Siguen sin despejarse algunas incógnitas que ralentizan la recuperación efectiva de la economía y la confianza de las familias.
Siguen sin despejarse las dudas sobre si Canarias debe devolver hasta 500 millones de euros por exceso de liquidación presupuestaria del Estado y qué afectación tendrá en las cuentas públicas autonómicas.
Aún no disponen los empresarios ni las familias de los recursos económicos necesarios para soportar los efectos financieros de la crisis, tanto en forma de ayudas para los pagos a proveedores como de rentas sociales a los más necesitados.
El exceso de burocracia ahoga la iniciativa empresarial, y retrasa los expedientes del Gobierno, de los Cabildos y de los municipios sin que terminen de solucionarse tanto en aspecto de gestión administrativa, legislativa o de licencias.
Los grandes proyectos de Tenerife, Puerto de Granadilla, cierre del anillo insular, cierre del tendido eléctrico, regasificadora o descongestión de carreteras siguen siendo parte de la voluntad manifestada por los responsables, pero aún no son efectivas.
La inmigración, aunque vuelve a estar en estado durmiente de manera temporal, sigue pendiente de la normalización de las relaciones de España con Marruecos y de la mayor inversión en funcionarios de seguridad y control de fronteras, tanto para acciones regulares como irregulares.
No son los anuncios los que nos traen soluciones sino los hechos. Y Canarias ha cargado con mucha desesperanza para seguir esperando por la culminación de soluciones.
