A los responsables del consulado de España en Londres no se les puede traer a los carnavales de Santa Cruz. Expulsaron de sus dependencias, de mala manera, a una madre española que había ido a renovar el pasaporte —dos horas y media de tren— porque a su hija de dos años y medio se le ocurrió orinar en las sacrosantas oficinas. Y eso que no lo hizo en una esquina, sino en un orinal portátil. Imagínense ustedes a esos finolis en este meadero sin techo.

Es una inveterada costumbre del arquetípico funcionario español, desde Larra para acá y con muy contadas excepciones, desconocer que quienes pagan su sueldo son los ciudadanos contribuyentes para los que trabaja. Es cierto que las administraciones se han modernizado que es una barbaridad, pero el “vuelva usted mañana” ha sido capaz de sobrevivir a la transición digital. Una enormidad de personas de esta isla han tenido que coger el avión y pegarse un viaje hasta la isla de El Hierro, que es donde único están dando citas presenciales en las dependencias de la in-Seguridad Social, porque en el resto de las oficinas están atascados.

Podría pensarse que ante esta pandemia nuestros previsores gobernantes decidieron reforzar las estructuras de empleados en las islas. O sea, que la vieron venir. Pero no ha sido así. El Servicio Público de Empleo del Estado ha estado colapsado antes de estar hackeado, con su personal desbordado y resolviendo expedientes que les salían por las orejas. Lo mismo que la Seguridad Social. Y en las islas tuvimos, además, la brillante idea de endilgarle el pufo de las ayudas a las familias desesperadas al Ingreso Mínimo Vital estatal, para que lo resolvieran ellos con el resultado abracadabrante de que 84 de cada 100 peticiones se denegaron.

Existe una famosa cantinela de que el PP de Mariano Rajoy sacó las tijeras de podar y se cargó el empleo público de este país. Ya saben, los neocapitalistas enemigos del Estado y tal y tal. Es falso, por cierto. El crecimiento del empleo público solo cayó durante tres años, del 2011 al 2013, cuando el desastre en el mercado privado llevaba ya, desde el 2008, tres años de vertiginosa destrucción masiva de empleo. Desde el 2014 hasta hoy las plantillas del sector público no ha hecho más que crecer hasta alcanzar los 3,3 millones (cifras EPA) como en los viejos tiempos de vino y rosas. En Canarias andamos ya superando ampliamente los setenta mil empleados de la Comunidad Autónoma, que ha sido la única fuente de creación de empleo junto con el Parlamento canario.

El esfuerzo presupuestario que se ha hecho para afrontar la tormenta no es sostenible en el tiempo. Y encima no ha solucionado el famoso “vuelva usted mañana”. Gastamos muchísimo más de lo que ingresamos en impuestos y el empleo privado está en las últimas de Filipinas. Lo que nos está sosteniendo es la deuda pública y el respaldo económico de Europa. Pero cuando atravesemos la pandemia y la economía rebrote, nos va a tocar la del pulpo. Avisados están.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, de Ciudadanos, ha decidido enmendar un error con una chapuza. Fue autor de un comentario desafortunado —que se consideró machista, aunque yo pienso que solo fue un exceso— que la oposición aprovechó para vapulearlo. Lo típico, cuando a uno se le calienta la boca. Pero ahora sostiene que va a ser víctima de una campaña de reprobación política por sus afirmaciones. Una campaña que en realidad esconde el miedo de los nacionalistas a unas denuncias que va a presentar en Fiscalía. El deber de un cargo público o funcionario —o de cualquier ciudadano, ya puestos— es poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier hecho presuntamente delictivo. Convocar una rueda de prensa para anunciar lo que se va a hacer —aunque en realidad ya se hizo— es sacarle rentabilidad mediática. Justamente lo mismo de lo que acusa a CC y PP, que pretenden desgastarle por su salida de tono. Es lamentable el nivel de desprestigio al que se siguen sometiendo los políticos a sí mismos y ante la sociedad. Y es peligroso el grado de descrédito que están causando al sistema democrático. Los insultos homófobos vertidos por un cargo público socialista, Ignacio Viciana, consejero delegado de Muvisa, sobre su ex compañero Javier Abreu, muestran hasta qué nivel de bajeza pueden llevar los odios y enfrentamientos políticos. Encima entre personas que un día compartieron ideales, partido y proyecto. Son tiempos de miseria intelectual y sectarismo. Y en ese caldo de cultivo solo puede crecer la crispación. O sea, esto.