La verdad en juego

«La verdad es dura, está oculta, debe ser perseguida, es difícil de oír, rara vez es simple, no es obvia, no se puede pasar por alto, no tiene agenda, no debe manufacturarse, no toma partido, no es azul o roja, es difícil de aceptar, no se anda con chiquitas, es poderosa, siempre está siendo atacada, merece defenderse, requiera dar la cara y es más importante ahora que nunca». Esta breve epistemología de la verdad fue publicada por el Times la primera vez que Donald Trump, hamburgueseando ya en la Casa Blanca, calificó a la prensa como «el enemigo del pueblo». Cuando desde el poder, en una democracia sin duda anémica e insatisfactoria, se califica como «enemigos del pueblo soberano» a la prensa, a los jueces, a los sindicatos o a los intelectuales ya sabemos a quién debemos temer.

Porque esto, esta sima por donde se despeña la democracia mientras la gente espera con impaciencia la final del Mundial de Fútbol y compra la oferta de turrones en el supermercado, va de ambición de poder y sobre todo va de la verdad, no de nuestro bienestar ni de la defensa del sistema constitucional. Ayer nadie intentó un golpe de Estado en España. Todos hablan irresponsable y canallescamente de golpe de Estado para esconder sus responsabilidades o sus impotencias. El PSOE y sus compinches hablan de una derecha judicial que asedia al Parlamento, de un golpe de fuerza –lo dijo así un tarambana que necesita el escaño para comer y hasta para merendar– que en vez de tricornios llevan toga. Y el fulano fue aplaudido porque nadie de ese centenar largo de arrebatacapas recuerda que los mandos de la Guardia Civil estuvieron en febrero de 1981 con la Constitución y con el Gobierno de subsecretarios de Francisco Laína.

Por supuesto – y por enésima vez habrá que escribirlo– el PP carga con la vergonzosa responsabilidad de haber bloqueado torticeramente la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años, con su impacto en el Supremo y el Constitucional. La derecha no puede soslayar su contribución mezquina al descrédito del poder judicial. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días lleva la firma de Pedro Sánchez y sus acólitos y revela una estrategia consensuada a la que se le ha puesto el acelerador. En una proposición de ley tramitada por el procedimiento de urgencia para eliminar el delito de sedición y abaratar el de malversación –otra pieza de un derecho penal de autor con nombres y apellidos beneficiarios en el espacio político de ERC– los socialistas introdujeron dos reformas de sendas leyes orgánicas, para facilitar, entre otras cosas, que sus dos candidatos al Constitucional –un exministro y una exalto cargo de Presidencia– se incorporen cuanto antes. A este abuso procedimental opuso el PP un recurso de amparo, herramienta prevista en el ordenamiento jurídico: un grupo de diputados conservadores consideraron que la decisión de la Mesa del Congreso de admitir a trámite la incorporación de esas reformas a toda leche del leyes orgánicas vulneraban sus derechos y solicitaban su suspensión cautelar. ¡Golpe de Estado! ¿Puede decir que no había tal golpe pero que me preocupé casi como si lo hubiera? La autonomía del poder legislativo no estaba afectada en ningún momento. La verdad estaba en las razones de las prisas descangalladas de la tropa sanchista para aprobar todo antes de navidades y que muchos –quizás el propio Oriol Junqueras– puedan presentarse en mayo, no en la solicitud de unas cautelarísimas que finalmente los fascistas togados, pese a todo su poder maligno, decidieron no dictar. Sí, me asusté al escuchar lo del golpe de Estado. Porque entonces me dí cuenta que las palabras no significaban nada. Que todo era solo una masa sucia y oscura y ciega de ambición de poder, rodando sobre mentiras grotescas, dispuesto a aplastar al sistema constitucional.

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