El Gobierno de Canarias anunció ayer la inminente publicación del decreto que regulará las multas por saltarse las medidas de prevención y contención frente a la Covid-19, que deberá después ser refrendado por el Parlamento de Canarias. El repertorio de sanciones que ayer recitó Julio Pérez traerá cola, sin duda: el Gobierno Torres se apunta al resto de gobiernos regionales que han endurecido de forma significativa sus multas. La norma establece infracciones leves, graves y muy graves, que tipifica y ordena con claridad, con penalizaciones que van desde los cien euros (por no llevar mascarilla) hasta los 60.000 euros, por comportamientos y actitudes que incumplan con la normativa y faciliten la expansión de los contagios.
Es curioso que este decreto llegara a la mesa del Gobierno cuando los sindicatos de la policía local comenzaron a difundir la gravísima situación de atasco que existe en el departamento de Salud Pública, que mantenía paralizada la tramitación de miles de sanciones presentadas por los policías locales de todo el Archipiélago. La capacidad del escaso personal de Salud Pública para incoar los miles de expedientes sancionadores se había demostrado básicamente insuficiente. Por eso, lo más importante del decreto no parece lo que aporta en materia de clasificación de sanciones, aunque despierte más interés en la gente saber cuánto puede costarle a uno fumarse un cigarrillo sin respetar la distancia de seguridad, negarse a realizar una prueba diagnóstica prescrita por un médico, u olvidarse de las mascarilla en la guantera del coche.
Lo más importante del decreto es que establece un sistema nuevo para la gestión de las multas, cuyo objetivo obvio es evitar el bloqueo existente en la tramitación de sanciones. Miles de multas permanecen sin pagar, ante el desbordamiento total de un reducido equipo de funcionarios en las oficinas de Salud Pública, exigían replantear el modelo de gestión. Ahora serán los Ayuntamientos quienes tramiten las multas leves -entre cien y tres mil euros-, las mayoritarias, y el director del Servicio Canario de Salud (otro engorro para Conrado Domínguez) quien -en uso de sus atribuciones como autoridad sanitaria- se ocupe de dar salida a las muy graves, castigadas con entre 30.000 y 60.000 euros. A los funcionarios de Salud Pública les toca tramitar las sanciones graves.
Que nadie se engañe: el nuevo sistema no se establece por respeto a la autonomía municipal. De hecho, es poco probable que los Ayuntamientos -donde tampoco sobran funcionarios para tramitar los asuntos- se encuentren muy satisfechos por la decisión de endosarles el trabajo de tramitar sanciones cuya recaudación no va a engordar el presupuesto local. El atasco cambiará de sitio, ahora serán los funcionarios municipales los que sufran el atasco, y las multas leves seguirán cobrándose con mucho retraso o caducarán al año sin llegar a ser cobradas. Lo que si mejorará será la gestión de las multa graves, ahora que en Salud Pública podrán centrarse en ellas, y las muy graves, que dependerán de una autoridad unipersonal.
Pero también existen dudas -el decreto se ha elaborado con muchas prisas, como se hace todo ahora- sobre quien deberá ocuparse de tramitar las multas leves que imponen la Policía Canaria, la Nacional o la Guardia Civil. Antes todas esas multas acababan en Salud Pública. Ahora ya no va a ser así, pero el decreto no aclara esas cuestiones de jurisdicción. Es probable que la nueva norma requiera de alguna corrección o aclaración sobre el particular. Aún están a tiempo de hacerla antes de que se publique: no se enviará al Boletín Oficial hasta terminar el Consejo de Gobierno que lo aprobó, que continúa durante el día de hoy.
