Pedro Sánchez creó escuela. Recuerden al candidato socialista que decía tercamente –y hasta molesto– que él no pactaría con Bildu para que le hicieran presidente. “Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito. Con Bildu no vamos a pactar (...) Creo que estoy siendo bastante claro (...) Si quiere se lo digo cinco o veinte veces durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez». Y ahí quedaba eso. Con la mirada penetrante, el rostro serio y el gesto adusto. Luego, en diciembre de 2019, el equipo negociador del PSOE y de Bildu posaban para la foto en una sala del Congreso para anunciar el acuerdo entre los dos partidos para votar la investidura del nuevo presidente.

Porque las cosas son así –y no es el único caso ni el único líder que nos ha metido trolas como castillos– la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trianera de pro, dijo una y otra vez en el Congreso, con voz incluso de cabreo, que el Gobierno de España no iba a subir los impuestos “ni a la clase media ni a la clase trabajadora”. Vamos a pasar por alto la muy extrañísima razón por la que distingue Montero a una clase de la otra, como si la clase media no fuese trabajadora o muchos trabajadores no fueran clase media. Pero no es el caso que nos ocupa, sino la promesa en sí.

Porque ocurre que lo que el Gobierno de España ha prometido en Bruselas consiste, básicamente, en subir impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. Esa milonga de que se va a conseguir que los ricos paguen más impuestos es una memez de tal magnitud que se contesta con una cifra: 140 millones. Es el importe previsto del incremento de recaudación para este año en el tramo superior del IRPF. Ese va a ser el “sobre esfuerzo” de los grandes salarios en un impuesto que recauda alrededor de noventa mil millones al año. Sin comentarios.

Como el vampiro que te susurra a la oreja que solo va a ser una mordidita y que no te va a doler, Montero ha dicho que los nuevos impuestos medioambientales o sanitarios son para educar a la sociedad en nuevos valores. O sea, que no nos crujen el bolsillo para recaudar más, sino para que dejemos de contaminar y consumamos menos. No solo se quedarán nuestro dinero sino que además tienen el humor de tomarnos el peluco.

Cuando los expertos designados por el Gobierno para el blanqueo intelectual del atraco fiscal presenten sus conclusiones –a comienzos del próximo año– sonará el disparo de salida de una reforma fiscal demoledora. Subirá la imposición indirecta –al consumo– y a las rentas del trabajo y se eliminarán deducciones y bonificaciones. El cambio de fiscalidad para los autónomos, que pasarán a cotizar sobre ingresos reales, amenaza con acabar con las existencias de tila en este país. Los casi dos millones autónomos –individuales– que hay en España no son clase trabajadora.