Tampere es una ciudad finlandesa ubicada al norte de Helsinki de la que escuché, a mi última llegada al Parlamento Europeo en 1999, su condición de lugar de encuentro de los representantes de los estados miembros de la Unión Europea (UE) para tratar de una política migratoria común. En ese año llegaron a Canarias 2.165 migrantes. Fue cuando se aprobaron los primeros programas comunitarios en esa materia que dieron paso al Programa de Estocolmo aprobado en diciembre de 2009 sobre el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Entonces habían arribado a las Canarias 2.246 migrantes.
Arguineguín es una localidad del municipio de Mogán y está situada al SE de la isla de Gran Canaria. Parece que su origen es prehispánico y está relacionado con algunos topónimos del continente de África aunque hay otra teoría de sus relaciones con el euskera. Oí hablar de Arguineguín hace años por ser un referente territorial del pino canario por los sures de Gran Canaria próximos al mar Atlántico. También por ser lugar de nacimiento de destacados jugadores de fútbol.
Ahora es tristemente famoso por ser el puerto de entrada de cayucos y pateras que arriban de manera tremenda procedentes de las costas africanas, ya sean magrebís como subsaharianos. En una ocasión destacó en el mundo de la política por las dificultades en su pronunciamiento por parte del ministro español de Interior, Marlaska, a la hora de dar cuenta en las Cortes Generales del hacinamiento que se había producido en dicho puerto, lo que originó y sigue creando una confusión total, política y jurídica, a la hora de considerar el tratamiento a los migrantes africanos por parte del municipio, del gobierno canario, del estado español y de la Unión Europea por el presunto incumplimiento de las leyes y de la normativa comunitaria e internacional. Las cifras son tremendas para Canarias, región ultraperiférica de la UE: 31.678 migrantes en 2006 y 23.023 en 2020, año de la pandemia. Según nos informan los medios de comunicación parece que solo unas dos mil personas fueron derivadas a la península en lo que sucedió en el año 2020. Lo que también nos transmiten desde la Secretaría de Estado es que otro grupo de migrantes son deportados a sus países de origen pero lo que no informan es adónde va el resto de migrantes. Se especula incluso que no existe en España una política de solidaridad. La investigadora Patricia Lisa, del R.I Elcano, piensa que es apremiante que los estados miembros de la UE se comprometan de verdad a buscar un pacto de solidaridad y de seguridad para la construcción común de gestión de la movilidad y de las fronteras de la UE, por el Mediterráneo y por el Atlántico. Así llevamos más de veinte años, desde Tampere hasta Arguineguín.
