En su lento pero inexorable avance, la lava que escupe el volcán Tajogaite, en Cumbre Vieja, va alterando a su capricho la fisionomía de La Palma, en un episodio geológico televisado llamado también a cambiar su estructura socioeconómica, partiendo desde la propiedad misma de las fincas. Una vez la colada ha alcanzado el océano, los terrenos que se están ganando al mar en este preciso momento integrarán el dominio público marítimo terrestre. La Ley de Costas, sobre la base de la Constitución Española, no arroja dudas sobre la titularidad estatal de los nuevos espacios, como ocurre con los deltas lávicos de Garachico o Fuencaliente. Tierra adentro, toca planificar el futuro inmediato de una isla que nunca dejará de ser bonita.
Hizo muy bien la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, cuando recordó a cierto crítico musical metido a presentador que la prioridad son las personas y las verdaderas penurias que están atravesando; de nada sirve mirar atrás y preguntarse ahora por qué se permitió urbanizar una ladera hasta formar un pueblo como Todoque, hoy arrasado por la erupción. Asegurada la población y terminados el morbo y los memes del primer minuto, urge compensar las cuantiosas pérdidas y evaluar el rediseño de las conducciones de agua, de unas carreteras en las que cada nuevo kilómetro de vía está valorado en millones de euros y el sistema de comunicaciones entre las dos franjas en que se ha partido una misma comarca.
Entre los centenares de hectáreas de terreno que ha sepultado el volcán, es obligado pensar en las valiosas explotaciones dedicadas al cultivo del plátano, pulmón de la economía palmera. Solo en la zona dañada, quince mil personas viven directa o indirectamente de esta actividad. La producción que se ha salvado aparece condicionada, además, por la incidencia de la ceniza, y se duda si será posible preservar las plantas hijas. Es más, donde un día hubo un pueblo, muy pronto habrá una inmensa lengua de malpaís, en el que incluso se podría sembrar en el futuro con el tratamiento adecuado. Es de suponer que se escogerá alguna figura de protección de las previstas en la Ley del Suelo de Canarias, que permita armonizar la conservación de un terreno de incalculable valor ambiental con la vuelta a la normalidad de la vertiente occidental de la isla. De no tomarse una decisión consensuada, y teniendo en cuenta los avanzados sistemas de medición del territorio, los propietarios podrían reclamar el ejercicio de sus derechos. En algunos casos, lo suyo sería expropiar los terrenos y abonar las pertinentes indemnizaciones para que pasen a formar parte del dominio público, toda vez que es imposible volver a edificar.
Hay que evitar que la pérdida de muchas de esas construcciones, en ocasiones sin registrar y mucho menos asegurar, cronifique situaciones de desamparo. Lo dijo el presidente del Gobierno canario: “Restituir pueblos enteros no se hace de la noche a la mañana”. La dificultad va más allá de garantizar un techo para quienes se han visto en la calle con dos mudas y el DNI como únicas pertenencias. Pensemos en esos autónomos que han perdido su bar o su tiendita, o en esas casas destinadas al turismo rural. Les espera un fatigoso proceso de verificación de titularidades, mientras, como nuevas islas en medio del malpaís, quedarán en pie algunas viviendas aisladas sin opción de acceso rodado, suministro de agua o alcantarillado.
Veo improbable que fructifique denuncia alguna frente a la administración, toda vez que la coordinación es ejemplar y la población estaba sobradamente avisada del riesgo, pero habrá que hacer un esfuerzo común por mitigar tanto dolor y agilizar el proceso de reconstrucción. El tiempo dirá si la severidad se impone en materia urbanística, y estas trágicas páginas de nuestra historia reciente suponen un punto de inflexión para exigir un cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente y detener el afán colonizador en espacios naturales.
Parafraseando a Forges y a una querida amiga de Garafía: «Y no te olvides de La Palma».
