El corazón de la ley

Han tenido que pasar tres meses desde que empezó el escándalo de la rebaja de penas a agresores sexuales para que el Gobierno anunciara que piensa mejorar la Ley del sí es sí. Parece ser que se trata de una decisión del presidente Sánchez, y que es inapelable, después de titubeos y contradicciones, de hacer responsables a los jueces de aplicar la ley como ha sido redactada y aprobada, y de que desde Podemos se insistiera de forma clara y contundente en que nunca nunca nunca se cambiaría.

Aunque en política nunca es un sofisma: ahora, tras la decisión de Sánchez, Irene Montero ha preferido aflojar un par de puntos. En un acto podemita de ayer en Lanzarote, junto a Noemí Santana, la señora Montero ha lanzado dos mensajes que si no vinieran de ella podrían ser considerados bastante contradictorios: uno ha sido el de reivindicar la continuidad del gobierno de coalición con el PSOE, como una bendición caída del cielo a todas las clases populares y transversales. El otro, insistir en que Podemos garantizará que el consentimiento siga «en el centro del Código Penal» y se garantice y proteja «el corazón de la ley». En realidad, no es del consentimiento de lo que se discute estos días: es de una ley apresurada y mal pergeñada, que en su aplicación práctica está sacando a violadores y delincuentes sexuales a las calles, además de provocar un enorme desplome de la credibilidad de un Gobierno que es consciente de haberse equivocado, pero se ha resistido numantinamente a rectificar, en un año con dos citas electorales.

Montero ha garantizado hasta ayer mismo que la ley seguirá igual, pero eso es ya imposible: Sánchez tiene a su disposición los datos que le dicen que la calle está soliviantada. Por mucho que se desgañiten la secretaria de Estado (doña Ángela Rodríguez, alias Pam) y la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, artífices principales de este bochornoso fiasco, la ley será revisada, tiene que serlo. Y cuanto antes mejor, porque cada semana se producen nuevas excarcelaciones y reducciones de condena, por mucho que a doña Pam el asunto le parezca para tomárselo a coña.

El verdadero dilema no es ya si la ley se cambiará, es cómo hacerlo sin provocar un cisma en el Gobierno. En la nota oficial de Moncloa, lo que se dice es que desde que los jueces empezaron a aplicar la ley y a reducir las penas como la ley marca, se está haciendo «un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados».

Se trata de un pobre eufemismo para explicar que el Gobierno va a modificar la ley. Porque en este país no hay otra forma de actuar cuando se aprueba una ley tan mal hecha que al aplicarla se provoca más daño que bien. El empecinamiento de Montero, Pam y Rosell en no reconocer que había errores técnicos en el proyecto, errores que fueron advertidos y denunciados antes de su aprobación, ha provocado una situación que ya es irreparable, y que será más grave cuanto más se tarde en intervenir. Lo ideal en una situación como esta sería derogar la ley, y volver a llevar a las Cortes un proyecto corregido que no contenga los disparates del anterior, aunque conserve su filosofía. Eso es lo que a Sánchez y su cuerda les gustaría, pero Montero y las suyas siguen instaladas en el sostenella y no enmendalla, insistiendo en la explicación de que lo que hay es una ofensiva indecente de la derecha «política, mediática y judicial». Las derechas parlamentarias, los medios y los jueces, conspirando otra vez contra las mujeres y sus derechos. Y contra Podemos que lo único que hace es defender «el corazón de la ley».

Una preocupación nueva, esta de salvar el latido de la legalidad: el Gobierno de coalición PSOE-Podemos lleva meses descuajaringando a modo y conciencia los corazones de las leyes, trampeando con decretos, addendas, leyes de acompañamiento y otros filibusterismos para retocar el Código Penal o las normas legales a su conveniencia. Y a nadie del Gobierno parece haberle importado una higa ni los atajos ni los trampantojos parlamentarios de los que se ha abusado para sortear leyes, cambiar la tipificación de delitos o modificar el sistema de equilibrios y garantías sobre el que lleva asentado el sistema constitucional español desde 1978. A nadie le ha importado mucho herir de muerte las leyes en su mismo corazón.

Ahora, la señora Montero nos pide respeto por la mal parida ley del sí es sí, y vuelve a insistir en sus argumentos de siempre. Intenta ganar tiempo, pero tragará. Acabará aceptando lo que diga Sánchez. Aunque no admitirá haberse equivocado. Aquí no dimite nadie.

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