Sin reparos

La Sala de lo Penal del Supremo decidió ayer archivar la causa del llamado caso Reparos contra Fernando Clavijo, sin llamarlo siquiera a declarar, al entender que no existen indicios del delito continuado de prevaricación administrativa, del que le acusaban quienes, por segunda vez, pretendían repetir la misma operación de derribo y desalojo, con la que ya tuvieron éxito en 2019, durante las elecciones regionales y la investidura presidencial.

El tribunal ha sido categórico al concluir que los hechos de los que Santiago Pérez acusó a Clavijo –el levantamiento por la alcaldía de reparos de la intervención, una práctica absolutamente común en la mayoría de los ayuntamientos españoles– «no revisten apariencia de delito». El ponente de la causa, el magistrado Antonio del Moral, considera que las contrataciones no fueran arbitrarias ni ilegales, aunque pudiera haberse incurrido en alguna irregularidad. Del Moral entiende que los reparos fueron levantados para evitar la pérdida de servicios públicos, y se acoge a la jurisprudencia común, que establece que el delito de prevaricación –del que se acusa a Clavijo– requiere que una resolución administrativa «sea arbitraria» y «que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia».

El magistrado explica también en el auto, en contra de las argumentaciones planteadas por la acusación, que la prevaricación no consiste en sumar distintas irregularidades: «la suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricación lo que aisladamente considerado no es más que una irregularidad», dice el juez, que añade que no se trata de un problema cuantitativo, sino cualitativo, y que los reparos levantados por la alcaldía de La Laguna cuando Clavijo era alcalde no fueron dictados por intereses ajenos a lo público o «con desdén o indiferencia frente a la legalidad».

El caso Reparos ahora archivado es el segundo intento frustrado de destruir en los tribunales la carrera política de Fernando Clavijo. Tiene su origen en las denuncias públicas realizadas en 2018 por Santiago Pérez y otros concejales entonces en la oposición en La Laguna. Tras diversas vicisitudes, entre otras la decidida implicación de la fiscalía anticorrupción, que activó la presentación en el Supremo sólo unas horas después de que el Supremo archivara el caso Grúas, la causa llegó hace ocho meses al alto tribunal, con el procedimiento ya muy trabajado por la jueza de La Laguna. Ante la solicitud de la fiscalía del Supremo de que se le citara como imputado, Clavijo anunció su deseo de renunciar a la petición de suplicatorio, que protege a los aforados en el Congreso y Senado. Finalmente, el Supremo ha entendido que no era necesaria su declaración como investigado, y ha decidido archivar la causa. Es la segunda vez que el Supremo archiva un procedimiento abierto por Pérez contra el que fuera alcalde lagunero y presidente del Gobierno regional.

La primera causa que archivó el Supremo, el caso Grúas, fue también presentada o inspirada por los adversarios políticos de Clavijo en La Laguna. Aquel archivo se dictó en auto del entonces presidente de la Sala Segunda, el magistrado canario Manuel Marchena. Ocurrió en junio de 2020, justo un año después de que la denuncia del caso Grúas lograra su objetivo político, que era bloquear a Clavijo como presidenciable válido. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió tras las elecciones regionales de 2019, cuando Clavijo tuvo que renunciar a ser la opción de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno, ante la negativa de Ciudadanos a apoyarle, porque estaba siendo investigado. Esa situación, que el bloque Coalición-PP intentó remediar con un acuerdo para que María Australia Navarro fuera elegida presidenta, provocó complicaciones y demoras en la materialización del pacto inicialmente previsto –Coalición, PP, Ciudadanos y los gomeros–, y permitió a Casimiro Curbelo escabullirse del pacto por la derecha y cerrarlo con la izquierda, convirtiendo a Ángel Víctor Torres en presidente del Gobierno de las flores y desatando una cadena de mociones de censura en cabildos y de operaciones con tránsfugas en diversos Ayuntamientos, para forzar un desalojo casi total de los nacionalistas de las instituciones isleñas.

La operación fue un éxito, por el que su principal ideólogo y muñidor, el exsocialista Santiago Pérez, a pesar de su fracaso como abogado acusador, fue ampliamente recompensado: hace dos años pasó a ocupar, manteniendo su militancia en un partido distinto al PSOE, la plaza de senador por la Comunidad Autónoma que correspondía a los socialistas. En ese momento Pérez –que había criticado el aforamiento senatorial de Clavijo– estaba también siendo investigado por una denuncia de Javier Abreu...

Suscríbete para seguir leyendo