Guardia Civil, unas corruptelas de cuartel para el alto mando

Al caso Mediador le ha salido una ramificación, el caso Cuarteles que, por lo conocido hasta la fecha, le supera con creces en los efectos económicos e institucionales. Lo que empezó a difundirse como una presunta trama de corrupción política donde los protagonistas apenas han sido capaces de movilizar unos miles de euros, aunque con modos y maneras de una gran sordidez y de enorme reproche social, el caso Mediador, se ha convertido con el paso de los días y por las investigaciones conocidas, en un asunto, caso Cuarteles, de mucha mayor relevancia económica y en la que aparecen implicados altos mandos de la dirección general de la Guardia Civil.

Lo que ya se conoce como el caso Cuarteles pone el foco en el instituto armado en una trama de corrupción en obras de reforma y reparación en acuartelamientos y edificios de varias comandancias de la institución en todo el Estado a base de amañar contratos y favorecer a una constructor canario a cambio de mordidas por parte de los mandos investigados por Asuntos Internos.

No se ha establecido por el momento ningún nexo de unión entre la operación judicial que afecta a la Guardia Civil con las actividades del caso Mediador, pero en ambos el centro de las respectivas tramas se inicia en Canarias con el general de división Francisco Espinosa, que fue jefe de la comandancia de Las Palmas, y el constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, beneficiario de las reformas de las comandancias.

Es de esperar que la justicia actúe con rigor, pero también con el bisturí preciso en cada uno de los casos en investigación, al igual que tanto por parte de los partidos políticos como de los medios de comunicación no se inicie una causa general de juicios sumarísimos y se acoten las responsabilidades a los hechos que, de verdad, respondan a la realidad del sumario.

El caso Cuarteles supone para la Guardia Civil un episodio que mancha la honorable historia reciente de la institución. Sería injusto olvidar durante estos años el sacrificio profesional, el compromiso democrático y la labor encomiable de la mayoría de los guardias civiles, pero esta causa replica el descrédito para el cuerpo del caso Roldán en los años 90, con una salvedad. En aquel caso la responsabilidad de la mancha recaía en la gestión política. Afectaba sobremanera a un civil, Luis Roldán, al que el Gobierno de Felipe González colocó al frente de la Dirección General, mientras que en esta causa quienes están implicados son miembros del Estado Mayor –generales de división y tenientes generales– y coroneles jefes.

La Guardia Civil pasa por ser una de las instituciones del Estado que más ha evolucionado durante la etapa democrática. Una transformación en la que ha cambiado por completo la imagen que la sociedad española tiene del cuerpo si se compara con la de la dictadura. De ser una de las fuerzas policiales claves de la represión franquista, con una estructura de mandos y un método de captación de agentes muy lejos de la cualificación profesional, el instituto armado ha pasado a ser, ya desde hace años, un ejemplo de adaptación a la sociedad democrática, plural y respetuosa con las nuevas costumbres, y a los nuevos tiempos políticos y sociales.

Ha dado entrada a las mujeres en su seno de manera ejemplar, que cada vez copan más altos cargos de responsabilidad. Como directora general está por primera vez una mujer, María Gámez. Además de su papel en la lucha contra el terrorismo en los momentos en que ETA más golpeaba, con cientos de víctimas entre sus filas, la Guardia Civil se distingue en labores de gran reconocimiento social como las misiones internacionales y humanitarias, la persecución de los delitos medioambientales, la seguridad vial o la participación en las operaciones de protección civil en las catástrofes. No hay ninguna duda por tanto del compromiso de la institución con la sociedad española y su vocación de servicio público e implicación en una sociedad democrática, libre y plural.

Por eso este asunto supone un enorme mancha; por cómo erosiona la confianza dentro de la institución, por cómo deteriora la moral interna y por la enorme decepción que supone para los miles de agentes y mandos impolutos y abnegados en el cumplimiento de su deber descubrir unas prácticas de sus mandos, en quienes más confianza depositan en un cuerpo tan jerarquizado, cayendo en prácticas corruptas.

Un caso que salpica a altos mandos de la Guardia Civil que debieran de dar ejemplo de honor y honradez y que actúan en beneficio propio, adaptando de manera sibilina el socorrido «todo por la patria» por un vergonzoso «todo por la pasta» en una trama corrupta en la que perviven métodos internos de gestión que permiten esas corruptelas.

El primer alto mando que apareció en las actuales investigaciones judiciales fue el general de división retirado Francisco Espinosa, único detenido para el que se ha decretado ingreso en prisión, pero pronto le siguieron varios cargos más entre los investigados en las diversas tramas surgidas. La clave de la operación Cuarteles está en ese modus operandi en la gestión de las obras en acuartelamientos y comandancias, en la que el principal protagonista de este episodio, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, como jefe del Mando de Apoyo e Innovación durante el periodo investigado, encargaba obras y contrataba servicios y suministros para el instituto armado en ocasiones sin que esos trabajos fueran necesarios.

El gran beneficiario era el constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera, apodado Mon, en diversas comandancias de todo el Estado, al que se encargaba trabajos de menos de 50.000 euros para eludir el concurso público en las adjudicaciones y cobrar por ello pequeñas mordidas, según se desprenden de los propios informes del departamento de Asuntos Internos.

En algunos casos el coronel jefe acataba la orden del superior de contratar con Mon, mientras que otros se rebelaban. Al menos trece comandancias de toda España están investigadas por Asuntos Internos, que ha pedido al juez que instruye la causa que tome declaración a los respectivos coroneles jefe.

Con rapidez, una vez el caso se ha difundido, la Guardia Civil ha podido actuar con diligencia y rotundidad. Así ha sido con la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Tenerife, José María Tienda, un cese llevado a cabo a instancias del General Jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera. Con Tienda, amigo de Espinosa con quien aparece en una sospechosa conversación en el caso Mediador, Mon facturó 1,5 millones de euros en la comandancia de Santa Cruz de Tenerife en una veintena de obras sospechosas para Asuntos Internos.

Con una instrucción todavía en fase embrionaria, los indicios apuntan a un grave problema de vigilancia y control interno de esas chapucillas de cuartel de las que cuelgan corruptelas que el instituto armado no puede permitirse en una sociedad que tiene a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente las encargadas de perseguir el delito y el crimen, por entidades honorables y de confianza máxima.