga de sistemas, como el americano, que puede ser de todo, menos progresista.

La Justicia precisa de una atención urgente antes de que se muera entre el abandono político, su uso interesado para objetivos que, aunque sean lícitos, no son los más relevantes para el ciudadano y no dar pasos hacia una modernidad ignota y ajena a nuestro sistema, pero, eso sí, eficiente dicen. Eficiente es barata, low cost. Pagar a precio de saldo se quiere lo que es clave para la paz social, la igualdad de todos, no de algunos solo y la solidaridad.

Más modelo social ha faltado a este gobierno, que en este ámbito se ha escorado hacia posiciones liberales que desmienten su aparente sensibilidad.

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