Una justa y eficaz administración pública

Ni la transparencia ni la pulcritud en el procedimiento justifican el avance de la burocracia en la administración pública. La Ley de Contratos del Estado trató de enmendar el embate de la corrupción en las adjudicaciones, además de frenar la financiación ilegal de los partidos, una lacra relevante en la política española de las últimas décadas. Ambos objetivos, loables en su consolidación, han complicado hasta un escala kafkiana el nivel de funcionamiento de gobiernos y corporaciones locales en Canarias, especialmente en las contrataciones de servicios esenciales para los ciudadanos y en los pagos de facturas a proveedores.

La agilidad y eficacia en los trámites de la administración pública resulta clave para la estabilidad del estado del bienestar. La coordinación y el resultado óptimo solo se puede alcanzar con una plantilla idónea de funcionarios. Las medidas para la sostenibilidad tomadas en 2013, en consonancia con la política de austeridad de la UE, dejaron en situación agónica a ayuntamientos y autonomías en lo que se refiere a la contratación de personal.

Las exigencias procedimentales en favor de la perfección de los expedientes requieren de más funcionarios. Un incremento que no se ha cumplido por el bloqueo en la convocatoria de la ofertas de empleo público, restricción que convierte en un verdadero infierno el proceso de compra de materiales para el normal funcionamiento de las administraciones. Dificultades que pasan a convertirse en frustración cuando se trata de cerrar contrataciones anuales o plurianuales en ámbitos como la limpieza, jardinería o el mantenimiento de carreteras.

La precariedad funcionarial de las instituciones se refleja en los problemas para sacar adelante los proyectos Next Generation, articulados por Bruselas para estimular la economía de los países tras la pandemia del covid. Se trata de unos expedientes que requieren una pericia probada, una exigencia a la que no todas las administraciones se pueden enfrentar y que provoca finalmente la pérdida de una oportunidad de cara al progreso de sus ciudadanos.

Frente a este escenario lleno de sombras, instituciones como los ayuntamientos, acuciados por la lentitud y la ineficacia, contratan servicios externos de asesoría para paliar la carcoma de la burocracia. Pero la alternativa también tiene sus impedimentos: nos encontramos ante la pescadilla que se muerde la cola, dado que este tipo de contratos requieren del criterio experto de un equipo de funcionarios, atentos al intríngulis del procedimiento, para poder superar el filtro del departamento de intervención. Una musculatura de la que carecen la mayoría de las corporaciones, sobre todo las municipales, afectadas, como se ha dicho, por la falta de remoción de personal y por las jubilaciones entre los grupos funcionariales más cualificados y con mayor experiencia.

El afán fiscalizador de la legislación alimenta la búsqueda de vericuetos para mantener el funcionamiento de los servicios por parte de las instituciones. En el año 2022, la Audiencia de Cuentas de Canarias alertó de que las administraciones y sociedades públicas abusan del uso del fraccionamiento de contratos para eludir los requisitos de publicidad, así como de los debidos procedimientos de adjudicación establecidos. Otra casuística es la de vehiculizar las transferencias de gastos a través de sociedades públicas como huida del derecho administrativo.

El reto para que la administración pública no colapse está, como se ha dicho, en que el rigor en favor de la transparencia no sea un obstáculo para las tramitaciones. El aumento de controles requiere más funcionarios con la materialización de más ofertas de empleo público. Y en este apartado volvemos de nuevo a la pescadilla que se muerde la cola: la falta de funcionarios para desarrollar el expediente de unas oposiciones que no acaben siendo impugnadas judicialmente por los defectos de la convocatoria.

Pero la maraña burocrática no es solamente un tumor que extiende sus raíces en las prácticas contractuales de la administración con otros. En el lado opuesto a la burocracia está el avance de una administración electrónica que beneficie a todos los que han cerrado un contrato con un organismo público, están pendientes del cobro de una factura, la apertura de un comercio o la licencia para una promoción de viviendas, trámites que suelen eternizarse hasta el hastío.

Una digitalización, por otra parte, que debe alcanzar a todas las capas sociales. Su progresiva puesta en vigor está evidenciando efectos perversos debido a la brecha digital, que impide a muchos ciudadanos la tramitación de sus asuntos. Acudir a la cita previa en determinadas administraciones tampoco es un consuelo: cuesta conseguirla y la fecha y hora se dilata, algo que pone al descubierto la carencia de funcionarios para atender la demandas para un simple empadronamiento o la aportación de un cambio en la filiación en la oficina de la Seguridad Social. La administración no tiene más remedio que atender a aquellas personas que por edad, recursos económicos o falta de formación no pueden acceder a las herramientas informáticas. La digitalización también debe ser real y no un mero instrumento para fines electorales.

La burocratización en su estado más grave representa un fracaso de la política, pues se caería en una contradicción flagrante si la administración pública no es capaz de resolver y gestionar sobre los propios asuntos que la misma requiere a los ciudadanos a través de sus leyes u ordenanzas. Tanto la hipertrofia como el adelgazamiento son males a evitar. No olvidemos que la administración es una de las cimas en la evolución hacia el estado liberal, una consecución del pueblo frente a las ambiciones de los monarcas absolutos y los señores feudales. La administración, por tanto, gestiona lo que por justa constitucionalidad corresponde a los administrados a través del pago de sus impuestos. Estamos ante un servicio prioritario.

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