Anda el presidente Torres amargado en un sinvivir desde que se hizo público esa infinita torpeza –o astuto cálculo ministerial– en forma de modificación en la ley antifraude fiscal que se tramita en el Senado, en virtud de la cual el diferencial fiscal avalado por el REF para las producciones audiovisuales que se realicen en Canarias se quedará en nada, porque se aumentará la bonificación tributaria para la producción cinematográfica en toda España a partir del Impuesto de Sociedades de 2020, que curiosamente debe abonarse antes de fin de mes. A Ángel Víctor Torres no le desespera el futuro del cine rodado en Canarias, desde luego, sino que esta modificación, en la que han reparado ahora, exige un informe (no vinculante) del Parlamento de Canarias, toda vez que afecta al Régimen Económico y Fiscal. Para aprobar la afectación al REF el informe debe contar con el apoyo de los dos tercios de los diputados, y ya CC, Nueva Canarias, el PP y Ciudadanos han anunciado que votarán en contra. Será la primera gran derrota parlamentaria de Torres con el respaldo, además, de uno de sus socios de gobierno. La Mesa del Parlamento decidió ayer convocar al efecto un pleno parlamentario extraordinario para el próximo lunes.

Y el principal responsable de esta situación no es otro que el propio Torres y su Ejecutivo, especialmente, qué paradoja tan hermosa, la Consejería de Hacienda, que no se ha enterado absolutamente de nada. Entre lo ocupado que está el viceconsejero Fermín Delgado con los expedientes y Román Rodríguez con el secador de pelo la malévola ocurrencia del Ministerio de Hacienda les pasó desapercibida. Lo mismo le ocurrió al Gandalf gris de Presidencia y admirable lobista de sí mismo, Antonio Olivera, o a los responsables de Comunicación, incomunicados en sus conciliábulos indescifrables, pero entre cuyas funciones debería estar la potenciación de la información transversal entre los diversos departamentos, incluida la Viceconsejería de Cultura, que Juan Márquez ha transformado en un fortín propio ante la benevolente indiferencia de las sucesivas consejeras de Educación y del resto del gabinete. Aunque le hayan llovido críticas y denuestos desproporcionados e incluso injustos, incluidos los míos, el diputado Héctor Gómez es, precisamente, el único que se ha tomado en serio este asunto, alertando a sus compañeros, dialogando con responsables ministeriales e intentando que se modifique al menos que la inclusión la rebaja del Impuesto de Sociedades correspondiente al pasado año. Sin embargo la actitud del Ministerio de Hacienda parece inflexible.

La modificación fiscal para el cine es “importante pero temporal” y según las almas cándidas pretende salvar puestos de trabajo. No exactamente. Pretende satisfacer a importantes productoras regionales que comenzaban a ver a Canarias como un territorio privilegiado y excesivamente competitivo. Ya el pasado año, en una carta dirigida al Gobierno central, Carlos Rosado Cobián, presidente de la Spain Film Commission, demandaba una reducción fiscal del 30% para las producciones audiovisuales. El señor Rosado Cobián es, igualmente, presidente de la Andalucía Film Commission y conoce a la ministra María Jesús Montero desde sus años en la Junta de Andalucía. Una vez que pierda la votación parlamentaria, el primer deber de Ángel Víctor y sus compañeros (empezando por Román Rodríguez) es mantener intacto el diferencial fiscal canario respecto al estatal si no quiere que se pierda una vía de ingresos monetarios, diversificación económica y proyección de la imagen de Canarias excepcionalmente prometedora a medio y largo plazo.