Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad intentarán hoy ponerse de acuerdo, en la reunión del Consejo Interterritorial, sobre la opción de reducir la actual cuarentena de diez días que hoy tienen que pasar las personas diagnosticadas de covid. La opción que podría prosperar, si finalmente se produce consenso sobre esa medida, es que las personas vacunadas puedan pasar sólo cinco días de aislamiento, como ya ocurre en Estados Unidos y Reino Unido. Es obvio que la medida –que se justifica en la conveniencia de evitar lo que se ha denominado sobreconfinamiento– tiene un marcado carácter económico: diez días de baja obligatoria para todos los infectados activos, con unos niveles de contagio como los que estamos soportando en estos momentos, suponen millones de horas de trabajo perdidas para las empresas y para el país. Y es cierto, además, que muchos de los positivos actuales, a pesar del crecimiento exponencial de los contagios, pasan el aislamiento con cuadros clínicos muy moderados, sin complicaciones graves, o incluso en situación asintomática. En toda Europa se evalúa la posibilidad de copiar el nuevo modelo británico –siete días de confinamiento– o incluso el estadounidense –cinco–.
La decisión no parece disparatada, pero choca frontalmente con las restricciones a la circulación que –cada vez más– se extienden por todo el territorio del país, esta vez con el concurso de los tribunales de Justicia, menos críticos con las medidas propuestas por los gobiernos. Y es lógico que así sea: si el ritmo de expansión de ómicron sigue desatado, si no se produce en las muy próximas semanas un retroceso radical de los contagios similar al que se ha detectado ya en Sudáfrica, podríamos estar superando los dos mil casos por cien mil habitantes antes de mediados del próximo mes de enero, una cifra completamente inabordable para cualquier sistema sanitario, a pesar de que en estos momentos sólo algo más de uno de cada cien infectados acaban hospitalizados, y de ese uno por ciento, el quince por ciento termina en la UCI. Son cifras aún asumibles por el sistema de salud, pero dejarán de serlo si los contagios siguen creciendo a este ritmo desbocado. Pedro Sánchez ha restado importancia al impacto clínico de ómicron en unas declaraciones realizadas el lunes desde La Palma, donde reconocía las altas tasas de contagio, pero insistió en que los ingresos hospitalarios han disminuido muchísimo. Quería decir, supongo, que no están aumentando a la velocidad que aumentaron en las primeras olas, pero no han disminuido, de hecho, no paran de crecer. Canarias, sin ir más lejos, registró ayer cerca de 4.000 nuevos contagios, con más de setenta personas en UCI y tres fallecidos en la última jornada. Son cifras que no se daban desde el inicio de la pandemia.
Esa es la realidad: para una parte importante de las personas afectadas, el covid se está convirtiendo en una molestia menor, que será menor aún si el pasarlo no implica tener que estar encerrado durante diez días. Pero para un pequeño porcentaje de personas sigue siendo un grave peligro que puede conducir a la hospitalización e incluso provocar la muerte. Y para la economía del país –y del planeta entero– continúa siendo un desafío enorme el hacer frente a los millones de horas perdidas, al bloqueo de la actividad económica, a la ruina de las empresas y al crecimiento disparado de la deuda pública. Pero no para todo el mundo la realidad tiene distintas caras: Sánchez insistía en sus declaraciones del lunes en que esto se resuelve con unidad y lealtad institucional, y presumía del apoyo del Gobierno que él preside a las regiones, a las que anunció la inmediata transferencia de «un aporte de refuerzo de 7.000 millones de euros». El presidente tiene una faz diamantina: esos 7.000 millones son los millones del IVA de 2017 que el Gobierno, por orden del Supremo, está obligado a devolver a las Comunidades Autónomas. No son un refuerzo. Son el pago de una deuda.
